"Toda mi vida ha sido una lucha. Y parece que va a ser así hasta el final". Rosario Gómez-Limón, 76 años, la señora Charo para todo el mundo, habla tranquila en el salón del piso. Aún no ha empezado a recoger sus cosas, ella sola no puede. La columna solo le permite recorridos cortos. Además, le duele el pecho desde que la operaron hace un tiempo para una reconstrucción. Nueve años antes le extirparon un tumor y nada ha cicatrizado bien. Cada día va al médico a hacerse las curas; a veces sola, a veces con activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas (Madrid), "mi única familia ahora mismo", apostilla, con su perrita en el regazo.

Si no fuera por la PAH, recuerda, quién sabe dónde habría acabado hace cuatro años, cuando fue desahuciada del piso en el que había vivido seis décadas, en el que murieron su padre y su madre con alzhéimer, en el que crecieron ella y sus hermanos, que también han muerto o que ya están muy enfermos para preocuparse también por ella y que, además, no viven en Madrid.

Si no fuera por la PAH, insiste, que la metió en este apartamento vacío desde el que ve el Pirulí cada mañana, donde ruge el tráfico de la M30 a todas horas, donde se esconde su gato y se recupera la paloma que recogió sin plumas hace unas semanas. Donde el balcón, lleno de plantas bien cuidadas, pelean contra el aire de diésel que nubla el barrio. Si no fuera por la PAH, a la que alguien dio la llave cuando murió el dueño del piso para que no hubiera casas sin gente cuando hay gente sin casa. Si no fuera por la PAH, insiste Charo, "estaría debajo de un puente".

Su segundo desahucio iba a ser este jueves. De nuevo, la PAH ha conseguido aplazarlo en el Juzgado hasta el 11 de enero, a pesar de que Charo, si quiere llamarse así, es una ocupa con casi 80 años, una discapacidad del 40% y unos ingresos mensuales de poco más de 300 euros. Más que ocupa es pobre. Una anciana desahuciada y sin recursos, algo cada vez más común en Madrid. Aunque ella va tirando, "cenando fruta y comiendo en el comedor social", ilustra.

Víctima de violencia machista

El piso ahora es de varios herederos que quieren recuperarlo junto a otras viviendas del propietario fallecido. Desde 2021 sabe que es cuestión de tiempo. Hace poco se presentó en el piso la abogada de los nuevos dueños, "venía furiosa. Yo le expliqué mi situación. Lloraban hasta los policías municipales, pero los dueños no quieren acordar nada que pueda pagar, solo quieren que me vaya", dice.

Pero Charo no tiene adónde ir. Sin hijos, separada de un marido que siempre la maltrató, al que nunca denunció por miedo, "por terror"; que se negó a firmar la separación hasta el último momento, al que no se atreve a pedir el divorcio "porque me busca y me encuentra y sé que me mata. Yo estoy escondida de él", dice. Dejarlo atrás, sentencia, fue lo único bueno de su anterior desahucio.

Fue su marido quien le obligó a dejar su trabajo en la fábrica de alfombras al poco de casarse, después de más de diez años, porque Charo nació en el 47, cuando en las fábricas de Vallecas se empleaban sin contrato niñas de 13 años como ella. Cuando "los pisos se construían casi a puñetazos y con cualquier material, pero el alquiler era de renta antigua y estaba protegido, no como hoy", recuerda. Ahora, con su exigua pensión no contributiva, dónde va a ir Charo, que además no entiende "de papeles ni de nada".

Los activistas le han ayudado a solicitar todo tipo de viviendas sociales. En la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), en la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, en pisos tutelados. "Nunca me han llamado", dice. La única vez que alguien atendió a su situación fue el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. En 2018 emitió un dictamen de medidas cautelares ante su primer de desalojo sin alternativa habitacional, pero de nada sirvió, el desahucio se ejecutó y solo los activistas le buscaron acomodo.

"Después de 60 años, de haber reformado la casa entera, los herederos quisieron quedársela. Alegaron que uno de sus hijos iba a vivir en ella, por eso pudieron cancelar el contrato de renta antigua que tenía, por el que pagaba unos 200 euros", explica.

Dos meses después, su casa estaba en Idealista. No tardó en venderse, "y bien vendida", lo sabe de buena tinta. También está alquilada, dice. Charo no podría. Ni Vallecas ni Madrid entera es asequible para ella. Un piso como el que ocupa, de una habitación, salón, cocina y baño, algo más de 50 metros cuadrados, no baja de 800 euros al mes en el mercado de alquiler, que sigue al alza y sin una ley a la vista que le ponga coto.

"Si vienen a echarme, yo no voy a resistirme. Ellos no lo necesitan para vivir. Lo único que estamos pidiendo es tiempo para buscar otra cosa, una vivienda social, algo", fantasea brevemente, porque no espera nada de los que gobiernan. "En la calle no me voy a quedar, me va a acoger un tiempo en su casa uno de los compañeros de la PAH. El problema —ríe por no llorar— es que él también tiene un desahucio pendiente".