¿Cómo definiría el caso de espionaje a dirigentes independentistas catalanes con el programa Pegasus, teniendo en cuenta el número de afectados?

Lo cierto es que es difícil de comparar con nada más, es un caso excepcional por lo masivo e indiscriminado que es. Nos encontramos con uno de los casos más sonados de espionaje con implicación política.

¿Qué supone para un abogado como usted que le hayan espiado en términos personales, pero también en la vertiente profesional por la confidencialidad entre abogado y sus clientes?

Una derivada de esto es que el secreto profesional y el derecho de defensa de nuestros clientes tienen una protección reforzada a nivel internacional. Si miras a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), las excepciones a la protección de esta relación con el cliente son muy restrictivas. Es muy difícil que un estado haga restricciones con esto y la condena a los estados en estos casos es internacional, pero también interna; recordemos el caso de [Baltazar] Garzón, que fue condenado. Esta derivada sería muy importante si nos hubiesen intervenido los teléfonos, pero con Pegasus la inmisión de nuestros derechos es mucho más masiva y aquí está la importancia del caso. Es una intromisión absoluta en todas las parcelas de la intimidad y la privacidad, porque pensemos que hoy un móvil es nuestro domicilio digital, en el que tenemos mucha más información de nosotros que en cualquier otro lugar del mundo. Tenemos información personal, WhatsApp, Signal, Telegram, mails, la nube, fotografías, el micro, la cámara, los datos personales de orientación sexual, política, datos económicos... Pegasus es un arma de ciberguerra.

Se ha anunciado una oleada de acciones judiciales para intentar aclarar el caso y depurar responsabilidades. ¿Sólo se puede actuar contra NSO, la empresa responsable de Pegasus, o también se puede llegar de algún modo a algún organismo del Estado español?

¡Por supuesto que se puede llegar a algún organismo [del Estado]! Nosotros no nos estamos inventando nada, existe un manual que son las escuchas ilegales de los servicios de inteligencia y te vas a la hemeroteca y encontrarás las condenas del CESID [el Centro Superior de Información de la Defensa, los servicios de inteligencia estatales, precedente del actual CNI] de la época. No nos estamos inventando nada, simplemente estamos cambiando un poco la tecnología, pero las armas para demostrar este delito dependen de la propia ley de toda la vida: el levantamiento de secretos oficiales. Con el CESID se condenó porque se levantaron secretos oficiales y es lo que necesitamos.

Al mismo tiempo, quizás tenemos la suerte de que técnicamente podemos llegar muy lejos. La tecnología de contraataque también es muy poderosa y esto es lo que los autores de Pegasus no esperaban, que se pudiera detectar este software indetectable. Por tanto, hay una parte técnica que dentro del procedimiento judicial se intentará demostrar informáticamente, pero aparte está lo de toda la vida, que es ir a pedir el expediente que lleva mi nombre o el de las 65 personas [espiadas] y que por favor me diga porque pidió esto, qué alcance tiene, qué hizo con la información... Esto es relativamente fácil de hacer a nivel práctico, aunque sea muy difícil a nivel político.

Teniendo en cuenta que NSO dice que sólo vende Pegasus a estados y el coste que tendría una operación de este tipo, ¿se imagina que detrás pueda haber algún actor que no sea el Gobierno español?

No, imposible. Creo que sólo una agencia estatal, y seguramente el CNI, ha podido hacerlo. Las policías están sujetas a la Ley de transparencia y, por tanto, sí que sabemos que tienen. Sólo el CNI tiene la capacidad técnica, económica, logística y diplomática para ser cliente de NSO, utilizar su producto y desarrollar toda la parte de la monitorización [a las víctimas]. No se me ocurre ningún otro actor que pueda hacerlo.

¿Qué piensa de lo que dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre que todas las actuaciones del CNI están "sometidas a control y reciben autorización judicial"? ¿Le cuadra teniendo en cuenta que detrás tiene la Ley de secretos oficiales que blinda lo que hace?

Hay tres consideraciones. La primera es que tienen la capacidad de levantar los secretos oficiales y, por tanto, ya nos lo explicarán si tienen voluntad política. La segunda es que efectivamente las actividades del CNI están sometidas a secretos oficiales y, por tanto, ya nos está diciendo las actividades del CNI porque lo que no hace no está sujeto a ningún secreto, si no han hecho nada nos lo podrían decir. Entiendo que implícitamente está diciendo que efectivamente existe una actuación del CNI. Y la tercera es que no creo que un juez haya autorizado un espionaje masivo. El juez que controla las actividades del CNI es un juez de la sección contencioso-administrativa del Tribunal Supremo [Pablo Lucas Murillo de la Cueva] y el suplente es el magistrado Andrés Martínez Arrieta, de la sala penal. Son profesionales que puedes decir lo que quieras, pero es imposible que hayan autorizado un espionaje masivo a 65 personas -entre las que hay familiares, trabajadores de despacho de gabinete o abogados en ejercicio- durante tanto tiempo y tantas veces.

Es decir, ¿que el CNI habría puesto la directa?

Claro. ¿Qué ocurrió la última vez que un juez autorizó una sola escucha de solo un teléfono de un abogado con un cliente de narcotráfico que estaba en prisión? Pues que le condenaron por prevaricación. Por un lado, tenemos a un abogado hablando por una sola línea de teléfono con un cliente en prisión condenado por narcotráfico, por el otro, tenemos toda la vida digital de 65 personas que no tienen nada que ver, incluyendo abogados y periodistas... No hay ningún juzgado que lo autorice, es imposible.

