El Ministerio de Igualdad presentará hoy en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva, la futura norma que regulará el aborto, según señalaron fuentes del departamento que dirige Bibiana Aído. El Consejo que se reúne hoy por ser mañana viernes festivo en Madrid aprobará el anteproyecto que reúne las principales recomendaciones del comité de expertos, que propone una ley de plazos de 14 semanas y una serie de supuestos hasta la semana 22 de gestación.

En el plazo máximo, la mujer podrá interrumpir su embarazo cuando su salud corra peligro o haya malformaciones fetales, y así lo determine un dictamen médico. En caso de que el feto presente malformaciones incompatibles con la vida, no existirá límite de tiempo para abortar.

La futura ley supondrá un completo cambio con la legislación actual, regulada por una ley aprobada en 1985 que despenaliza el aborto en tres supuestos: cuando el embarazo es fruto de una violación (hasta un límite de 12 semanas de gestación), cuando hay grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer (sin plazo) y cuando el feto tiene graves malformaciones (hasta las 22 semanas).

Otra de las principales novedades es que la norma permitirá que las menores a partir de 16 años puedan interrumpir su embarazo sin necesidad del consentimiento paterno. Con ello se tendrá que modificar la Ley de Autonomía del Paciente, que establece que los menores a partir de 16 años tienen autonomía para decidir a qué procesos quirúrgicos someterse excepto en tres situaciones: interrupciones voluntarias del embarazo, ensayos clínicos, y técnicas de reproducción asistida.

Desde que la ministra de Igualdad anunciara el pasado septiembre la intención del Gobierno de elaborar una nueva ley de aborto, la propuesta siempre ha encontrado la oposición del Partido Popular, que ya anunció su intención de llevar la futura norma al Tribunal Constitucional. El partido conservador incluso votó en contra del informe elaborado en la Subcomisión de Igualdad del Congreso, que recogió las propuestas de los grupos.

La intención del Gobierno con la futura norma, según ha repetido en varias ocasiones Aído, es dar más seguridad jurídica tanto a las mujeres como a los facultativos. Y, por otro lado, acabar con la inequidad territorial. La ley garantizará además que ya sea a través de la red pública o concertada, la mujer pueda someterse a un aborto. En la actualidad, sólo el 3% de los abortos se realizan en hospitales públicos, y hay comunidades autónomas, como Navarra, que ni siquiera tienen clínicas privadas que los practiquen.

Después de que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto, el borrador se enviará al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, para que emitan sendos informes. A continuación, la norma iniciará su trámite parlamentario.