Derechos laboralesTrabajo detecta fraude en más de la mitad de las casas con empleadas del hogar que investiga

La Inspección de Trabajo ha cazado haciendo trampas a más de la mitad de los hogares con empleados domésticos que ha supervisado en el arranque de la campaña de regularización del empleo (PDF) en este sector, según indican los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, que ponen de manifiesto los elevados índices de precariedad y explotación que sufren los dos tercios de ocupadas en este ramo que no se ven directamente obligadas a operar por completo en la economía informal o sumergida.

Los datos de Trabajo, cerrados a 25 de marzo, indican que en menos de dos meses los inspectores han regularizado 28.904 casos de los más de 47.749 que está revisando, lo que equivale a la detección de fraude en el 60,53% de las contrataciones supervisadas, una tasa que puede seguir subiendo confirme avance la campaña.

"Era previsible detectar este nivel de fraude, y de hecho la Inspección lo ha hallado en cuanto ha dedicado algo de tiempo a investigar este sector tan desregulado", indica Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical en la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, que anota que "esto es la punta del iceberg".

"Llevamos tiempo denunciándolo: las que están dadas de alta lo están por menos tiempo del que realmente trabajan, y los sueldos se pactan, entre comillas, entre empleador y empleada. Ni siquiera tienen nómina", añade.

Casi seis millones pagados de menos cada mes

El fraude detectado por la Inspección en esta campaña se concentra en dos vertientes: la remuneración por debajo de lo que corresponde por el trabajo realizado y la defraudación de cotizaciones a la Seguridad Social como consecuencia de esas sisas en los salarios.

En el caso de los sueldos, las actuaciones de la Inspección han supuesto para esas casi 29.000 empleadas del hogar un aumento conjunto de los salarios netos de 6,5 millones de euros mensuales, lo que indica que cada mes les estaban pagando una media de 225 euros menos de los que les correspondían.

Son 78 millones de euros menos de lo debido al cabo del año, un dinero que también se volatiliza a efectos de recaudación tributaria.

Con el coste salarial neto de la hora en 7,43 euros cuando la empleada se ocupa menos de 120 al mes en una casa o con el de la jornada en 31,66 por encima de ese nivel, según las estimaciones de la OCU, indica que, según el formato de cobro, en cada uno de esos domicilios alguien trabajaba gratis un promedio de casi 30 horas o algo más de siete días cada mes.

"La regularización final supone que se han adaptado al Salario Mínimo Interprofesional más del 60% de los casos comunicados", informa Trabajo, que anuncia que "se activará una segunda fase de actuación inspectora con el envío de más cartas y abordando la regularización definitiva de aquellos casos que persistan en errores o irregularidades".

Un agujero de sesenta millones en cotizaciones

Ese trabajo gratuito, por impago de salarios, conlleva además un fraude a la Seguridad Social que ronde los 5,5 millones de euros mensuales, lo que supone un monto anual de 66 cuyo impago hace que dejen de contabilizarse para el cálculo de las prestaciones por baja laboral y por jubilación de las trabajadoras.

Hasta el 28 de enero, la víspera de que las cartas que comunicaban el comienzo de las inspecciones comenzaran a llegar a los domicilios de los empleadores, el aumento acumulado de las bases de cotización de las empleadas del hogar sumaban 87.645 euros en todo el país, explicaron fuentes de Trabajo, mientras que el de los salarios netos se quedaba en 108.114. Nada que ver con las cifras que han aflorado los inspectores.

Las inspecciones han conllevado también la reducción de la jornada declarada de las trabajadoras en el 15% de las actuaciones en las que los inspectores han detectado irregularidades, mientras que "en el 97,5% de los casos regularizados se ha subido el salario declarado", indica el ministerio.

"Visibiliza el drama que viven estas trabajadoras"

"La muestra sobre la que ha intervenido la Inspección es amplia, y visibiliza el drama que viven estas mujeres. Ahora hay que actuar con contundencia para sensibilizar y dejar claro que las empleadas del hogar son personas que van a las casas a trabajar", señala Barragán, que añade que "se trata de empleos, y el empleador debe cumplir unos mínimos de condiciones de trabajo, salarios y Seguridad Social que, además, tampoco son tan exigentes".

En este sentido, resulta llamativo que el Estado español siga sin suscribir el Convenio 189 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que establece las condiciones mínimas que deberían aplicarse en ese sector. "No es una norma de mínimos sino lo siguiente. Es de dignidad. Hablamos de mucha gente que no tiene otra alternativa laboral", apunta el sindicalista.

Más de medio millón de trabajadores, la práctica totalidad mujeres, se ganan la vida como empleados domésticos en España, en uno de cada tres casos sin contrato ni condiciones laborales homologables y en un país en el que hasta hace poco la Seguridad Social hacía la vista gorda con los pagos por debajo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) y en el que las dificultades para acceder al subsidio extraordinario por la pandemia pusieron hace unos meses sobre la mesa la precariedad en la que subsiste el grueso del colectivo.

"Muchas tienen siete, ocho y hasta diez empleadores para poder llegar a fin de mes", recuerda Barragán, que anota que "la gran mayoría tiene una parte importante de ese empleo en la economía sumergida porque no tiene otro remedio".

Esta campaña, de la Inspección, que ofrece en su web una guía de los pasos necesarios para las altas y las contrataciones y un sacadudas, se añade a otras de calado impulsadas en el año y medio que lleva la ministra Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, con Héctor Illueca como jefe de la Inspección, como las que han aflorado más de 50.000 falsos autónomos, detectado fraude en más de 3.600 ERTE o han detectado impagos de salarios por 38 millones de euros a 10.000 trabajadores explotados.