El sacrosanto principio rector del ajuste presupuestario con altas exigencias de celo que rigió los destinos de Europa a raíz de la crisis de la deuda de 2012, impuesto por Berlín y otras latitudes del centro y del norte del club comunitario, seguirá aparcado en la compleja consolidación fiscal que deberán emprender los socios europeos en sus cuentas públicas y en sus servicios de deuda.

De momento, la consigna que surge de Bruselas es que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se reanudará en 2023, pero sin que los halcones de la heterodoxia y el equilibrio presupuestario se hagan con las riendas de esta carrera que, ni será a contrarreloj, ni tendrá metas volantes con unos recortes de especial calibre como los que las autoridades europeas impusieron en su recetario desde el credit crunch de 2008 y que estuvo a punto de enterrar al euro. Entre otras razones, porque el Ejecutivo comunitario parece haber abierto un periodo de reflexión, de debate sobre el diseño del recorrido de consolidación y, especialmente, sobre la velocidad y la intensidad de su ritmo de ejecución.

El tándem económico de Bruselas, con el vicepresidente del colegio de comisarios encargado del área, Valdis Dombrovskis, y su comisario del ramo, Paolo Gentiloni, acaba de dar el testigo a los socios de la Unión. Con directrices vagas pero ilustrativas: reducción de los niveles de deuda "a medio plazo" y reanudación "flexible" del Pacto de Estabilidad a lo largo de 2023. Además de lógicas, porque los expertos también consideran imprescindible una reestructuración en toda regla en el diseño de las normas de contabilidad nacional y comunitaria y porque los rigores de otro otoño energéticamente candente y de alta tensión geopolítica con Rusia no aconseja iniciar de inmediato una etapa de suma austeridad.

Bruselas abre el melón de la negociación...

La imposición de los criterios del déficit cero se ha aparcado. Al menos de momento. Y parece que se va a sustituir por un patrón reciente, aunque ya conocido por los socios, según Gentiloni, quien acaba de sugerir que, a su juicio, "el modelo útil [en estos momentos de suma complejidad en la coyuntura europea] debería basarse en el diseño, en la gobernanza y en el funcionamiento del Fondo de Recuperación" con el que la UE supo salir de la gran pandemia. Dentro, además, de un "mayor margen de maniobra" nacional para que cada socio pueda rebajar la deuda; pero a cambio de "sanciones reputacionales" por demoras prolongadas en la reducción de sus niveles de endeudamiento o déficits excesivos. Y de "indicadores de gasto únicos" para todos y cada uno de los Estados.

Esta concepción nace con el consentimiento inicial de España y Holanda, plasmada en un texto oficial conjunto, en el que sus ejecutivos, antagónicos en muchos aspectos de la historia reciente de la Unión, dejaban constancia de que la corrección de la deuda fuese una labor de índole nacional, aunque enmarcada en una estrategia conjunta y menos sofisticada que la actual e inserta en un Pacto de Estabilidad más simple y efectivo. De igual manera que Francia y la Italia de Mario Draghi dejaron constancia en Financial Times de un plan para aplicar los estabilizadores automáticos de forma baladí, ralentizando su funcionamiento hasta que cada capital atendiera las necesidades de gastos venideras y liberando a los socios del cumplimiento estricto del criterio del 60% del PIB de endeudamiento. Inasequible en la actualidad para potencias del euro como Francia, Italia o España, economías que han soportado los rigores de los rescates de 2012 como Portugal o Grecia u otros países con tasas de endeudamiento históricas como Bélgica.

La intención de Bruselas es que la consolidación fiscal –y la disminución de la deuda– se produzca a medio plazo. Sin las excepciones apuntadas por París y Roma, pero incorporando en sus sendas de equilibrio tanto recursos inversores como planes de reformas que contribuirían de forma más tardía al saneamiento de las cuentas públicas; es decir, "sin tener en cuenta desde el mismo momento de su restauración el objetivo del 3% del PIB", apuntan fuentes de Bruselas. Más en línea con el planteamiento de Pedro Sánchez y del gabinete liberal de Mark Rutte al que se ha sumado la coalición del canciller Olaf Scholz. Todos partidarios de dar prioridad a las necesidades preferenciales de cada país en materia de gastos e ingresos, que a los más difusos de Emmanuel Macron y de Draghi.

