BARCELONA
Actualizado:La CUP hace un balance muy crítico de los primeros meses del Ejecutivo encabezado por Pere Aragonès, al considerar que no ha significado un giro hacia la izquierda ni ha generado ningún avance en el ámbito independentista. Hablamos con el diputado Carles Riera, para quien se va a un escenario de "estabilización institucional", alejado del conflicto.
El pasado 21 de mayo, Pere Aragonès fue investido presidente de la Generalitat gracias al acuerdo que su partido, ERC, había cerrado con la CUP. Siete meses después, sin embargo, la formación anticapitalista se muestra muy decepcionada con la actuación del Govern -integrado también por Junts per Catalunya- y considera que está reproduciendo unas políticas sociales y económicas más propias de "la sociovergencia y de [la patronal] Foment del Treball" que no del "giro a la izquierda" anunciado por Aragonés cuando asumió el cargo. Con un campo de juego mucho más amplio que en legislaturas anteriores, que le ha permitido aprobar los presupuestos gracias a En Comú Podem y alcanzar acuerdos importantes con el PSC, el Govern demuestra con hechos que a la hora de la verdad funciona sin la necesidad que la CUP sea el "socio prioritario". De todo ello hablamos con el diputado Carles Riera, que reivindica no renunciar al conflicto con el Estado y la necesidad de cambios profundos en el modelo social y económico.
En la Asamblea Nacional que la CUP celebró el pasado fin de semana, la diputada Eulàlia Reguant aseguró que ahora mismo el Govern no superaría ninguna cuestión de confianza, ni en políticas de izquierdas ni en el ámbito independentista https://www.publico.es/espana/independentismo-catalan-cup-llamamiento-movilizacion-calle-presionar-govern.html. Es evidente que no hacen un balance positivo del Govern, ¿qué está fallando?
Tras las elecciones del 14 de febrero interpretamos que se producía un giro a la izquierda y que también se daba la oportunidad de un giro independentista. Por eso quisimos llegar a un acuerdo de investidura con ERC que, aunque mínimo, suponía un giro a la izquierda de las políticas públicas absolutamente imprescindible en el escenario de crisis en el que estamos. Por otro lado, intentamos llegar a un acuerdo con ERC y Junts desde el punto de vista de la orientación independentista de la legislatura, para avanzar con una agenda política concreta de ejercicio de la autodeterminación. Si hacemos balance vemos que no ha pasado ni lo uno ni lo otro.
En cuanto a la agenda independentista, ningún paso. Por ejemplo, en el debate de política general la única propuesta que se presentó fue la de la CUP para poner fecha a un referéndum en esta legislatura y no se aprobó. Y, por otra parte, constatamos que las políticas del Govern están mucho más cerca de las estrategias de la patronal, de Foment del Treball, y de la reproducción de lo que han sido tradicionalmente las políticas de la sociovergencia que del giro a la izquierda. Y esto se plasma también en los presupuestos. El balance no puede ser más negativo.
En su investidura, Aragonès habló de cuatro revoluciones: la verde, la feminista, la social y la democrática. ¿Ven alguna?
De revolución no vemos ninguna, lo que vemos es una reproducción de las políticas de siempre, de las políticas de la sociovergencia. Lo hemos visto claramente en las últimas semanas. En el debate de política general los partidos del Govern no sólo impidieron que prosperara la propuesta de resolución de la CUP sobre el referéndum esta legislatura, sino que votaron las cosas importantes con el PSC. ERC votó por una mesa de diálogo que en estos momentos está absolutamente bloqueada y que sólo hace que llevarnos a un callejón sin salida, y Junts per Catalunya votó con el PSC los proyectos de las grandes infraestructuras de la sociovergencia: Barcelona World, Juegos Olímpicos de Invierno, Fórmula 1, ampliación del aeropuerto... En el debate de política general se desmiente que la CUP sea el socio preferente del Govern. A veces ERC y siempre Junts votan con el PSC unas políticas basadas en el modelo de siempre, de los macroproyectos y las inversiones especulativas, en vez de dedicar los recursos a una economía pública, a la redistribución de la riqueza, a políticas de vivienda sólidas ... Además, el Govern también ha preferido acordar los presupuestos con los Comuns que con la CUP, lo que también demuestra que no es cierto que la CUP sea su socio preferente.
Tras lo ocurrido con los presupuestos de la Generalitat, ERC ya ha verbalizado que la convocatoria de una moción de confianza a Pere Aragonès "pierde sentido". ¿Creen que no se someterá a ella?
