Manuel Castells (Hellín, Albacete, 1942) tomó su cartera de ministro el 13 de enero. El mismo mes en el que comenzaron a registrarse los primeros fallecidos por coronavirus en China. Dos meses después ha tenido que afrontar como ministro el mayor reto por el que han pasado las universidades: adaptar un sistema presencial a uno digital en tiempo récord. Vive con tristeza el gran drama humano que ha generado la emergencia: "Esta pandemia no son números, sino rostros y personas, algunas cercanas. Pero estoy más convencido que nunca de haber aceptado una tarea de gobierno para estar aquí con los míos, en lugar de verlo a distancia desde mi colina californiana", explica en una entrevista.  

El ministro contesta por escrito a las cuestiones planteadas por Público, permitiendo las repreguntas ante sus respuestas. Este es el sistema elegido por el Ministerio de Universidades y por el que han decidido realizar todas las entrevistas que planteen con los medios escritos.

¿Se ha adaptado el sistema universitario a esta emergencia?

A trancas y barrancas y en lo esencial, sí. Es algo que mi ministerio previó desde el inicio. Desde hace dos meses empezamos a diseñar políticas de transición a educación a distancia y sistemas de apoyo en colaboración con la Conferencia de Rectores (CRUE), con las universidades potentes de esta especialidad, como la UNED y la UOC, y con las comunidades autónomas. Ha habido muchos problemas para profesores y estudiantes, pero puedo asegurar que, tal y como prometimos, ningún estudiante va a perder el curso por la pandemia, se termina la docencia en los plazos y se realizará la evaluación a distancia en la medida en que otra fórmula no sea factible en función de las instrucciones sanitarias.

Hay mucha incertidumbre entre los universitarios.  ¿Cree que el ministerio podría haber sido más transparente y claro a la hora de informar?

El Ministerio ha informado de todo puntualmente. Dijimos desde hace meses que la docencia sería online, la evaluación no presencial y que las prácticas obligatoriamente presenciales se trasladarían al curso siguiente. Siempre pensando en que no hubiera incertidumbre, pero las universidades son autónomas y por tanto son ellas las que han tenido que tomar las decisiones. Por lo que sé, lo han hecho con tiempo, ayudando a los estudiantes con equipamiento y flexibilidad de procedimientos, adaptándose a cada situación. Lo que ocurre es que hay una incertidumbre general, sobre la evolución de la pandemia, la desescalada, el futuro inmediato y el futuro en general. 

La emergencia seguirá marcando, como mínimo, los tres primeros meses del próximo curso. ¿Cómo cree que se debe reanudar el curso?

Lo único que sabemos es que no será como antes y que dependerá de las instrucciones de las autoridades sanitarias. En cuanto a la forma de hacerlo, es una conversación prioritaria que vamos a empezar en estos días tanto con la Conferencia de Rectores como con la de Estudiantes, con los sindicatos, Consejos Sociales y Conferencia General de Política Universitaria. Lo esencial es que en septiembre haya normas claras para todo el mundo, pero depende en último término de cada universidad.

Usted como ministro, ¿cómo cree que debe organizarse el curso 2020/2021?

Respetando la distancia necesaria en las clases, por tanto, con un sistema presencial adaptado y complementado con enseñanza online preparada con tiempo desde ahora, formando al profesorado que lo necesite. Al mismo tiempo habrá que estar dispuestos para establecer de nuevo la enseñanza y las evaluaciones online por completo si hubiera nuevos brotes y tuviéramos que volver al confinamiento. También deberíamos iniciar la evolución hacia un sistema híbrido de presencial y virtual, no solo por razones sanitarias, también por razones pedagógicas. Un sistema diseñado e implementado por las propias universidades con la ayuda que sea necesaria por parte del ministerio.

¿Habrá universidades que hagan exámenes presenciales este curso? ¿Cree que es adecuado?

Depende de cada universidad. Necesitan autorización de los responsables sanitarios. Lo que no sería correcto es que dentro de una misma facultad unos fueran presenciales y otros no, porque crearía desigualdades. Pero no pueden extender el curso mas allá de julio, excepto algunas prácticas.

Estudiantes han denunciado que han tenido exámenes tipo test en los que no han tenido ni tiempo de leer las respuestas. ¿Hay universidades o docentes más preocupadas en que los estudiantes no copien a que adquieran conocimientos?

Puede ser un problema. La obsesión de que no copien es un reflejo de una vieja pedagogía autoritaria. Si copian bien y lo interpretan inteligentemente es prueba de inteligencia. Hoy en día tenemos sistemas informáticos que detectan textos copiados, que esos sí que son punibles. Pero la velocidad de los test es un mal sistema pedagógico. Hablo como profesor, no como ministro, porque ahí sí que hay desigualdad por motivos psicológicos que nada tienen que ver con el conocimiento.

Otra queja de los estudiantes es que tienen que hacer exámenes con cámaras y micrófonos, ¿cree que puede suponer una invasión de la intimidad?

