El centro de Barcelona para los ricos y la vivienda pública al extrarradio, la maniobra de los promotores

La norma que fija en Barcelona la obligatoriedad de reservar el 30% de las nuevas promociones de viviendas –o en su caso de la remodelación integral de un inmueble– para protección oficial, es en estos momentos el gran caballo de batalla que se disputan promotores, movimiento por la vivienda, el Gobierno municipal socialista y los partidos políticos. Con un enconado pulso entre el PSC y Barcelona en Comú, ya que hay que recordar que la norma se puso en marcha durante la alcaldía de Ada Colau. En esta discusión surgen argumentos de índole política, económica, jurídica o logística que utilizan defensores y detractores del 30%. Pero más allá de todos ellos, últimamente surge con fuerza un elemento escondido que nadie se atrevía a utilizar, al menos hasta ahora. Y no es otro que el clasismo.

Y es que si bien, al principio, los promotores ponían como excusa para cargar contra la norma del 30% justificaciones de índole económica, asegurando que con esta cláusula no les sale a cuenta construir, ahora parece que este argumento no pesaría tanto como el hecho de que la norma fuerza la convivencia en un mismo inmueble de "ricos y pobres". Es decir, la gente que accede a pisos de protección oficial en una finca con pisos de lujo, con unos precios de entre tres y seis veces más reducidos, según explica el responsable de una inmobiliaria. El diferente poder adquisitivo de unos y otros es evidente y aquí entraría la perspectiva clasista, en la que los promotores consideran "molesto" para los acomodados tener que compartir edificio con gente con menos recursos económicos.

¿Enviar a la gente de protección oficial a la periferia?

La propuesta que ha generado mayor rechazo es la de construir una doble portería de acceso al edificio, para separar la entrada según la clase social. Pero los promotores aportan otra opción, menos polémica, pero que los movimientos de defensa del derecho a la vivienda consideran igual de clasista. Esta nueva propuesta consistiría en cambiar la norma de la reserva del 30% permitiendo que no sea necesario realizar la vivienda de protección oficial en el mismo edificio, sino compensarla en otras promociones. Teniendo en cuenta que la mayoría de promociones de vivienda de lujo se concentran en barrios como el Eixample, esto podría comportar que la capital catalana tuviera un amplio centro para gente de gran poder adquisitivo, expulsando a las clases populares al extrarradio, donde se construiría la vivienda de protección oficial.

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Desde la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) alegan que el precio del suelo edificable no ha descendido y esto obliga a vender más caras las viviendas de mercado libre y hace "inviables económicamente", según ellos, las nuevas promociones de vivienda. Y exigen el cambio de la norma del 30%, para poder vender a precio libre todas las viviendas conjuntamente, con lo que llaman una "flexibilización" de la ley. Para compensarlo, tienen varias propuestas. Una es que "este 30% de vivienda de protección oficial pueda cambiarse de ubicación". Es decir, que los pisos de precio regulado social no se hagan en el mismo edificio que los de precio libre.

La otra sería que "las viviendas correspondientes al 30% se puedan monetizar". Esto significa que se calcularía el valor de las viviendas de protección oficial que corresponderían a una promoción, pero tampoco se construirían en el mismo edificio. Sino que "debería ser una tasa que los promotores pagarían para que una entidad o la propia Administración construya las viviendas de protección oficial", defienden los promotores. Resulta obvio que esta fórmula envía también los pisos de protección a la periferia de la ciudad, que es dónde puede construir la Administración.

La deriva clasista de las propuestas de los promotores la apuntan expertos como Jaime Palomera, del Institut d'Investigació Urbana (IDRA), en un reciente debate sobre vivienda en el Hub Social de Barcelona: "Esta propuesta lo que hace es enviar las viviendas protegidas a la periferia, expulsando a los vecinos y vecinas de Barcelona para que el centro de Barcelona sea para los ricos". Palomera también discute que las promociones no puedan ser viables económicamente con el 30% y pone como ejemplo París, donde asegura que existe un consenso para abaratar el suelo que permite a los promotores, y a la Administración, hacer vivienda más asequible.

Doble portería: una para los ricos y otra para los pobres

Fue en este mismo debate del Hub Social donde la consejera delegada de Vertix Grup Inmobiliari y vicepresidenta primera de la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE), Elena Massot, hizo la propuesta clasista que ha generado más polémica. Massot apuntó que al mezclar a gente con distintos niveles de renta en un bloque de pisos, debido a la aplicación del 30%, la convivencia puede ser "complicada". Massot puso sobre la mesa otra propuesta para cumplir con el 30%: construir una doble portería o entrada a los edificios para separar a los habitantes de la vivienda de lujo, de los de la vivienda protegida.

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"A veces es necesario un poco más de cintura o encaje. Cuando la diferencia de rentas es muy alta hay muchos compradores –de pisos– que se echan atrás", señala la vicepresidenta de APCE. "Ambos accesos permitirían que todo el mundo pudiera convivir con sus condiciones económicas. Por ejemplo, los gastos de comunidad pesan mucho", apuntó Massot, quien reitera que los promotores quieren "aportar soluciones y no problemas".