Lo que no tiene sentido es que ERC y el Govern se hayan apartado de los compromisos del acuerdo de investidura. La CUP no se ha movido de lugar, quien lo ha hecho es el Govern, no haciendo el giro a la izquierda e independentista. Es posible ERC también se quiera desdecir de la convocatoria de una cuestión de confianza, pero lo que queremos remarcar es que lo que genera un escenario que le puede facilitar no someterse a ella es su alejamiento del giro a la izquierda y del giro independentista. El dilema que tenemos delante es si el Govern seguirá haciendo unas políticas que no llevan a ningún lado o si realmente da el giro que debe dar. Pedimos un giro que no es el programa de la CUP, sino que es de sentido común y entendemos que conecta con las aspiraciones mayoritarias: fomentar los servicios públicos, la vivienda pública, detener los desahucios, garantizar derechos civiles y políticos, una transición económica no basada en los grandes lobbies y el modelo productivo de siempre, sino en una economía sostenible, feminista y arraigada en el territorio. La duda es si el Govern optará por la estabilización institucional de la mano del PSC en Catalunya, Barcelona y el Estado, que todo siga igual para que nada cambie, o dará un giro independentista y hacia la izquierda y entonces sí que nos encontrará.
Aunque han votado en contra, ¿notan cierta huella de la CUP en unos presupuestos que incluyen medidas como el incremento hasta los 1.000 millones de la partida de vivienda o la gratuidad del P2 en las guarderías públicas?
Ciertamente hay algunas cuestiones que no iban a estar sin la presencia e influencia de la CUP, pero estos presupuestos quedan no sólo lejos de nuestro programa político, sino también del sentido común mayoritario del país sobre lo que hay que hacer para responder a la crisis, como ahora la redistribución de la riqueza. Y, evidentemente, son unos presupuestos absolutamente continuistas, no son expansivos si los comparamos con lo ejecutado en el ejercicio anterior. Una parte del incremento son los fondos europeos que son finalistas y no van a políticas y servicios públicos o redistribución de la riqueza, sino que fundamentalmente van a empresas del Ibex para que puedan realizar sus políticas extractivistas. Es verdad que existe un aumento del presupuesto en vivienda por nuestra influencia, pero siempre dijimos que debía ir a la creación de vivienda pública como objetivo fundamental, pero no es así, lo que hay es una transferencia al capital privado.
En la Asamblea Nacional aprobaron un documento en el que defienden "desestabilizar" al Govern y realizar una "oposición frontal" si no corrige su "deriva autonomista". A la vez, se puede pensar que la CUP ha perdido influencia, ya que el Govern ha abierto el campo de juego de los acuerdos con En Comú Podem y el PSC.
Mire si el Govern se acerca al PSC que incluso parece que quiere negociar como socio principal la política lingüística que se hace en las escuelas, un PSC que está planteando renunciar a la inmersión lingüística. Lo que debemos tener claro es que no podemos ser cómplices de un Govern que ha renunciado al conflicto con el Estado para ejercer la autodeterminación. No podemos ser cómplices de un Govern que decide priorizar macroproyectos y grandes infraestructuras absolutamente fuera de lugar en el contexto económico y de cambio climático en el que estamos, como son los Juegos Olímpicos de Invierno, el gran casino de Europa que es BCN World o la Fórmula 1. No podemos ser cómplices de un Govern que en pleno contexto de la pandemia ha permitido que en la primera mitad del año superemos ya los 5.000 desahucios [en Catalunya], un país en el que la desigualdad y la pobreza infantil no dejan de crecer. No podemos ser cómplices de un Govern que en la respuesta sanitaria a la pandemia pone más el acento en la restricción que en la provisión. No podemos ser cómplices de un Govern que en lo fundamental está reproduciendo las políticas públicas y económicas de siempre, las que nos han llevado a la situación de crisis en la que estamos ahora. Nuestra fuerza debe estar en la calle, con los sindicatos, los movimientos sociales, la gente que lucha por la vivienda o por la inmersión lingüística, ... Y en el Parlamento debemos utilizar nuestra fuerza para hacer avanzar propuestas de cambio a la izquierda y en el sentido independentista y para desplazar al Govern hacia aquí.
¿Perciben una contradicción entre la retórica de preocupación por la emergencia climática y la apuesta por determinados proyectos que no contribuirían a paliar sus efectos?
