Los invitados a la boda de la hija de José Bono que compartían mantel con él aquel 27 de junio de 2008 no salían de su asombro. Allí estaba Alberto Saiz, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el máximo responsable del espionaje militar, el hombre que debería ser la discreción en persona, hablando largo y tendido de las interioridades de La Casa, nombre con el que siempre se ha conocido al servicio secreto español. Sin embargo, aquella no era la primera vez que Saiz criticaba a sus subordinados en público o que alardeaba de los logros del CNI, de su CNI. De hecho, si sus cinco años al frente del servicio secreto se han caracterizado por algo ha sido, precisamente, por su excesiva exposición pública.

Tanta, que miembros de los servicios secretos de los países de nuestro entorno llevaban mucho tiempo mostrando a sus colegas españoles su sorpresa por la actitud publicitaria de Saiz. Tanta, que hasta la máxima valedora del ex director del CNI ante el Gobierno, la vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no tuvo más remedio que mostrar públicamente, poco antes de la dimisión de su protegido, su desagrado por la constante presencia del CNI en los titulares de la prensa.

Informes que se filtran, patinazos que se cuentan en ruedas de prensa, éxitos que se radian casi en directo... Algunas luces, más de una sombra y demasiadas tinieblas de La Casa que, en lugar de guardarse en el secreto que se supone a los espías, eran aireados a los cuatro vientos. El propio Saiz fue el principal instigador de aquello. Nadie en el CNI olvidará nunca que él fue el primer director del servicio secreto que convocó a los medios de comunicación a su propia sede para hacer público a bombo y platillo una detención que era, en realidad, un auténtico mazazo para el propio centro: la captura del ex agente Roberto Flórez.

Aquel 23 de julio de 2007, Saiz no tuvo ningún reparo en airear que este topo había provocado un agujero de seguridad entre 2001 y 2004 con la venta de datos a los servicios secretos rusos. Algo inimaginable en cualquier servicio secreto occidental. Un año y medio después, el caso Flórez volvió a brindarle una nueva ocasión para exponerse públicamente. El juez que instruye la causa por aquel hecho lo citó para que testificara. Saiz, en lugar de esgrimir su condición para hacerlo por escrito, acudió rodeado de escoltas a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Dos horas estuvo ante el juez y entonces sí se amparó en la Ley de Secretos Oficiales para no revelar ningún tipo de información. 'Es materia reservada', repitió machaconamente ante las preguntas de la defensa de Flórez.

Aunque, sin duda, donde el CNI se expuso en más ocasiones públicamente fue en la lucha antiterrorista. La detención de Garikoitz Aspiazu, Txeroki, fue su máximo éxito. El propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció en rueda de prensa que una parte importante del éxito se debía a los espías de La Casa, que habían rastreado internet de modo concienzudo hasta identificar dos cuentas de correos que utilizaba el jefe etarra y localizar desde qué cibercafés del sur de Francia se había conectado.

Un éxito que sólo sirvió para restañar parcialmente las numerosas heridas que en los meses anteriores se habían abierto entre el Ministerio del Interior y el CNI al estilo Saiz, es decir, a la vista de todos. En noviembre de 2007, había salido a la luz pública un informe del servicio secreto en el que se recogía como cierto un bulo sobre una supuesta reunión 'en un punto de la frontera de Alemania con Austria' entre el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, y miembros de ETA cinco meses después del fin de la tregua. Alfredo Pérez Rubalcaba quisó cerrar aquel incidente cesando fulminantemente al autor del documento, un policía de Bilbao destinado en la Brigada Operativa de Apoyo (BOA), un grupo policial ligado funcionalmente al CNI.

El malestar por aquello aún no se había difuminado, cuando cinco meses después, otro informe que debía ser confidencial y que se había enviado al Palacio de La Moncloa acaparaba espacio en los medios de comunicación y destapaba de nuevo la caja de los truenos entre el servicio secreto e Interior. En este caso era un informe del CNI sobre ETA en el que se apuntaba la posibilidad de una nueva tregua en 18 meses. Una tesis que chocaba frontalmente con la que el propio Rubalcaba había defendido públicamente sólo unos días antes, insistiendo en que la banda armada, como los hechos han confirmado posteriormente, se preparaba para un 'ciclo largo' de atentados.

Aunque, sin duda, el momento de mayor tensión entre Rubalcaba y Saiz se produjo en enero de 2008. Entonces, el servicio secreto forzó una operación contra el terrorismo islámico en Barcelona tras afirmar que era inminente otro 11-M. La Guardia Civil detuvo a los 14 paquistaníes siguiendo las instrucciones del CNI, pero el explosivo para los atentados nunca apareció. La falta de pruebas llevó a Rubalcaba a exigir que el confidente que había facilitado la información y que estaba a sueldo de los servicios secretos franceses declarase en la Audiencia Nacional para poder sostener la operación ante el juez.

Tampoco en el exterior le faltaron al ex director del CNI proyección pública. En mayo de 2008 trascendió que seis de sus agentes había realizado el pago del rescate del pesquero Playa de Bakio a los piratas somalíes que habían retenido el barco con sus tripulantes. El propio Saiz, en una de sus escasas comparecencia en el Congreso, dejó entrever a los diputados de la Comisión de Secretos Oficiales que, efectivamente, había sido así.

Más recientemente, salía a la luz que Marruecos había expulsado a varios de sus agentes acusados de financiar al líder de una organización que lucha contra el narcotráfico. Poco después era La Habana quien sacaba públicamente los colores a los servicios secretos y retiraba el estatus diplomático a varios agentes que habían participado en el oscuro episodio de las grabaciones que costaron el puesto al primer ministro de castrista, Carlos Lage, y a su ministro de Asuntos Exteriores, Felipe Pérez Roque.

Entre medias, los medios de comunicación ya habían comenzado a airear los problemas internos del centro. Saiz reveló a más de treinta altos cargos, entre ellos a Agustín Casinello, hijo del general de la Guardia Civil Andrés Cassinello y número tres del CNI, al que el propio Saiz había nombrado menos de cuatro meses antes. Aquel cese fue la espoleta que animó a los muchos descontentos de La Casa a airear los trapos sucios del servicio. Lo que hasta entonces habían sido cartas internas de queja, pasaron a ser filtraciones a la prensa sobre el nepotismo de Saiz y sus supuestas irregularidades. Los propios miembros del CNI abrían las puertas de La Casa para fulminar al hombre que dio la primera rueda de prensa de la historia del espionaje español.