La diferencia entre un optimista y un pesimista consiste, según el poeta Mario Bendetti, en que el segundo, al contrario que el primero, modula el optimismo con el manejo de información. De acuerdo con esa lógica, y con los datos del Banco de España en la mano, la lectura optimista del rescate a la banca lleva a concluir que el Estado ha recuperado hasta ahora 5.225 millones de euros de las entidades financieras, mientras que la informada apunta a un agujero de 73.261 millones que, en el mejor de los casos, se vería reducido en otros 9.560 si el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) logra colocar por ese precio su participación en Bankia.

El Banco de España acaba de hacer pública su última Nota informativa sobre ayudas financieras en el proceso de reestructuración del sistema financiero español (2009-2018), la séptima de la serie desde 2013, en la que ofrece una “estimación de los recursos netos destinados al apoyo del sistema financiero que se sitúa en 42.561 millones aportados por el Frob y 23.164 millones por el propio sector a través del FGDEC o Fondo de Garantía de Depósitos, lo que, dando por hecha la venta del banco público, daría un total de 65.725, aunque con un matiz: “estos importes no incorporan los intereses y comisiones obtenidos o pagados, ni los gastos incurridos” en todo el proceso, pero si descuentan unos ajustes contables en los que se volatilizaron, respectivamente, 2.250 millones que el FGDEC invirtió en el Frob y 2.224 de este último en la Sareb o banco malo.

¿En qué consistió el rescate bancario?

Básicamente, en una inyección de dinero público y semipúblico a las entidades financieras en el que el FROB, una entidad pública diseñada para dirigir la bancarización de las cajas de ahorro y la reestructuración del sector a base de ventas y absorciones, movilizó 56.679 millones de euros y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Créditos, un instrumento inicialmente creado para garantizar que todo cliente recupere hasta 100.000 euros de sus cuentas en caso de quebrar una caja o banco y que se nutre de aportaciones de estas, que inyectó otros 21.187.

¿Qué parte de ese dinero se ha recuperado?

Poco, escasamente un 6,6% del total: 4.477 del Frob y 748 del FDGEC, lo que suma 5.225. Quince de cada dieciséis euros se han volatilizado, a la espera de ver como finaliza la eventual reprivatización de Bankia, que lleva fusionada la catalana BNM (Banca Mare Nostrum).

¿Pero este rescate no iba a salir?

Eso nos dijeron hace unos años: no iba a costar “ni un euro” a los ciudadanos, aseguraba la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría, mientras el responsable económico de aquel ejecutivo, Luis de Guindos, mantenía que “no hubo rescate” sino “una línea financiera preferente de Europa” que iba a ser devuelta “sin coste alguno” para el contribuyente. No anduvieron muy finos en los pronósticos.

¿Qué efectos ha tenido el rescate en la banca?

Los resultados han sido extraordinarios: las ganancias de la banca en los seis años posteriores al rescate propiamente dicho, entre 2012 y 2018, superan la cantidad inyectada mientras el sector, a falta de varias operaciones para darlo por concluido, ha experimentado un vertiginoso proceso de concentración que en apenas una década se ha llevado por delante 51 entidades, 11.000 oficinas y 90.000 empleos.

¿Dónde está el dinero de rescate?

Invertido en el saneamiento de las entidades, lo que permite identificar a los principales beneficiarios si se combina la movilización del dinero con el posterior proceso de concentración. Solo dos entidades, Banca Cívica (977 millones) y Caja3 (407, absorbida por Ibercaja) han devuelto todo el dinero invertido en lo que son hoy. Los principales beneficiarios de las inyecciones no devueltas son el BBVA, que ha absorbido a Catalunya Banc (12.704 por devolver) y Unnim (2.902); el Sabadell, que se hizo con la CAM (12.458) y el Banco Gallego (295); Abanca, que se comió a las cajas gallegas (9.277); CaixaBank, que se llevó el Banco de Valencia (6.103); Liberbank, que captó la Caja de Castilla-La Mancha (4.156) aunque devolvió los 124 recibidos de manera directa; Unicaja, que creció a costa de Ceiss (935), y Kutxabank, que absorbió a CajaSur (392).

¿Y por qué no recupera el Estado esos fondos?

Es el mercado, el financiero en este caso, y aunque el inversor fuera el Estado. Buena parte de las operaciones de saneamiento incluyeron una toma de participación por parte del Frob que luego era vendida al banco adquiriente de la entidad, en ocasiones por precios simbólicos y en operaciones que remiten al castizo dicho de “lo comido por lo servido”, tal y como explica la nota informativa del Banco de España de 2016. El Banco Central Europeo (BCE) ya alertó en 2015 de los riesgos del modelo español de rescate.

El retorno ha sido escuálido en materia de impuestos: hasta el año pasado, y a base de combinar las pérdidas de unos años con el arrastre de las registradas en otros como activos fiscales diferidos, la gran banca española llevaba el año pasado sin tributar en el Impuesto de Sociedades en la práctica desde el inicio de la crisis.

¿Qué pasa con Bankia?

Bankia es la pieza que, según las previsiones del Banco de España y del Gobierno, puede redimensionar el impacto del rescate en las arcas públicas desde lo catastrófico a lo disparatado al permitir, sobre el papel, recuperar 9.650 de los 22.424 millones de euros invertidos en esa entidad, que incluyen los de la absorbida Banco Mare Nostrum (1.645). Esa operación plantea, no obstante, el dilema de optar entre ese ingreso o mantener vivo un banco público de esas dimensiones, presencia territorial y resultados, ya que encadena siete años de beneficios netos. En el momento de la fusión, el FROB era el propietario del 100% del capital de Bankia y el 65% de BMN.

¿A qué equivale un agujero de ese tamaño?

En términos presupuestarios, y según las cifras de DatosMacro, las pérdidas que ahora mismo arroja para las arcas públicas el rescate bancario superan a la suma del déficit público español de los dos últimos años (65.633 millones de euros), incluso si se le suma el de las comunidades autónomas (2.321 en 2018), y superan con creces el volumen de cada una de las tres grandes facturas sociales del país, asumidas todas ellas por las autonomías: 60.670 millones al año en sanidad, 39.385 en educación y 13.210 en servicios sociales.

¿Esos 73.000 millones son todo el dinero movilizado en la operación?

Para nada. El socorro a las entidades financieras ha llevado al Gobierno español a poner sobre la mesa alrededor de 350.000 millones de euros en una década, ya que a los 73.000 del Frob y el Fondo de Garantía se les suman otros 20.141 y 14.312 de cada una de esas entidades, según el Tribunal de Cuentas, que añade al cálculo 9.801 del Banco de España y 83.683 más inyectados en las entidades mediante aportaciones de capital y esquemas de protección de activos, otros 2.194 para dotar de liquidez al Sareb o banco malo.

Completan la cuenta 85.965 millones en avales para que bancos y bajas acudieran a las subastas de liquidez, la práctica totalidad de los cuales han sido recuperados; los 43.476 que alcanzó la deuda viva del Sareb, que recibió 42.170 en “aportaciones públicas a su fondo patrimonial”, y los 19.300 con los que fue dotado en 2009 el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF), que operó con más de medio centenar de entidades.