La política actual del Gobierno en materia de renovables está muy lejos de lo que pactamos en el acuerdo de investidura. Esto significa que por el camino se ha dejado presionar por los grandes lobbies que pretenden reapropiarse de las renovables, en vez de que pasen a ser una producción energética de proximidad, de comunidades locales, con la participación de los ayuntamientos, compatibles con la sostenibilidad del territorio,... Lo que no puede ser es hacer una retórica de lucha contra el cambio climático, pero aplicar políticas de lo que podríamos llamar "lo que venga detrás que cierre la puerta". No existen aeropuertos verdes, porque el reto es reducir el tráfico aéreo. El problema no es que haya puertos verdes, sino que debemos reducir el tráfico de cruceros, porque genera una enorme contaminación y también incentiva un modelo de desarrollo para las ciudades afectadas que es absolutamente extractivista, de turismo de masas y que genera explotación , destrucción del territorio y precariedad... Juegos Olímpicos de Invierno en un país mediterráneo en plena emergencia climática, ¿a quién se le ocurre esto? Sólo a aquellos que miran en el corto plazo para hacer políticas de explotación del territorio y el trasero que cierre la puerta.
Gran parte de los científicos climáticos coinciden en subrayar que sin un cambio de modelo económico no se podrán paliar los peores efectos del cambio climático.
Por eso somos anticapitalistas, porque consideramos que lo que hace falta es un cambio de modelo económico y social. Sabemos que con esto también podemos generar empleo de calidad y un desarrollo económico compatible con la vida digna de la gente y por eso defendemos que no somos utópicos o idealistas. Defendemos un cambio hacia una economía arraigada y comprometida con el territorio, una economía feminista y ecologista, que creemos conectar con el sentido común de la mayoría. Los fondos europeos no se deberían destinar a las grandes corporaciones, sino a la economía social y solidaria. Hoy vemos que las élites económicas y políticas y los gobiernos institucionales lo que hacen es apostar por el mismo modelo de desarrollo que nos ha llevado a esta situación y pretenden decirnos que esto nos llevará a una situación positiva.
En el trasfondo existe la crisis sanitaria, que también tiene un fuerte impacto en la economía.
La crisis sanitaria lo que nos está diciendo es que es necesario un aumento de los servicios públicos, invertir más en sanidad y en prevención, garantizar el derecho a una vivienda digna de la población, que hacen falta puestos de trabajo de calidad y combatir la precariedad laboral. Porque si esto no ocurre la crisis sanitaria es devastadora y deja gente atrás, agota los servicios públicos y genera precariedad y desigualdades. Lo que está haciendo la crisis sanitaria es de acelerador y de intensificador para demostrarnos que este modelo económico no va a ningún lado y agudiza los problemas.
Volvemos a estar en un momento de agravamiento de la situación pandémica y ya hay nuevas restricciones. ¿Ve posible otro tipo de gestión?
Sin duda. En primer lugar, los recortes matan. El modelo residencial, basado en el negocio, ha supuesto efectos devastadores para las personas mayores. Las malas condiciones de trabajo del personal sanitario tienen sus consecuencias. La herencia del pasado nos demuestra que las políticas fueron equivocadas y, por lo tanto, no podemos hacer las mismas. Un gobierno, ante una situación de crisis como ésta, indudablemente debe tomar medidas de control y vigilancia epidemiológica, de prevención y, por lo tanto, de restricción de la interacción. Pero también debe hacer políticas de provisión y de rescate, de aumento de recursos de la sanidad y de mejora de las condiciones del personal, con la primaria como foco fundamental, ha puesto los recursos sanitarios privados al servicio de la sanidad pública, debe garantizar un buen sistema de rastreo y que las pruebas diagnósticas sean de acceso universal y gratuito para toda la población. Provisión también de vivienda, medidas de rescate económico de los sectores que están obligados a reducir o cerrar su actividad y rescate de aquellos trabajadores que se ven afectados. No puede ser que te obliguen a confinarte, pero que después no tengas derecho a la baja laboral. Lo que vemos es la mano muy larga desde el punto de vista de las restricciones y el control y la mano muy corta desde el punto de vista de la provisión.
Una de las críticas que la CUP hace al Govern es cualificarlo de "autonomista", pero ¿hay margen para que no lo sea en el marco del Estado español?