Se han anunciado querellas particulares. A nivel de partidos, ¿ERC presentará alguna?

Nosotros la presentaremos para cada una de las víctimas y, aparte, no sé si se sumarán otras entidades, asociaciones o instituciones que crean que también se han lesionado sus derechos o intereses. Particularmente lo que ahora debo estudiar es la querella para cada una de las personas espiadas que son de mi órbita de defensa.

¿Habrá una estrategia conjunta, teniendo en cuenta el volumen de casos?

Siempre es necesaria una estrategia conjunta.

¿Trabajan en ella?

Nosotros no paramos de trabajar para realizar una estrategia conjunta. Está demostrado que cooperar da mejores resultados que competir, pero a veces no es fácil. A mí nunca me encontrarán compitiendo, pero a veces es muy difícil coordinar diferentes sensibilidades y actores.

¿Cuál será la base jurídica de las querellas? ¿Qué derechos fundamentales se han vulnerado?

Desde una perspectiva penal, los bienes jurídicos afectados, que serían los derechos fundamentales, son a la intimidad, a la privacidad, al secreto de las comunicaciones, al derecho a defensa y a la vida personal, privada o familiar. Lo que ocurre es que en óptica estrictamente penal, nuestro lenguaje tenderá más a hablar de delitos, de delitos de espionaje, descubrimiento ilegal de secretos, revelación de secretos, hacking, utilización ilegítima de dispositivos, intercepción ilegal de comunicaciones... En sede de querella básicamente estaremos discutiendo si se ha cometido un delito, y todos son delitos de la familia del espionaje.

¿Cuál debería ser la actuación de la Fiscalía en un caso como éste?

Como nosotros ya denunciamos estos mismos hechos en el caso de Roger Torrent, ya sabemos cuál es la posición de la Fiscalía, que está a favor de que hay un delito y está a favor de investigarlo. El problema es que en su momento ya no pudo investigar al CNI por los secretos oficiales. Pero creo que estamos en un momento distinto, en el que la Fiscalía debe decidir qué hace. Porque ahora no tenemos a Torrent y Maragall, dos personas a las que Whatsapp nos ha dicho que han intervenido, sino a 65 personas en las que hay un análisis pericial que demuestra la infección y con una dinámica que la Fiscalía debería entender como suficiente para, como mínimo, pedir el levantamiento de secretos oficiales de algunas cosas, tales como si el CNI tiene Pegasus, y a partir de ahí estirar el hilo. 

¿Que el Gobierno español no quiera aclarar el caso es sólo una cuestión de voluntad política?

Es una cuestión de voluntad política, pero a nivel jurídico no tengo claro que si no investigan no puedan acabar condenados por un organismo internacional. Dicen que con la ley en la mano no pueden dar esta información, pero no tengo claro que esta ley les ampare a nivel internacional y de jurisdicción de derechos humanos. Porque sino lo que pasaría es que simplemente etiquetando algo como secreto oficial ya no podría investigarse. Hay cosas, como por ejemplo la tortura, en la que usted no puede no investigar; entonces la pregunta es qué dirá Estrasburgo [sede del TEDH] sobre si un Estado tiene la obligación de dar respuesta a toda esta gente sobre qué han hecho con sus datos, porque los han cogido, dónde están y cómo los han tratado. ¿Realmente dirá que el Estado español puede no hacer nada con esto? No me lo acabo de creer, es bastante evidente que existe una obligación positiva del Estado de protegernos.

¿Su esperanza recae, por tanto, en la Justicia europea?

Yo funciono siempre con desconfianza técnica absoluta de todos, sea jurisdicción nacional o internacional. Somos nosotros, los abogados, los ciudadanos, los clientes, los que movemos los estamentos, las instituciones, las jurisdicciones a que nos den la razón. No es que tenga más o menos confianza, simplemente que debo trabajar para conseguirlo. Yo voy a trabajar para conseguir que un tribunal nacional o internacional me dé la razón, mi única responsabilidad es mantener esto hasta el final. Si lo gano aquí, perfecto, si lo gano fuera, perfecto, si no lo gano nunca, pues ya habrá una segunda batalla.

NSO dice que Pegasus sólo se vende para perseguir al crimen organizado y al terrorismo, dos supuestos que no se dan en ninguna de estas 65 personas espiadas. No parece que exista mucho control sobre el uso que se le da.

Esto es evidente, pero para mí lo que debe entender la gente es que un juez ni siquiera en casos de crimen organizado autoriza un Pegasus. Se ha hecho un uso que no es el correcto y evidentemente NSO se escudará en los términos y condiciones de su contrato, diciendo que ha vendido el producto a un estado soberano.

¿El hecho de que la empresa sea de un país como Israel hace prever dificultades en el marco jurídico por falta de acceso a la información y, seguramente, poca colaboración?

Puede ser, pero las razones son políticas. Jurídicamente, en temas de ciberdelincuencia, la mayoría de los estados que nos deben dar información forman parte del Convenio de Budapest, también Israel y, por tanto, están obligados a darnos la información. Si la información hace un año y medio que no nos llega y nos llega mal es porque políticamente los estados no se piden responsabilidades unos a otros por sus propios intereses de estado, pero la ley les obliga a darla.

¿Cuándo denunciaron los casos de Roger Torrent y Ernest Maragall se imaginaban que la magnitud del espionaje sería ésta?

No, no lo imaginamos, hasta que al cabo de unos meses los de Citizen Lab empezaron a advertirnos que cuando hacían su rastreo se dieron cuenta de que todo el mundo estaba infectado.