Entrevista a Albert Tió"Mi entrada en prisión será un duro golpe que debería hacer avanzar con más fuerza en la regulación del cannabis"

El presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas Autoreguladas de Catalunya, condenado a 5 años de cárcel tras la intervención de la marihuana con la que se abastecía su entidad, denuncia un incremento de la represión sobre este movimiento y la falta de "políticos valientes" que se atrevan a dar pasos para legalizar la marihuana en España

Albert Tió (Barcelona, 1967), licenciado en Sociología y presidente de la Federación de Asociaciones Canábicas Autoreguladas de Catalunya (Fedcac) está pendiente de entrar en prisión para cumplir los cinco años de condena que le impuso la Audiencia Provincial de Barcelona y luego ratificó el Tribunal Supremo por una intervención de marihuana que hicieron en 2014 en la asociación de usuarios Airam en la capital catalana de la que él era secretario.

Como último recurso para evitar la prisión, Tió llevará su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y para hacer frente a ese gasto va a promover una recogida de fondos crowdfunding, porque las cuantiosas multas que ya ha debido pagar por este procedimiento le han dejado exhausto. "Y también queremos transmitir –dice- que esta lucha es de todos, no sólo nuestra, para que la gente que viene detrás no tenga que pasar por lo mismo". Airam (Asociación Independiente Recreativa de Autoconsumo y Medicinal, y maría al revés) fue, con 4.000 socios, una de las mayores entidades de usuarios de toda España, y Tió se encargaba, sobre todo, de la parte social y cultural. "Siempre digo que los tres años de Airam fueron los mejores de mi vida y también los peores", resume.

Usted es un referente del movimiento de las asociaciones de usuarios de cannabis en España. ¿Qué ha supuesto ese movimiento en este país?

Es un movimiento nacido de la sociedad civil, que ha supuesto, por un lado, un gran avance en la lucha por los derechos y libertades, y, por otro, para enfocar el consumo desde la salud y la prevención de riesgos más que desde la persecución, penalización y estigmatización de usuarios y autocultivadores. Ha supuesto, además, la implantación de un modelo que funciona y que ha sido exportado a otras partes del mundo donde han mostrado interés en su desarrollo. Es un modelo que redistribuye la riqueza, porque mucha gente puede participar en él, no sólo por el hecho de tener una nómina o pagar impuestos, sino también porque te puede permitir vivir de algo que te apasiona y alejarte de las redes del mercado ilegal.

Usted también fue uno de los promotores de la ley de asociaciones de cannabis aprobada por el Parlamento de Catalunya que luego fue declarada inconstitucional y después le condenaron a cinco años de cárcel por sus responsabilidades en uno de los clubs que esa ley regulaba. ¿Cómo se digiere eso?

Es una paradoja y es una contradicción. Es sorprendente, ciertamente. Pero también ha sido paralelo. En Airam íbamos superando juicios con sentencias absolutorias y eso nos hacía pensar que estábamos haciendo las cosas bien. El local, además, no nos lo clausuraban, así que nos dejaban seguir funcionando. Pensábamos que estábamos dando la cara para poder ser transparentes y conseguir que ese consumo y ese autocultivo pudiese ser algún día legal. Evidentemente, nosotros siempre hemos sido conscientes de que todo esto tenía un riesgo, pero no sabíamos que el riesgo podía ser tan alto. Y que esa comprensión inicial de los políticos, de todos los partidos, salvo alguna excepción, como fue en su día la del PP, que no votó a favor de la ley, al toparse eso también con una fiscalía y una judicatura bastante conservadora, como estamos viendo ahora a nivel político, que no se renueva…. Pues al final nos han metido en el mismo saco que a los traficantes sin tener en cuenta que estábamos cultivando para un circuito cerrado, para autoconsumo, en un lugar que no hacía publicidad, donde no se dejaba entrar a menores, donde había médicos, psicólogos para controlar consumos de riesgo.

¿Cómo se asume ser tratado penalmente como un narcotraficante?