Nosotros también veíamos que esta legislatura, en el camino hacia la autodeterminación y la república, debía garantizarse que el Parlament y el Govern actuaran con soberanía cuando de lo que se trata es de defender derechos, derechos que cuentan con un apoyo mayoritario. Aquí teníamos que legislar y gobernar sin que la Constitución y el Estatut fueran un límite. Sabemos que en las legislaturas anteriores decenas de leyes promovidas por este Parlament en un sentido mínimamente progresista han sido prohibidas o recortadas por el Tribunal Constitucional. Sabemos que hay ciertos progresos en materia de derechos que no son posibles en el marco de la Constitución y el Estatut, porque no son posibles en el marco del régimen del 78. La única forma es romper con el régimen y la ruptura con el Estado que lo representa y esto lo constatamos todos los días. ¿Qué haremos en estos momentos? ¿Defenderemos la inmersión o cederemos a la derecha y la extrema derecha conjurada con el poder judicial? ¿Defenderemos el derecho a la vivienda con una legislación que hoy es más avanzada que la del Estado y que está sometida al TC a instancias del Gobierno español o retrocederemos? Éste es un dilema permanente.
Para plantear cualquier ruptura sería necesaria una movilización popular que ahora mismo no está precisamente activada.
Correcto. Nosotros seguiremos defendiendo en el Parlament propuestas políticas que en la defensa de derechos o cuestiones básicas como la lucha feminista, el cambio climático, etc., no tengan la Constitución y el Estatut como límite y defenderemos que se aprueben y apliquen, a pesar de la oposición del Estado y el TC. No podemos aceptar recortes de derechos porque el régimen los impone. Esto también demuestra que en el marco del Estado no es posible un proceso de emancipación social y nacional, ya lo sabemos, por eso defendemos la autodeterminación, la independencia y la república como la única forma que puede darnos una oportunidad potente de realizar un proceso de destitución del régimen y de construcción de un nuevo marco político más amplio en derechos. Para llegar a ello es fundamental la movilización popular y estamos trabajando para reanudar un nuevo ciclo de movilización civil y de desobediencia civil y tenemos ejemplos tanto en 2017 como en 2019 de cuál es el camino a seguir en este sentido.
Para las elecciones municipales de 2023, uno de los objetivos de la CUP es recuperar la representación en la ciudad de Barcelona. ¿Se buscará una candidatura diferente, más abierta y menos autorreferencial que la del 2019, cuando perdió apoyo?
Nuestro objetivo en las elecciones municipales es que la Esquerra Independentista crezca y se consolide en los Països Catalans. Lo que intentaremos es construir candidaturas que obedezcan al objetivo de este reforzamiento de la Esquerra Independentista y de una voz municipalista claramente de izquierdas, anticapitalista e independentista, junto a las luchas en defensa del territorio y las luchas sociales. Éste es un objetivo también en Barcelona, construir una candidatura de toda aquella gente que lucha por un cambio real, en un sentido feminista, ecologista, social y de autodeterminación. A su vez, las organizaciones locales tienen plena soberanía y será la CUP de Barcelona quien acabará definiendo los términos concretos de la estrategia en la ciudad y la configuración final de la candidatura.
Se ha anunciado que la CUP estrenará una oficina internacional. ¿Con qué objetivo?
Desde el punto de vista estratégico estamos trabajando desde las instituciones y desde la calle por este giro a la izquierda y para fomentar la movilización social y la desobediencia civil en defensa de derechos sociales y de la autodeterminación y la independencia y que las instituciones se pongan al servicio de esta movilización. Esto debe ir acompañado de una acción internacional, que debe incluir varias vertientes, como generar alianzas a nivel global en la lucha contra el capitalismo o contra el cambio climático. Y otra es extender a nivel internacional la solidaridad contra la represión en nuestro país y en favor del referéndum y la amnistía y esto también debe pasar por la incidencia en las instituciones y organismos internacionales.
¿Qué papel tendrá en ella Anna Gabriel?
Sin duda tendrá un papel fundamental.
¿Servirá la oficina como tanteo de cara a una posible candidatura a las elecciones europeas de 2024?
Éste es un tema que todavía está a debate, empezamos a hablarlo en la asamblea nacional y no tenemos una decisión tomada. Hasta ahora la posición había sido de no presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo porque existe una posición de impugnación y crítica al proyecto de la UE. Sin embargo, es un debate que está abierto y en su momento la CUP la abordará y tomará la decisión que corresponda.
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