Fundescam depende orgánicamente del PP de Madrid. Su sede está en la primera planta del edificio del PP de la calle Génova 13, y, según sus estatutos, es el Comité Ejecutivo Regional quien nombra a los patronos de la fundación. Está presidida por la propia Esperanza Aguirre y su vice-presidente es el consejero de Interior de la comunidad, Francisco Granados. Ayer, una portavoz de este último subrayó que el equipo de Aguirre no se hizo cargo del patronato de la Fundación hasta noviembre de 2004, tras el congreso en que se produjo el relevo en la dirección del PP madrileño. De Fundescam en esa época hay que 'preguntarle a Pío García Escudero', presidente del PP hasta noviembre de 2004, recomendó la citada portavoz.

En el patronato de Fundescam también aparecen otros dirigentes destacados del PP de Madrid, como el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, o la teniente de alcalde del Ayuntamiento, Ana Botella. Ignacio González, vicepresidente de Madrid, también formó parte del patronato de Fundescam.

Los fines que declara la fundación son bastante laxos: 'Elaborar trabajos, dictámenes y estudios sobre temas de carácter socioeconómico', 'desarrollar programas de cooperación con instituciones y entidades' o también 'organizar cursos, conferencias y similares' para fomentar 'el progreso de la Comunidad de Madrid'. Pese a ello, Fundescam no tiene página web el PP no se pronunció ayer sobre ese extremo y no hay constancia en Internet de un solo curso, una sola publicación, que haya promovido esta desconocida fundación, que ha recibido numerosas donaciones.

A la pregunta sobre cómo se financia Fundescam, la portavoz de Granados respondió que 'con las subvenciones de la Comunidad de Madrid y de Caja Madrid'. 'Las cuentas están justificadas', alegó.

Pero, según la información oficial recabada por Público en el Registro de Fundaciones de Madrid, hasta la fecha de ayer Fundescam no había depositado las cuentas de 2003 justamente el año en que financió electoralmente al PP ni las de los siguientes ejercicios. La ley madrileña de fundaciones, que fue aprobada en el año 1998 bajo mandato del PP, obliga a presentar la memoria anual al Protectorado, ejercido aquí por la Consejería de Educación, para su posterior depósito en el Registro.