Las sociedades de inversión de capital variable, las célebres sicav, llevan años invirtiendo fuera de España la mayor parte de su patrimonio. Es decir, que se benefician del ventajoso trato que se les dispensa aquí, pero colocan un elevado porcentaje de su dinero en otros países.

Las sicav son el instrumento financiero preferido por las grandes fortunas españolas, por dos razones fundamentales: porque sus beneficios sólo tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades (en vez de al tipo general del 25%) y porque su gestión es más flexible.

Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a mediados de 2019 había 2.649 sicav, con un patrimonio conjunto de 29.106 millones de euros. Del total de sus inversiones, 4.828 millones estaban en España y 20.941 en el exterior.

El hecho de que estas sociedades tengan más dinero colocado fuera que dentro se viene produciendo desde 2013. Antes ocurría todo lo contrario. En 2008, por ejemplo, las sicav invirtieron en activos españoles más del doble que en activos de otros países.

Aquel año destinaron al mercado local 16.176 millones de euros, cifra que triplica la registrada por la CNMV a 30 de junio de 2019. Por el contrario, al exterior sacaron 7.263 millones en 2008, poco más de una tercera parte que al cierre del primer semestre del ejercicio pasado.

Estos datos cuestionan uno de los argumentos utilizados por los defensores de las sicav para oponerse a cualquier recorte de sus actuales privilegios: que existe el riesgo de que se vayan de España. A fin de cuentas, casi tres cuartas partes de sus inversiones ya las hacen fuera.

Las sociedades de inversión colectiva de capital variable fueron creadas en 1983 por iniciativa del entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, al objeto de evitar la fuga de capitales durante el primer Gobierno socialista de la democracia. Pero 37 años después siguen formando parte de nuestro panorama financiero.

De momento, nadie se ha atrevido a hincarle el diente al problema, a pesar de que las formaciones políticas de izquierdas han criticado los privilegios de la sicav reiteradamente. Uno de ellos es que desde 2007 no estan sujetas al control de Hacienda, sino de la CNMV, que no cuenta con medios de inspección especializados en materia fiscal.

Acabar con esa anomalía figura en el programa del Gobierno de coalición progresista. De esa manera se intentaría evitar, entre otras cosas, que los grandes patrimonios usen hombres de paja (conocidos como mariachis ) para cumplir con la obligación legal de que las sicav tengan al menos cien accionistas reales.

Entre los multimillonarios que utilizan estas sociedades figuran la familia March, propietaria del banco del mismo nombre; Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex; los hermanos Gallardo Ballart, dueños de la farmacéutica Almirall, o la familia Del Pino, que capitanea el grupo de infraestructuras y servicios Ferrovial.