Las críticas al clasismo de la propuesta han comportado que la Asociación de Promotores de Catalunya (Apce) haya desautorizado a su vicepresidenta, rechazando la idea de construir edificios con dos entradas. En un comunicado, el Apce subraya que Massot expresó la propuesta "a título personal, única y exclusiva en el marco de un debate", y que la asociación no la comparte "en absoluto". La entidad añade que no ha planteado, valorado o estudiado "nunca" ninguna propuesta "en esta línea o similar". El Apce apunta a que la postura sobre la reserva del 30% de suelo público en las promociones privadas de Barcelona la explicará el presidente de la entidad, Xavier Vilajoana, "en los próximos días". Y según fuentes del sector, a grandes rasgos la propuesta de los promotores sería la de compensación en promociones de otras ubicaciones que explicamos en este artículo.

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Herramienta contra la especulación y la gentrificación

Desde el Sindicat de Llogateres también se defiende enconadamente el mantenimiento del 30% tal y como está redactado ahora, y se alerta de que el cambio "puede agravar la gentrificación de los barrios centrales de Barcelona, expulsando a la periferia a miles de vecinos y vecinas". El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, asegura que "la medida del 30% es imprescindible en el centro de Barcelona porque se aplica en el caso de la compra y rehabilitación de edificios, y la norma disuade a quienes lo hacen con fines especulativos y echan a los inquilinos e inquilinas".

Una postura compartida por la jefa de filas de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, quien asegura que la modificación "supondrá renunciar a 18.000 pisos a precio asequible" y alerta de que "el 30% ha hecho de dique de contención protegiendo a más 60.000 familias de vivir lo mismo que las vecinas de Casa Orsola". BComú calcula en unas 157.000 personas las que podrían verse expulsadas del centro de Barcelona por la presión de los fondos de inversión. Y desde el movimiento por el derecho a la vivienda se es contundente: "sin el 30% no habrá una Casa Orsola, habrá 4.000".

Por parte del Ayuntamiento, fuentes de la alcaldía que ostenta el socialista Jaume Collboni, se limitan a asegurar que esta norma, impulsada por la anterior alcaldesa, Ada Colau, a finales del 2018, "no funcionó y deben realizarse cambios". Las cifras que facilitan para justificar el cambio son que la norma del 30% preveía la construcción de 1.650 viviendas de protección oficial entre el 2018 y el 2024, y solo se han construido 156. Desde BComú alegan que la entrada en funcionamiento real de la norma no se materializó hasta 2021, y reiteran la importancia de la figura disuasoria contra la especulación de los fondos de inversión. En cualquier caso, el PSC mantiene la idea de que "el 30% es clave para tener más vivienda protegida, pero debe modificarse porque no ha funcionado bien".

Desde el equipo de Gobierno municipal no se apunta si el cambio irá en la línea de las propuestas de los promotores. Fuentes consultadas no ven mal la propuesta pero con condiciones, apuntando que si una promoción de vivienda a precio libre se hace en un barrio céntrico de la ciudad, la compensatoria del 30% de vivienda de protección oficial podría hacerse en otro edificio, pero siempre dentro del mismo barrio. "Eso permitiría evitar la gentrificación", aseguran. En estos momentos están registrados a la espera de una vivienda de protección oficial en Barcelona unas 14.000 solicitudes, según datos del Observatorio Metropolitano de la Vivienda.

El PSC testa a los partidos de la oposición

De momento, el PSC espera al posicionamiento de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona. Junts estaría dispuesto a avalar los cambios que apuntan los promotores, ERC es favorable al mantenimiento de la norma del 30% pero no especifica si apoyaría algún tipo de cambio o flexibilización, y Barcelona en Comú insta a ERC a "un frente común" en contra de cualquier cambio del 30%.

Por su parte, la presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda y de la Fundació Habitat 3 –que ha participado en la compra de Casa Orsola junto al Ayuntamiento de Barcelona–, Carme Trilla, asegura en declaraciones a Els Matins de TV3 que "no se puede hablar de la vivienda de protección oficial como si fuera para determinados colectivos estigmatizados, es vivienda normal para toda aquella gente que necesita vivienda asequible en la ciudad". Trilla –que es una de las voces más influyentes en materia de vivienda social en Catalunya y especialmente en el Ayuntamiento de Barcelona– plantea que "la idea de que la vivienda de protección debe estar segregada nunca ha sido la idea de la ciudad, porque Barcelona es una ciudad integradora". Trilla también apuesta por una mayor construcción de vivienda pública y sitúa el potencial de construcción de esta tipología en 12.000 viviendas en barrios como el 22@, la Sagrera o la Marina del Prat Vermell. Viviendas que se sumarían a las 5.000 que ya están en construcción en Barcelona por parte del Ayuntamiento o el Incasol.