Las personas en paro que han agotado su prestación por desempleo o están a punto de percibir las últimas mensualidades y no cuentan con otros ingresos tendrán un pequeño respiro. A partir de este mismo mes, el Gobierno alargará el pago de subsidios, de modo que acabada la prestación podrán recibir una ayuda de 420 euros mensuales durante un tiempo máximo de seis meses más.

Así lo ha aprobado el Ejecutivo este jueves, en un Consejo de Ministros extraordinario. 

El programa, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, tendrá una vigencia de seis meses, prorrogables por periodos de seis meses, siempre que la tasa de paro supere el 17%, según indicó en la conferencia de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Fernández de la Vega afirmó que paliar los efectos de la crisis en las personas que más la sufren 'ha sido y seguirá siendo uno de los objetivos del Gobierno'. 

También las familias con sus miembros en paro y con ingresos totales inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (624 euros mensuales) podrán recibir prestaciones adicionales al finiquitado subsidio de desempleo.

El programa beneficiará a unas 300.000 personas y entrará en vigor a mediados de mes con efectos retroactivos desde el 1 de agosto.

El Gobierno ha aprobado la medida con el objetivo de evitar que los empleados que han perdido su puesto y les resulta difícil encontrar uno nuevo en el actual contexto de crisis 'queden desamparados desde el punto de vista de protección social', avanzó ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, a Europa Press.

La nueva medida tendrá un coste superior a 400 millones de euros, que se financiarán a cargo del Servicio Público de Empleo y los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno mantendrá las ayudas mientras la tasa de paro siga por encima del 17%.

Más de 3,5 millones de personas están registradas en el INEM, según los datos correspondientes al mes de julio. Sólo 2,6 millones recibían prestaciones por desempleo, según los últimos datos correspondientes al mes de junio, lo que indica que un 26% de la población en paro no contaba con ninguna prestación económico sustitutiva del salario.

La ampliación de la prestación era uno de los principales temas en discusión en la mesa de Diálogo Social. Tras quebrantarse, a finales de julio, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció la puesta en marcha de la ayuda.

Pero la ayuda no alcanza las expectativas de los sindicatos, que reclamaban una cuantía superior, en torno al salario mínimo interprofesional (620 euros). La petición se basaba en las condiciones vigentes de la comunidad de Navarra, donde en el momento en que se termina el subsidio por desempleo puede cobrarse por ley el 90% del SMI, 561,60 euros, durante seis meses.

Ante la férrea negativa del Gobierno, los sindicatos se centraron en las últimas reuniones del Diálogo Social en que la ayuda se prolongara de los seis meses que proponía el Ministerio de Trabajo hasta un año.

'Es básico que se alargue', reclamó ayer el secretario de Seguridad Social de CCOO, Carlos Bravo. Corbacho advirtió que las nuevas medidas se adoptan 'no sobre una situación de superávit sino de déficit', aunque aseguró que 'el Gobierno aún tiene capacidad de reacción' para nuevas medidas ante la posibilidad de que el paro vuelva a aumentar en otoño. 'La medida no resuelve los problemas, debe complementarse con rentas de inserción de las Comunidades Autónomas', afirmó el responsable de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.