En un contexto, además, de riesgo de tormenta perfecta, con otro ciclón energético procedente de Rusia, y serias dudas sobre la ambiciosa neutralidad energética europea y su capacidad para liberarse de la dependencia del gas y el petróleo siberiano, y una guerra en el Viejo Continente, por un lado. Y, por otro, bajo una espiral inflacionista que ha enterrado once años de dinero barato, con la mayor subida de tipos del BCE en su historia –la de esta semana, de tres cuartos de punto– y con un empujón hacia la recesión que algunas instituciones multilaterales y bancos de inversión sitúan con una muy alta probabilidad a finales de año –al menos para alguno de sus integrantes, con Alemania a la cabeza– o, cuanto menos, a una alteración en el ciclo de negocios postcovid.

... con cambios en los patrones presupuestarios...

La idea de Bruselas de sacar del cajón las facturas de los estímulos económicos para espolear la actividad tras la gran pandemia y de los posteriores antídotos contra la interrupción de los flujos energéticos rusos, así como las secuelas de la guerra de Ucrania, han puesto sobre la mesa la conveniencia de restaurar viejas concepciones presupuestarias. Quizás una de las sugerencias más relevantes por su novedad e innovación sea la del FMI y su poderoso Departamento Fiscal que dirige Vitor Gaspar.

En un reciente working paper que lleva su firma y el ribete oficial de la institución, Gaspar urge a la UE a recomponer sus reglas fiscales para reducir el elenco de amenazas sobre el futuro del bloque. Emprender una serie de reformas entre las que se debería incluir un fondo climático con el que enfrentarse al energy crunch, así como estrictos ajustes de deuda, con parámetros y metas intermedias de cierta flexibilidad, pero con un férreo objetivo de estabilidad. A juicio del FMI, estos cambios estructurales "son críticos para evitar crisis de endeudamiento como la de 2012 y energéticas como la actual", así como para afrontar "las extraordinarias incertidumbres económicas". El documento, firmado junto al director para Asuntos Fiscales en Europa, Alfred Kammer, también estipula la conveniencia de que se constituya una Capacidad Fiscal europea. Es decir, una autoridad específica que absorba la función de mutualizar la deuda comunitaria.

Esta petición del Fondo Monetario es un ariete contra los halcones económicos y monetarios y un instrumento que solicitó Draghi durante todo su doble periplo presidencial en el BCE a las autoridades de la Unión. En vano. Aunque se puso en marcha ya en los primeros estadios de los números rojos propiciados por la epidemia de la covid para comunitarizar gastos a futuro y reducir las primas de riesgo y está detrás de las palancas de fragmentación instauradas por el BCE al inicio del verano para controlar los injustificados saltos de rentabilidad de los bonos de países con mayores dificultades económicas respecto de las economías más estables del área. Es decir, en los diferenciales de las deudas soberanas respecto al bund alemán. Lo que se conoce como las primas de riesgo. Muy oscilantes en épocas de inestabilidades financieras entre socios monetarios con –todavía– notables diferencias de métricas de inflación, crecimiento y deuda.

La idea –dicen Gaspar y Kammer, economista de origen alemán– es "similar", admiten, a la que ha alumbrado los 800.000 millones de euros del fondo de recuperación creado en 2020 con el compromiso de financiar los daños de la Gran Pandemia y acelerar el ingreso del club en el ciclo de negocios postcovid, al que impulsó con un fuerte dinamismo. Estos recursos "facilitarían el tránsito hacia la descarbonización, la neutralidad energética y la independencia del gas y del oro negro rusos". Y "debería estar inserto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento", aclaran. Si bien consideran ineludibles los objetivos del 3% del PIB en materia de déficit y del 60% de deuda a medio plazo. Eso sí, "con pautas de gastos plurianuales, bajo el control de la autoridad fiscal y al menos por un periodo de entre 3 y 5 años para que los socios más rezagados certifiquen su doble consolidación".

Ante la reunión del Ecofin de la próxima semana, el FMI juzga una "oportunidad histórica" este giro en el recetario presupuestario. En el que se debería incorporar dotaciones de inversión para acelerar la economía sostenible y digital y reformas de mejora de la productividad antes de sacar el pacto del limbo en el que se encuentra desde 2020. Los países con más facilidad para alcanzar la disciplina fiscal servirían de "amortiguadores" de estos indicadores de estabilidad europeos.

