"Queremos que Amazon venga, pero con las condiciones de cualquier otra empresa", explica Mariano Marcén, alcalde independiente de Villanueva de Gállego, un pueblo de menos de 5.000 vecinos del cinturón de Zaragoza donde Amazon, el gigante tecnológico estadounidense de la distribución y la logística, proyecta instalar uno de sus tres centros de procesamiento de datos del sur de Europa junto con los de Huesca y El Burgo de Ebro. "Estamos esperando que venga, pero que pague como todo el mundo", añade el regidor.

Amazon, que tiene en España 16 de sus 175 almacenes logísticos y planea abrir otros cuatro entre este año y el próximo, y el Gobierno de Aragón anunciaron a finales de octubre el acuerdo para que la multinacional ubique en esas tres localidades el séptimo de sus centros europeos de procesamiento de datos, que operan como Amazon Web Services. Sobre el papel, la iniciativa supondría una inversión de 2.500 millones de euros y "un potencial de 1.500 puestos de trabajo directos" en un plazo de diez años.

El procesamiento y la venta de datos, que el año pasado generó un negocio de más de siete billones de euros en Europa, es una de las principales líneas de negocio de Amazon, que cuenta con fuentes de acopio como el ciberasistente Alexa y que gestiona millones de direcciones de correo electrónico. Esa es, junto con la intermediación entre usuarios y la difusión de publicidad, una de las tres actividades que el Gobierno español quiere gravar a finales de este año con una versión propia de la tasa Google.

La comunidad autónoma y la multinacional suscribieron un convenio en función del cual la segunda iniciaría las obras en otoño de 2021 una vez haya adquirido los suelos sobre los que se levantarán las naves, de más de diez hectáreas cada una de ellas, mientras el primero se comprometía a "asegurar la puesta a disposición de los terrenos precisos para asegurar la ejecución del proyecto", la práctica totalidad de su propiedad, y a poner en marcha un PIGA (Plan de Interés General Autonómico) redactado por la empresa y que "incorporará, conforme a la normativa vigente, los ajustes precisos en la ordenación territorial y urbanística para hacer posible la ejecución directa y plenamente funcional de las edificaciones precisas".

El PIGA, una polémica figura administrativa aragonesa avalada por los tribunales y con la que la que la comunidad puede agilizar los plazos de determinados proyectos y aligerar su supervisión, fue aprobado inicialmente y sometido a información pública a primeros de enero. Ahí comenzaron las tensiones entre la comunidad, donde el socialista Javier Lambán lidera un cuatripartito, y el ayuntamiento, gobernado por una coalición de la FIA (Federación de Independientes de Aragón) y el PSOE.

"Es una excusa para que no pague el impuesto"

"Vimos que en el PIGA había compromisos que comprometían a los ayuntamientos" como el hecho de eximir a Amazon de la licencia municipal de obras, señala el alcalde, lo que implicaría que la construcción de sus edificios no devengara el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), que, según los cálculos del consistorio, rondaría los 3,5 millones de euros.

"Alegamos que no era necesario un PIGA, porque aunque el promotor se llama Amazon, no se trata de la construcción de una infraestructura sino de un proyecto de una empresa privada, y que utilizar esa figura era una excusa para que esta compañía no pagara el impuesto", explica Marcén, cuyo consistorio presentó hace unos días una serie de alegaciones en las que pide que si se mantiene esa figura no afecte a la edificación.

"Queremos que Amazon venga, por supuesto, y estamos tramitando con rapidez todas las licencias, como las que afectan a la instalación de la fibra óptica, pero tiene que venir en las mismas condiciones que cualquier otra empresa", anota el alcalde, que recuerda que "nuestra ordenanza del ICIO no excluye a ninguna empresa".

En este sentido, Marcén anota que las necesidades de agua para el sistema de refrigeración del centro de datos aumentarán en un 66% el consumo actual del pueblo. "Necesitamos ampliar nuestras infraestructuras y recrecer los depósitos, pero ¿con qué lo pagamos? ¿con los impuestos de los demás?", se pregunta.

La fracasada fábrica de aviones

Ayuntamiento y comunidad mantienen un segundo foco de discrepancia en cuanto a la gestión de los suelos del polígono sobre los que proyecta instalarse Amazon, que forman parte de un paquete de 76 hectáreas que el consistorio vendió al Gobierno de Aragón a principios de la pasada década para que albergara el fallido polígono aeronáutico que iba a desarrollar, en otro de los disparatados proyectos de los años de la burbuja, en torno a la fábrica de avionetas de CAG.

El convenio por el que se rigió esa operación establecía que, una vez la comunidad hubiera cubierto los gastos de la compra y la urbanización de los terrenos, los beneficios de las siguientes ventas de suelo se repartirían en un 60% para el ayuntamiento y un 40% para el Gobierno autonómico.

Sin embargo, "nadie nos ha dicho por cuánto van a vender el terreno, y si por algún motivo no se vendiera por el precio de mercado podríamos sufrir un perjuicio, una pérdida", anota Marcén, partidario, no obstante, de "que las cosas se solucionen de una manera correcta" antes de plantearse si, en caso de que eso no suceda, acuden a los tribunales.

Fuentes de Amazon declinaron pronunciarse sobre el conflicto, aunque sí señalaron que, a fecha de hoy, la compañía sigue adelante con el proyecto en su planteamiento inicial. Desde el Gobierno de Aragón también rechazaron entrar en detalles apelando a una cláusula de confidencialidad en los acuerdos con la multinacional tecnológica.