El Consejo de Ministros han aprobado este martes, en su primera reunión tras las vacaciones, el proyecto de ley con el primer bloque de medidas para reformar el sistema de pensiones, una vez que el anteproyecto ha superado todos los trámites. El texto ha estado sometido a audiencia e información pública hasta el pasado 16 de julio y ha recibido distintos informes técnicos, así como el dictamen del Consejo Económico y Social (CES).

El denominado proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones es fruto de la negociación entre Gobierno, patronal y sindicatos, que culminó en un acuerdo el pasado 28 de junio y que se rubricó en La Moncloa el 1 de julio.

Este acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales en materia de pensiones es el primero desde 2013, cuando el PP de Mariano Rajoy aprobó su polémica reforma de manera unilateral. Antes, en 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya había elevado la edad de jubilación hasta los 67 años, pero aquella medida sí fue consensuada con los agentes sociales.

El acuerdo implica que las pensiones vuelvan a revalorizarse de acuerdo con el IPC, incluye diversas medidas para acercar la edad real de jubilación a la legal y penaliza aún más la prejubilación. Además, se deroga el polémico factor de sostenibilidad que será sustituido a partir del próximo noviembre por un mecanismo de equidad intergeneracional aún por determinar.

Estas son algunas claves que ayudan a entender el proyecto de reforma.

Las pensiones subirán con el IPC

El proyecto de ley fija que las pensiones se subirán en enero con una media de las tasas de variación interanual del índice de precios de consumo (IPC) de los doce meses previos a diciembre del año anterior. Si esa media es negativa, el importe de las pensiones se congelará al comienzo del año.

Fin del factor de sostenibilidad

Con este acuerdo se deroga expresamente el factor de sostenibilidad de la reforma del PP de 2013, una alambicada fórmula matemática que penalizaba las pensiones por la mayor esperanza de vida y cuya entrada en vigor estaba suspendida hasta 2023. El Gobierno del PP quería que de acuerdo al factor de sostenibilidad, en el futuro se revisase la cuantía de las pensiones en función de los recursos del sistema: en caso de déficit (algo que ocurre desde hace años), las pensiones serían más bajas aún. 

Para sustituir este factor, Gobierno y agentes sociales se dan hasta el 15 de noviembre para negociar un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027. No se ha especificado cómo será ese nuevo mecanismo. Si no se logra un acuerdo, el Gobierno regulará a su criterio el citado mecanismo para que quede definido en la nueva ley.

Prejubilarse antes de tiempo: cuanto más tarde, mejor

Los trabajadores se podrán jubilar de forma voluntaria hasta dos años antes de la edad legal, igual que en la actualidad, pero el reciente acuerdo cambia los coeficientes reductores que, además, pasan a aplicarse por cada mes que se adelante la jubilación frente al calculo que actualmente se hace por trimestres.

Estos coeficientes reductores, que restan la cuantía de pensión a los que decidan jubilarse hasta dos años antes de alcanzar la edad legal para hacerlo, van desde un máximo del 21% en el supuesto de querer retirarse del mercado laboral dos años antes teniendo menos de 38 años y 6 meses cotizados a un mínimo del 2,81% para los que opten por retirarse un mes antes y tengan cotizados más de 44 años y medio. La escala es gradual: cuanto más tarde se jubile un trabajador, menos coeficiente reductor se le aplicará. Al aplicar esos coeficientes por meses y no por trimestres, se amplia la gradualidad de la medida.

Los nuevos coeficientes reductores de la reforma impulsada por el Gobierno son más bajos que los que había hasta ahora. Solo recortan más la cuantía si el trabajador se jubila cuando faltan 24 y 23 meses para la edad oficial de retiro.

La jubilación anticipada voluntaria también se endurece para las pensiones máximas. Estas tenían una reducción menor al jubilarse antes porque la penalización se aplicaba sobre la base reguladora y no sobre la pensión. Así que se hará directamente sobre la cuantía de la prestación, equiparando el recorte a las demás.

Jubilación anticipada involuntaria

En cuanto a la jubilación anticipada forzosa o involuntaria, a la que se podrá acceder también cuando se haya extinguido el contrato laboral por razones objetivas o de forma voluntaria, los coeficientes reductores igualmente se aplicarán por mes de adelanto y no por trimestre.

Los coeficientes reductores para esta modalidad no cambian si la jubilación involuntaria entre los cuatro y los dos años antes de la edad legal; en cambio sí se modifican a la baja para los dos años anteriores y más aún si el despido llega en los seis meses previos a jubilarse.

Estos coeficientes irán desde un 30% si ocurre 4 años antes de la edad legal y se tienen menos de 38 años y 6 meses cotizados, hasta un 0,5% si es un mes antes y se ha cotizado más de 44 años y 6 meses.

Estos trabajadores podrán optar por los coeficientes aplicados a la jubilación anticipada voluntaria en los dos años anteriores a la edad legal si éstos son más favorables que los hasta ahora vigentes.

El Gobierno también plantea un régimen transitorio de 10 años, con coeficientes distintos, para los trabajadores que cotizan por encima de la pensión máxima para "reforzar la equidad" del sistema.

Quedan fuera de estos cambios los afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) en 2021 o después de esa fecha si es "consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo (...) aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley".

Incentivos para retrasar la edad de jubilación

Para incentivar la jubilación demorada, apenas usada en España, y alargar las carreras laborales, el Gobierno fijará incentivos por su prolongación: una subida de la pensión del 4% por cada año de retraso, un cheque único de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos.

Facilitar el acceso a la jubilación activa

También hay cambios para acceder a la jubilación activa, que permite compatibilizar salario y pensión, estableciendo que el trabajador deberá haber seguido en activo un año más una vez alcanzada la edad legal de jubilación. El Gobierno se compromete, en el plazo máximo de doce meses, a revisar, en el marco del diálogo social, esta modalidad.

Jubilación forzosa para mayores de 68 años

La reforma permitirá finalmente que los convenios colectivos incluyan la jubilación forzosa, pero solo para mayores de 68 años y con la obligación de contratar de forma indefinida y a tiempo completo a un trabajador de relevo.
Los convenios que ya tengan una cláusula de este tipo podrán seguir aplicándola "hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada".