El alquiler, sobre todo en Madrid y Barcelona, será una realidad de la que miles de personas no podrán escapar nunca aunque quieran y eso aumentará la desigualdad económica en los años venideros. Pocos días antes de la gran manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos en Madrid contra los abusivos precios de los alquileres, un estudio publicado este miércoles pocos días antes de la gran manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos contra los abusivos precios de los alquileres por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) titulado De propietarios a inquilinos. Informe sobre la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad, revela que un 70% de los encuestados en las dos principales ciudades españolas se ven a sí mismos condenados a pagar un alquiler de por vida porque asumen que no van a heredar una vivienda y que por lo tanto nunca podrán tener una en propiedad.

Además, de los que hereden, el 80% tendrá que compartir la herencia. Por si esto fuera poco, el valor económico y la utilidad de las viviendas a heredar no siempre encajan con las necesidades del inquilino, afirma el documento de IDRA. Ejemplo de ello es que en Barcelona el 40,7% de las viviendas a heredar tiene un valor inferior o bastante inferior al precio medio de un piso de 60 metros cuadrados, que alcanza los 250.020 euros. La conclusión es contundente: "La evidencia derriba el mito de que la mayoría de los jóvenes heredarán antes o después una vivienda y dejarán de vivir de alquiler", afirma el estudio.

Lo cierto es que cada vez más gente no tiene otra opción que optar por el alquiler porque solo tiene su salario para vivir. El estudio de IDRA desvela que un 53% de los menores de 29 años que se han emancipado son inquilinos y que un tercio de las personas de hasta 44 años lo son también. Estas cifras están por encima de la media nacional proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyos datos indican que algo más de un 15% de la población vive de alquiler. "El mercado de la compraventa de vivienda es inaccesible y secuestrado", concluye el informe de IDRA. "La demanda está artificialmente hinchada por actores que no tienen una necesidad de vivienda, y esto contribuye a aumentar los precios para aquellos que la necesitan para vivir", aseguran los autores del informe.

La situación actual provoca una brecha económica cada vez mayor entre arrendatarios y arrendadores. "Las dinámicas del mercado del alquiler lo han convertido en un mecanismo de transferencia de rentas entre la población inquilina y la población rentista que acumula propiedades sobrantes", asegura el informe de IDRA en este sentido. Así, los inquilinos cada vez pagan más y los caseros son cada vez más ricos. "El mercado de alquiler es una fuente de desigualdad clave, que está generando una gran brecha social", se puede leer en el documento.

El estudio además anticipa que en los próximos años se acentuará esta tendencia y vivir de alquiler contará con muchas probabilidades de prolongarse hasta la vejez para la inmensa mayoría de los inquilinos, lo que afectará negativamente al nivel económico de estas personas.

Hay, además, otra cruda realidad: "Los inquilinos que quieren comprar compiten con individuos e inversores que ya poseen viviendas en propiedad y patrimonios muy elevados", dicen desde IDRA. Prueba de ello es que las compras de vivienda al contado han aumentado en los últimos años de manera sensible, al igual que la compra por parte de extranjeros.

La situación empeora con las personas migrantes: su expectativa de heredar se reduce a dos de cada 10 personas que actualmente viven de alquiler, que son la mayoría dentro de este colectivo. "Los hogares jóvenes y migrantes dependen desproporcionadamente del alquiler, enfrentándose a mayores dificultades para acceder a una vivienda en propiedad. Y la posibilidad de herencia, otro posible mecanismo de llegada a la propiedad, es también limitada para esta población", señala el informe. 

Por último, el estudio de IDRA, basado en 1.023 encuestas realizadas en Barcelona y 1.170 en Madrid a mayores de 16 años, cuestiona las políticas públicas en materia de vivienda, y hace una serie de recomendaciones, entre ellas "incrementar la oferta de alquiler residencial de larga duración y a precio regulado" y aumentar la vivienda protegida así como fomentar la vivienda cooperativa.