Sí que lo es, pero no menos que la que hacen las redes sociales que utilizamos cada día. En el mundo digital la privacidad ya no existe… Personalmente no veo la necesidad de por qué los exámenes requieren cámara abierta, pero yo vengo de otra galaxia académica. Aprendo esta cada día, ya me lo explicarán.

¿Se van a adoptar medidas para los estudiantes que no se vean con capacidad para finalizar el curso por circunstancias materiales o psicológicas?

Desde el ministerio hemos propuesto que se atiendan a las necesidades específicas de cada estudiante, tanto en sus condiciones sociales, psicológicas como tecnológicas, y que esto se tuviera en cuenta en la evaluación, aunque sin aceptar la norma del aprobado general que penalizaría a los estudiantes que hicieron un esfuerzo aún en esas condiciones. Hemos propuesto que aquellos alumnos que, voluntariamente decidan no presentarse a una evaluación y lo digan por anticipado, no tengan que pagar la rematriculación. Pero eso solo lo puede decidir cada universidad, aunque creo que están por la labor.

Los universitarios, por regla general, se quejan de la cantidad de trabajos que tienen y del estrés que genera en esta pandemia. ¿Cómo cree que están gestionando esto las universidades?

Aquí la experiencia es diversa, no se puede generalizar. Evidentemente, en una situación de confinamiento hay mucho estrés y, si los cargan de trabajos más de lo normal, aumenta le tensión. Aquí tiene que haber un diálogo continuo entre profesores y estudiantes para hacerse comprender y ayudarse mutuamente.

¿Usted es partidario de la EvAU? ¿Teme que las particularidades en las que se celebra este año genere desigualdades entre los estudiantes de diferentes clases sociales?

Lo esencial es que, apenas saliendo de la pandemia, se pueda realizar en condiciones equitativas para todos los estudiantes. Para ello se ha dispuesto, aún cubriendo la totalidad del temario, un sistema de elección de preguntas a responder que permita asegurar al 100% que todos los candidatos puedan responder sobre temas que efectivamente han estudiado durante el curso. Las comunidades y las universidades están arbitrando distintas fórmulas para asegurar las condiciones sanitarias de realización del examen.

En cuanto a la EvAU misma, creo que deberíamos evaluarla en un futuro. Como planteé en mi programa, hemos iniciado un proceso de diálogo con el conjunto de la comunidad universitaria, así como con el Ministerio de Educación y el de Ciencia, para plantear durante esta legislatura una nueva Ley de Universidades que contemple el conjunto de los mecanismos a reformar. Pero esto lo quiero hacer tras visitar personalmente a un buen número de universidades, en cuando la movilidad lo permita, para llegar a un Pacto por la Universidad.

Antes de la pandemia ya existían estudios que alertaban de las dificultades de la clase trabajadora para acceder a la universidad. ¿La pandemia agravará esto?

Nuestra sociedad es desigual. Cada vez más como consecuencia de la gestion regresiva de la crisis financiera reciente por parte de gobiernos conservadores tanto en el estado español como en varias comunidades. Y la desigualdad educativa, derivada de la desigualdad social, es la más grave porque bloquea la movilidad social al restringir la igualdad de oportunidades en la que el nivel educativo y de formación es la palanca única que permite mejorar la vida de los jóvenes.

Nuestra política, que está en blanco sobre negro, consiste en ampliar el número de becados, eliminando el criterio del mérito académico en favor del de necesidad económica y afirmando la beca como un derecho subjetivo para que toda persona pueda ir a la universidad. Asimismo, estamos elevando el umbral de renta a partir del cual se tiene derecho a beca y aumentando, aunque todavía modestamente, la cuantía de la beca.

Al mismo tiempo, trataremos de mejorar la calidad de la enseñanza mediante la mejora del profesorado, la digitalizacion del sistema, la flexibilidad de los programas de estudio y la inclusión en dichos programas de medidas correctoras de las desigualdades, tales como la desigualdad de género. Y todo esto mientras tomamos medidas contra la pandemia. No detenemos nuestras políticas de ayudas a las familias y a los estudiantes, las aceleramos.

¿Harán un programa de becas ampliado o una bajada de tasas para evitar la exclusión de los que más pobres?

Las dos cosas, pero las becas son para los más pobres. El control de los precios públicos es para todo el mundo porque consideramos la universidad pública un servicio público que ya está pagado por los impuestos de los ciudadanos, como la sanidad pública.

En el caso de las tasas, el nuevo sistema, ya legislado por Decreto Ley, es el establecimiento de un precio máximo, por titulación y por comunidad, dentro del cual las comunidades establecerán sus propios precios. La propuesta del ministerio es retrotraer ese precio máximo al existente en el 2011-2012, antes de que el sistema de horquillas del gobierno conservador (PP) permitiera en algunas comunidades un incremento importante de los precios públicos, mientras que otras se mantuvieron en límites de precios razonables. Se crearon así disparidades que es necesario corregir, al tiempo que se cierra la posibilidad de nuevos aumentos por encima del límite que se acuerde.

La decisión corresponde a la Conferencia General de Politica Universitaria. Está en curso una negociación franca y constructiva, en la que todos queremos una solución más necesaria que nunca para aliviar las dificultades económicas de las familias. Los acuerdos por establecer tendrán implicaciones presupuestarias y, por tanto, en último término, dependerán del control de gasto ejercido por el Ministerio de Hacienda. Un ministerio que se está mostrando extraordinariamente comprensivo con la urgencia de las necesidades a cubrir, aunque teniendo que mantener un rigor necesario en una situación inédita. Ojalá que esta historia tenga un final feliz. Por nosotros no será.

Los rectores estiman que 36.000 universitarios tienen trabas técnicas. ¿Cree realmente que la brecha digital es un mito? ¿Esto no dejaría a estudiantes atrás si no disponen de los recursos?

El mito es que la brecha digital es una desigualdad masiva, algo que proviene de las primeras críticas a la tecnología hace dos décadas. Este país ha cambiado profundamente. El dato fundamental a este respecto es que el porcentaje de hogares con conectividad a Internet es del 91,4%. Pero si hablamos de hogares con alguna persona menor de 74 años, el porcentaje sube al 93,7% porque no se dispone en esa encuesta de datos de mayores de 75. Y, además, la tasa de penetración de móviles es del 115% (más números que población) de los cuales 87% son teléfonos inteligentes, un ordenador en el bolsillo. Y entre las personas entre 20 y 35 años, el uso de Internet es del 96% De modo que, aunque haya algunos lugares aislados sin conexión, en realidad, la gran mayoría de población universitaria tiene conexión a Internet.

Si los Rectores señalan que 36.000 estudiantes tienen problemas de conexión y eso lo reportamos a los 1.595.039 universitarios del conjunto del Estado, esto representa el 2,25 %. No se trata de disminuir la importancia de esos 36.000 jóvenes y de la necesidad de que les ayudemos, pero es para situar el problema en sus justos términos. Pero claro que hay extrema desigualdad social, y eso se traduce en equipamiento de menor calidad, en conexiones lentas, en precios altos y en el tener que trabajar en espacios reducidos o saturados de familia en periodos de confinamiento. Son esas desigualdades las que hay que corregir. Claro que es difícil con los métodos actuales hacer una clase por móvil, pero se está haciendo rápidamente en múltiples países en los que la telefonía fija está dejando de existir.

Hoy en día para buscar información en Internet se utiliza prioritariamente el teléfono inteligente. La cuestión, que nuestro equipo empieza a plantearse en la nueva fase de la digitalizacion, es cómo desarrollar aplicaciones de m-learning (mobile learning), incluidas pruebas de evaluacion, para momentos como este en el que hagan falta. ¿Serían deseables pequeños grupos de estudiantes interactuando personalmente con un profesor? Sí, pero eso se da en instituciones de élite fundamentalmente y eso sí es desigualdad social.

Hay que priorizar la corrección de desigualdades, pero en los términos planteados por la sociedad digital. Hoy en día la mayor parte de la interacción entre estudiantes y entre estudiantes y profesores en la Universidad se da en Internet, más que en clase con encuentros presenciales. Pues habrá que adaptar el modelo a la realidad en lugar de pensar en formas obsoletas pedagógicas que no corresponden a las nuevas condiciones de comunicación. La universidad híbrida, hecha de digital y presencial, es ya la regla. La aceptación de esa realidad es cuestión de tiempo. Y en ese sentido el aprendizaje a la fuerza que hemos tenido que hacer en esta pandemia nos permite un salto adelante en el nuevo modelo pedagógico.

La universidad siempre ha sido un espacio de reflexión y motor de cambio por el intercambio de saberes, la actividad asociativa y la vida comunitaria. ¿cree que la parálisis o la reducción de las clases presenciales puede hacer que esto se pierda?

De ninguna manera. La universidad siempre será una comunidad de conocimiento y de vida comunitaria. Y en su conjunto la actividad seguirá siendo predominantemente presencial. Pero incluso en universidades parcial o totalmente virtuales existe una fuerte vida intelectual y una comunidad activa. Hace tiempo que sabemos, los que hemos investigado la nueva sociabilidad, que lo virtual tiene también una fuerte componente de relación humana, como experimentan quienes pueblan las redes sociales, aunque es una sociabilidad con características culturales propias que no anula la sociabilidad presencial, sino que la enriquece.

¿La pandemia tendrá consecuencias a largo plazo? 

El mundo que conocíamos ya no volverá. El nuevo está por inventar. Hemos aprendido que la incertidumbre es la regla, que lo público es la base de nuestra organización social, que la globalización puede traer muerte o vida según cómo, que el abrazo es lo más preciado que tenemos como humanos. Y que las universidades, como hicieron tras la época oscura de la Edad Media, son las luces que nos quedan para encontrar otro camino.