El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, rehusó este miércoles en el Congreso de los Diputados identificar al jefe policial que decidió fijar en varias comisarías de Madrid un cupo de detenciones de sin papeles a la semana. El número 2 de Interior siguió así el guión fijado por el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ya el pasado 17 de febrero, también en sede parlamentaria, exculpó de responsabilidad a los mandos políticos de su departamento, pero evitó poner nombre y apellidos al autor de la polémica orden.

Camacho, que acudía a la Comisión de Interior del Parlamento para explicar dos incidentes acaecidos el julio de 2008 y el pasado 1 de enero en la frontera de Melilla con Marruecos, terminó reconociendo que en la lucha contra la delincuencia es habitual fijar 'criterios de intensidad de la actuación policial', pero calificó de 'error operativo' que esta práctica se hubiese llevado 'al ámbito de la inmigración'. 'Compartimos que el establecimiento de cupos no fue adecuado y se ha dado una solución', dijo, en un intento de cerrar el debate.

El número 2 del Ministerio intentó minimizar el alcance de la polémica instrucción a 'cuatro o cinco comisarías' de Madrid. Y concluyó su intervención pidiendo a los diputados del PP, que fueron quienes ayer le interrogaron sobre la cuestión, 'cerrar una polémica que no existe'.

Algo que, a la vista de los duros términos usados por el portavoz del partido conservador en la Comisión, Ignacio Cossidó, no parece probable. Cossidó calificó la instrucción de 'inadmisible', 'ilegal' y 'xenófoba', antes de instar al secretario de Estado de Seguridad en dos ocasiones a que identificase al mando de la Jefatura Superior de Policía de Madrid que la dio: 'Yo sé que usted no ha dado esa orden, pero le exijo que diga quién la dio'.

El diputado del PP justificó su insistencia en que dichos cupos habían dificultado las relaciones con Marruecos, cuyos inmigrantes eran, según las notas que destaparon la caza de sin papeles, los favoritos para ser detenidos por su facilidad para la expulsión.

Camacho negó que la directiva afectará a unas nacionalidades 'por encima de otras' y rechazó que las relaciones con Rabat hubieran empeorado a raíz de que se hiciese público el documento policial.

De hecho, llegó a calificar de 'estrechas' las relaciones con el país magrebí para afrontar la inmigración irregular que utiliza este país africano como trampolín para entrar en España. 'Ambos países somos leales y se mantienen reuniones continuas de alto nivel', recalcó.

Lo que no mencionó Camacho fueron las protestas de las autoridades de Marruecos tras destaparse la polémica. Algo que, sin embargo, sí hizo Alfredo Pérez Rubalcaba hace 15 días en la misma Comisión parlamentaria.

Entonces, el ministro reconoció implícitamente las quejas al asegurar que su Departamento se había visto obligado a enviar al Gobierno de Rabat los datos que mostraban que el número de marroquíes sin papeles detenidos en España no sólo no habían aumentado, sino que incluso se habían reducido a lo largo del último año.