Es muy duro, porque nunca me he considerado un delincuente ni creo que tampoco nadie de los que están imputados en una asociación cannábica. Desde el momento en que estás dando la cara en una asociación estás ejecutando simplemente lo que una asamblea de socios ha decidido para organizarse para cultivar fuera del mercado negro y consumir dentro de un espacio cerrado y protegido con todos los protocolos de buenas prácticas. Pero intentando hacer las cosas bien, hemos llegado a este punto. Y luego ves otra gente que no intenta hacerlo tan bien y siguen funcionando. No quiero decir que tengan que perseguirlos, pero sí que te llevas un poco de decepción.

Mientras usted ha afrontado este largo procedimiento judicial que se inició en 2014, otros países como Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Alemania o Italia han llevado a cabo procesos de regulación del cannabis. ¿Qué le parece?

Me parece que es una paradoja más, sobre todo cuando en España se están dando licencias a empresas que vienen a cultivar aquí para exportar a países donde el cannabis sí es legal. Es una contradicción y además se hace de una manera bastante opaca. No sabemos lo que hay detrás de todo esto, pero vemos que otros países están tomando la delantera, que están avanzando, y creo que es el momento de que todo el movimiento cannábico se una para reclamar que España no se quede atrás e, incluso, que vaya en cabeza, que sea el primer país europeo en aprobar una regulación integral, como plantean algunos partidos. Yo me conformaría con que se pudiera ahora ir más lejos que nadie para compensar todo este tiempo de represión que hemos estado sufriendo.

¿Por qué España no ha avanzado por ese camino de la regulación? El Gobierno acaba de decir en una respuesta parlamentaria que necesita más evidencias científicas.

Yo creo que evidencias hay muchas. Ya es un paso que quiera hacer eso, aunque eso nos va a llevar mucho tiempo y nos va a volver a poner en la cola de la carrera. ¿Y por qué no avanzamos? Quizás porque no hay políticos valientes que se atrevan, que piensan que quizás esto les va a quitar votos, porque hay un poco de hipocresía en este tema. También porque hay intereses ocultos y porque, quizás, el sistema democrático político no está tan avanzado como podría ser una democracia real, participativa, en la que se consultara más a la ciudadanía. Ahora también se le suma que estamos en una crisis sanitaria, también económica y política. Muchos políticos están saturados por la situación y quieren que se hable de esto más tarde, porque tienen que solucionar otros temas, cuando no se dan cuenta de que esto podría ser una solución a nivel económico, social y medicinal para la sociedad. Y eso sí que es un atentado a la salud pública: frenar este avance, que podría suponer tanto beneficio para mucha gente que lo está pasando mal por su salud o por circunstancias económicas.

¿Cuáles serían, a su juicio, los beneficios de esa regulación?

Para empezar, se verían beneficiados directamente todos los enfermos a los que se aconseja tratar su enfermedad con cannabis. Además, supondría la creación de puestos de trabajo, de actividad económica en el sector de la agricultura, por ejemplo, y de impuestos, que según algunos estudios y la experiencia de otros países pueden generar millones de euros, que creo que aquí hacen mucha falta ahora. Sería un pecado rechazar una cosa que puede traer tantos beneficios. Yo siempre digo que no estoy interesado en que la gente consuma más, sino que la que lo hace pueda hacerlo con atención a sus derechos y libertades.

Sin embargo, hay un sector de la sociedad que piensa que regulación implica un mayor consumo.

Eso está totalmente demostrado que no es así. Al contrario, es una forma de luchar contra el menudeo, contra el mercado ilegal de drogas en la calle. Tampoco hay un mayor índice de abortos cuando se legaliza el aborto. Simplemente, no se hace pasar a la gente por situaciones indignantes.

¿Cómo encajaría el movimiento cannábico de Catalunya y de toda España, integrado por más de 1.500 asociaciones, la entrada en prisión de uno de sus activistas más destacados?

