En octubre de 2019 una ola de protestas sociales sin precedentes sacudió Ecuador. Miles de ciudadanos salieron a las calles en contra del retiro permanente de los subsidios a los combustibles, una medida anunciada por el presidente Lenin Moreno para responder a los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Finalmente, el 14 de octubre el gobierno logró parar las movilizaciones tras acordar la suspensión de las medidas económicas con el sector del transporte y asociaciones indígenas, las dos cabezas más visibles de las protestas. Sin embargo, la justicia emprendió acciones en contra de los que consideró responsables de la violencia que vivió el país. Después de todo, para el 15 de octubre, el gobierno ya registraba 1507 heridos durante las manifestaciones. Además, Human Rights Watch indica que hasta 11 ecuatorianos fallecieron en el transcurso de esos días.

Ante esto, las autoridades detuvieron a 1192 personas, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Entre ellas se encontraba la opositora Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha, en cuyo territorio se encuentra la capital del país. Bajo la acusación de instigar las manifestaciones, la justicia ecuatoriana le imputa un delito de rebelión, al igual que a otros dos dirigentes del partido opositor Revolución Ciudadana. Paola Pabón, responde a Público horas antes de la audiencia que podría devolverla a la cárcel.

¿Cuál fue su papel en las protestas de octubre?

En primer lugar, mi postura es que los ecuatorianos se volcaron a las calles haciendo uso del derecho a la resistencia. Y si no hubiera sido la prefecta de la provincia de Pichincha, habría sido una ciudadana más sumada a las calles. Pero, en este caso, yo tenía un rol de autoridad. Parte de mi trabajo era garantizar la movilidad en la ruralidad y en dos vías urbanas en Quito durante las manifestaciones. Tenía que lograr que estas vías de conexión dentro de Quito, que era una de los sitios más afectados en el país, estuvieran habilitadas.

No obstante, el gobierno la acusa de haber instigado las manifestaciones, y por ello enfrenta un proceso por rebelión...

El gobierno sostuvo la teoría de que había una conspiración externa que involucraba a Nicolás Maduro, Rafael Correa, Ricardo Patiño, Virgilio Hernández y a mí. Nos acusaron de ser los responsables de los hechos de violencia. Sin embargo, el 14 de octubre el gobierno logró parar las movilizaciones acordando con los dos sectores más importantes de las protestas: el sector del transporte, sobre el cual nosotros no teníamos ninguna injerencia, y el movimiento indígena. Entonces, por un lado acordaron cerrar el paro con quienes estaban dirigiendo las protestas en las calles, pero al mismo tiempo apresaron a los dirigentes de la Revolución Ciudadana por instigarlas. ¿Cómo se entiende?

La realidad es que el encarcelamiento de los políticos de nuestro partido sirvió para que Moreno desviara la atención de las afectaciones a los derechos humanos. Durante las protestas, hubo un uso excesivo de la fuerza de parte de la policía nacional y de las fuerzas armadas. Once ecuatorianos, sobre los cuales hasta ahora no hay ninguna respuesta, perdieron la vida; y también miles de personas fueron detenidas de forma ilegal. Necesitaban un chivo expiatorio y lo encontraron en los dirigentes de la Revolución Ciudadana.

Ese es el modus operandi de la judicialización de la política en el Ecuador. Primero crean fake news que son replicadas como noticias por portales digitales. Después, un canal de televisión o un gran periódico las convierten en una primicia de carácter nacional. Finalmente, la justicia actúa a raíz de las denuncias en redes sociales y medios de comunicación. Eso es lo que pasó en octubre.

¿Qué consecuencias tendría usted si es finalmente condenada?

Este delito tiene una pena de privación de la libertad de hasta 7 años. Sin embargo, en Ecuador nunca se ha juzgado a nadie por rebelión. Cuando me detuvieron, el primer cargo que me imputaron fue por rebelión armada. Esto implicaba que teníamos que haber conspirado con quienes tenían armas, es decir, la policía nacional o las fuerzas armadas, y en ningún caso lo podían demostrar.

Posteriormente, el 24 de diciembre el fiscal reformuló los cargos, pasando de acusarnos por rebelión armada a acusarnos por el delito de rebelión. Esto implica un alzamiento violento para desconocer al régimen o a la Constitución. No obstante, es imposible pensar que sólo tres personas hubieran podido generar una convulsión en 24 provincias del país. Eso es desconocer lo que fueron las jornadas de octubre. Además, nuestra postura como organización durante el mes de octubre fue darle una salida democrática −mediante la Asamblea Nacional− a la crisis social y política que existía en el país. Por ello, no se nos puede acusar de rebelión tal y como está tipificado en el Código Penal.