… y la aquiescencia de no pocos analistas del mercado

La triple modificación doctrinal del FMI –autoridad fiscal, fondo climático y mutualización de la deuda, al menos la de los socios monetarios– encuentra un notable respaldo en el pensamiento económico. Al menos, entre dos de los think-tanks más paneuropeístas. El Instituto Bruegel, por ejemplo, deja un mensaje nítido. Uno de sus analistas para Europa, el húngaro Zsolt Darvas, cree que Europa "demanda con urgencia un fondo climático que se amolde al Pacto de Estabilidad durante varias décadas y que contribuya con sus recursos a estabilizar la energía y avanzar hacia la sostenibilidad". Mientras, en su opinión, y a medio plazo, los objetivos presupuestarios deben "volver al camino de la consolidación de las finanzas públicas", aunque "permitiendo márgenes de maniobra considerables" para que los socios de la Unión hagan sus esfuerzos en tiempos más flexibles en función de sus necesidades de ajuste, aunque con la prioridad de formalizarlos a lo largo del próximo lustro y "bajo el impulso de proyectos de inversión" permanentes.

Para Darvas, estos recursos climáticos "deben definirse correctamente, como una regla de oro y, en consecuencia, adquirir el grado de obligado cumplimiento presupuestario", con normas de redistribución proporcional entre los socios y legislaciones especiales que estipulen exenciones en los gastos para combatir el cambio climático en naciones que precisen de más desembolsos.

En este punto, Bruegel considera ineludibles líneas de inversión verdes, así como el control fiscal de su despliegue financiero, donde deja entrever su predilección por una autoridad europea que más que vigilar su adecuada gestión, determine y despliegue dotaciones concretas por naciones y créditos que apuntalen los recursos a lo largo de las próximas décadas.

Zach Meyers, del Center for European Reform (CER), incide en que Europa "demanda un campo de juego más amplio", una apertura de mercados, en el que su independencia energética resulta esencial para alcanzar una mayor autonomía económica y respecto del gas y del petróleo rusos. Y cuanto antes ponga en liza mecanismos para facilitar este salto productivo con más antelación podrá rivalizar y ganar peso internacional respecto a China y otros contrincantes globales, matiza Meyers. Mientras sus colegas del CER, Claudio Baccianti and Christian Odendahl, resaltan que el despliegue de recursos verdes debe ser un esfuerzo conjunto de empresas, hogares y gobiernos.

A su juicio, los recursos del fondo climático europeo deberían girar en torno al 1.75% o el 2% del PIB comunitario cada año. E, incluso, extender sus dotaciones en ejercicios en los que la UE deba atender preferencialmente aspectos concretos, como la descarbonización del transporte o algún salto anual concreto en la promoción de los vehículos eléctricos o el impulso al hidrógeno en el orden industrial. "La magnitud de este fondo restaría incertidumbre a la transición verde", dicen Baccianti y Odendahl.

Pero tendría algunos aderezos y ciertas contrapartidas. Entre las primeras, apuntalar dentro de estos recursos los avances tecnológicos dirigidos a la sostenibilidad y a las energías renovables; especialmente, en el terreno industrial. O la mayor implicación de las firmas en la aceleración de proyectos de digitalización y descarbonización. Más subsidios de los gobiernos para inclinar sus mix energéticos hacia las fuentes limpias y de hogares en dar el salto hacia el autoconsumo o las conexiones a las redes de suministro solares o eólicas. Y, entre las segundas, canales más eficientes en los presupuestos públicos para absorber estos recursos que varían según los socios. Los cálculos del CER hablan de una brecha adicional del 1,1% del PIB para Italia, del 1,2% en el caso de Francia o del 1,3% en el mercado español.

"Estos desembolsos de gasto deben ir acompañadas de la restauración del Pacto de Estabilidad con carácter flexible para atender los rigores de una crisis energética en toda regla y de la tensión que genera cualquier cambio de paradigma económico", aseguran. Para lo cual, se requerirán también una "nueva concepción de ingresos", con modificaciones substanciales de las presiones impositivas actuales, transformaciones en los gravámenes de impuestos –unos a la baja y otros al alza, en función de la preferencia tributaria por las figuras directas o indirectas– y nuevas tasas, precios públicos e impuestos, con objeto de favorecer la descarbonización. O, dicho de un modo más contundente –explican– "adecuar los mapas fiscales a las necesidades del siglo XXI" desde sus reminiscencias decimonónicas que aún perduran.
Un informe de la Comisión Europea, la consultora McKinsey y la AIE o Agencia Internacional de la Energía precisa que esta década, la UE tan sólo tendría que incrementar entre 10.000 y 25.000 millones de euros su media de gasto anual para alcanzar la independencia energética y su sello verde. Aunque en Bloomberg NEF lo elevan hasta los 45.000 millones. Sobre todo, en inversiones para instalaciones renovables.