Yo creo que con esta persecución judicial lo que se está intentando es frenar un movimiento que ha avanzado mucho, que ha supuesto un gran logro de la sociedad civil organizada que no ha ido a pedir permiso para hacer algo, porque cree que esas leyes son injustas y hay que cambiarlas, que mediante la acción directa, pacífica, por supuesto, demuestra que puede funcionar y además dar trabajo a mucha gente y crear espacios donde poder consumir de una forma segura, con información. La entrada en prisión será, por tanto, un duro golpe. Pero habrá que asumirlo y si ese duro golpe se puede utilizar para avanzar con más fuerza hacia una regulación, yo lo daría por bueno si tengo que pasar unos meses dentro o lo que tenga que pasar. Si no, sería triste y una pena que los que estamos dando la cara y trabajando duramente para conseguir cambios políticos para la mejoría de la sociedad tengamos que ser castigados de esa manera.

Diferentes organizaciones cannábicas se quejan de que se ha producido últimamente un aumento de la persecución judicial y policial. ¿Lo comparte?

Sí, es algo que estamos viendo. Ahora ha habido una intervención en un banco de semillas, de la industria que en teoría ya es legal, que desde hace tiempo está en todas las ferias. Me parece que es un paso cualitativo atacar a estas empresas y acusarlas de delito contra la salud pública por cultivar semillas, cuando está demostrado que todas las semillas que se utilizan en el mundo son de genetistas españoles, que aquí no pueden patentarlas porque es ilegal. Esa es otra paradoja, otra contradicción.

¿Pero cree que ha aumentado la represión?

Sí, desde el momento que sigue vigente la Ley Mordaza que penaliza tener unas plantas en casa si se ven desde fuera. Y estamos viendo que las asociaciones están perseguidas y en el momento que pueden aprovechar para entrar en alguna e imputarlas y luego condenarlas, lo hacen. Y ahora también los bancos de semillas. ¿Qué será lo siguiente? ¿Los grows? Por eso hay que decir basta. Tenemos que enfocar esto desde otro punto de vista, porque la represión no conduce a nada, sólo a más gasto público.

El Gobierno ha anunciado el inicio de los trámites para abordar la solicitud de indulto para los condenados en el procés. ¿Considera que su caso debería ser tratado con la misma dedicación?

Yo espero que mi petición de indulto sea abordada, porque legalmente tiene que ser así. En el caso del procés lo pidieron en enero y nosotros en febrero, así que deberíamos ser los siguientes. Lo que pasa es que en el tema de los indultos no hay unos plazos regulados, sólo una media de lo que tarda en resolverse, que es en torno a un año, aunque conozco a gente que le ha tardado tres años.

¿La tramitación de su indulto podría ser utilizada por el Gobierno como un gesto de la apertura de un proceso regulatorio?

Los indultos sirven para corregir la desproporcionalidad de sentencias judiciales. Entonces, sí que podría ser un buen gesto para poder sentarnos ya a debatir sobre este tema. Hay partidos que ya tienen propuestas de leyes preparadas y sería un buen inicio para poder incluso participar de ese proceso. Ojalá sea así. Podría ser un buen inicio para iniciar un proceso de debate que ya ha sido aprobado en varias comunidades autónomas, como la ley catalana que se inició con una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) y una recogida de firmas.

¿Qué espera del recurso que presentará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

Esperemos que sean capaces de analizar la situación no sólo de nuestro caso, sino de todo el movimiento asociativo. Es un tribunal enfocado a los derechos humanos y nosotros queremos hacer ver todos nuestros derechos que se están viendo totalmente afectados para que se pudiera reparar en cierta medida el sufrimiento que llevamos soportando tantos años. Con que se nos diga que no nos merecíamos todo esto, sería algo, aunque fuera muy a posteriori y después de haber cumplido las penas. Nosotros queremos ir hasta el final porque creemos en lo que hacemos y defendemos. Y para eso necesitamos hacer una recaudación de fondos para poder hacer frente a los gastos de llevar el caso al Tribunal Europeo.