A usted la detuvieron el 14 de octubre. ¿Qué sucedió después?

Después de estar 72 días presa en una cárcel de máxima seguridad, el 24 de diciembre me concedieron medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva. Es decir, que debo presentarme una vez por semana a la fiscalía provincial, mis cuentas están bloqueadas, tengo la prohibición de salida del país y, además, cargo un dispositivo electrónico en mi tobillo que es un geolocalizador y la policía sabe permanentemente donde estoy. Este triunfo lo logramos gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pasaron 120 días en los que la fiscalía no pudo encontrar ni un solo hecho material en mi contra. No obstante, el 27 de agosto, el juez Vladimir Jhayya estableció que había elementos para ir a juicio, manteniendo las medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva.

No obstante, tres días después la policía la acusó de buscar asilo político en la embajada de México, lo que podría significar su regreso a la cárcel. ¿Qué opina de este señalamiento?

Esto surgió a raíz de un informe de una página firmado por el teniente coronel Carlos Albán. El documento afirma que le llegó un oficio, que hasta ahora no aparece, donde se señala que posiblemente la prefecta de la provincia de Pichincha estaría pidiendo asilo en la embajada de México. Como esto ya había sucedido con otras personas en libertad condicional, el fiscal Alberto Santillán solicitó que se sustituyeran mis medidas cautelares por la prisión preventiva. Por eso el riesgo de que me detengan este lunes 7 de septiembre es inminente. La reacción de la embajada de México fue contundente y sacó un pronunciamiento público diciendo que ningún ecuatoriano había solicitado asilo, refugio o asistencia humanitaria. Es impensable que una persona pueda perder la libertad por un informe falso.

¿Descarta pedir asilo político en el futuro?

No está en mis planes. Todos los días veo a madres y jefas de hogar resistiendo la dura situación económica. En los últimos 6 meses, 1 millón de ecuatorianos fueron al desempleo. Si nuestro pueblo está resistiendo, creo que es necesario que nosotros tengamos la suficiente empatía y valentía de poder enfrentar con ellos estos momentos duros. No me sentiría cómoda estando fuera del país sabiendo que esto está pasando aquí. Soy una demócrata y, a pesar de que estas puedan ser las últimas horas en libertad, he tomado la decisión de quedarme en Ecuador. Mi obligación es resistir, quedarme y estar con ellos.

¿Cree que volverá a prisión este lunes?

No soy una ciudadana común, soy una autoridad electa por votación popular. Eso significa que tengo una enorme responsabilidad. Mi mayor arraigo es, sin duda, el ejercicio de mi cargo. Desde que obtuve mi libertad el 25 de diciembre estoy trabajando en el territorio y abrigo desde lo más profundo de mi ser que haya justicia y se actúe con el debido proceso y con presunción de inocencia. Es decir, que mientras yo no tenga un fallo sigo siendo inocente.

Sobre todo pido que no se afecten los derechos políticos de los pichinchanos porque no solamente está en juego el ejercicio de mi cargo, sino el ejercicio del derecho a elegir que tuvieron los ciudadanos cuando me designaron. Así que abrigo que haya justicia y voy a enfrentarla. Sólo solicito que haya una administración de justicia sin chantajes, sin extorsión, sin presión política y a la comunidad internacional que pueda estar vigilante. f

Los ecuatorianos volverán a las urnas en febrero de 2021. ¿Cuáles son sus perspectivas para entonces?

Estoy convencida que esta persecución se debe a que nosotros somos la primera opción política en este país. Por eso, nuestra disputa es para que se mantenga la democracia, para que no se proscriban candidatos o partidos políticos y para que no se mueva el calendario electoral. Nosotros estamos dando la pelea con toda la cancha adversa porque tienen la función ejecutiva, judicial y legislativa persiguiéndonos. Sin embargo, seguimos resistiendo porque creemos en las salidas democráticas y que el pueblo ecuatoriano es el que tiene el derecho a cambiar la conducción de este país con su voto. Cuando la democracia está enferma como lo está en este momento en el Ecuador necesita un suero de más democracia.