El Ministerio de Trabajo retomará el próximo lunes, 9 de septiembre, la negociación sobre la reducción de jornada laboral −pasar de 40 horas semanales a 37,5 para 2025− con el objetivo de cerrar un acuerdo en el que esté la patronal CEOE y tener aprobado el cambio normativo necesario antes de final de año.

En julio, el Gobierno presentó una nueva propuesta con el fin de esperar una respuesta concreta en septiembre, tras el paréntesis de agosto. En ella, se ponían sobre la mesa tres ejes clave: la reducción de la jornada a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 en 2025, el registro digital de las horas de los trabajadores y el denominado derecho a la desconexión digital −no contestar al jefe fuera de las horas laborales−.

Los sindicatos, por su parte, se han mostrado partidarios de la reducción, pero como un primer paso para ir a una rebaja mayor. La patronal, sin embargo, rechaza hacer un cambio así por ley y señala el fuerte impacto que tendría en algunos sectores.

Un pacto para allanar el camino parlamentario

Para cumplir con el acuerdo de Gobierno, la reducción a las 38,5 horas semanales debería entrar en vigor antes de que acabe el año en un escenario parlamentario complicado. Contar con el aval de un pacto en el seno del diálogo social podría facilitar ese último paso, aunque nadie olvida lo ocurrido con la reforma laboral.

"Un acuerdo en el seno del diálogo social puede sensibilizar a los grupos para que voten a favor", reconocen fuentes de la negociación, que conceden que este plazo adicional de septiembre −el objetivo inicial era cerrarlo en julio− busca el sí de la patronal. "Un tema como este es mejor cerrarlo a tres, evita la litigiosidad y hace más fácil aplicarlo en las empresas", añaden las mismas fuentes.

El primer cambio afectaría a menos trabajadores, ya que gran parte de los convenios ya recogen jornadas inferiores a las 40 horas semanales, pero el siguiente hito de las 37,5 horas en 2025 aleja a la patronal del acuerdo.

Rechazo de la patronal y movilizaciones de los sindicatos

En la última asamblea de la CEOE, celebrada a principios de julio, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, acusó a al Ministerio de Trabajo de "gobernar contra las empresas" y afirmó que reducir la jornada a 37,5 horas semanales "equivale a regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas al año por las empresas".

Otras fuentes empresariales reconocen que se seguirá negociando en todo momento, pero que la posibilidad del pacto es compleja. También recuerdan que, con o sin aval del diálogo social, el Gobierno tiene que conseguir amarrar los votos necesarios en el Parlamento.

La reducción de jornada −la medida más relevante de lo que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, define como "la legislatura del tiempo"− comenzó a negociarse a principios de este año entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, aunque estos últimos pidieron abordarla de forma bipartita en busca de un acuerdo.

A mediados de junio, el departamento de Díaz constató la falta de avances en esa negociación bipartita y decidió acelerar los trabajos para dejar cerrado el tema antes del parón de agosto.