El Gobierno del PP no ha puesto en servicio un solo kilómetro de carreteras o autovías en 24 de las 50 provincias españolas desde que accedió al poder a finales de 2011, cinco años en los que la inversión en infraestructuras de comunicación terrestre ha sufrido un desplome histórico y paralelo al aumento de la siniestralidad viaria.

Según consta en una respuesta parlamentaria al diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, esa ausencia de inversión en carreteras entre 2012 y 2016 se ha producido en seis comunidades autónomas completas (Euskadi, Canarias, Extremadura y las uniprovinciales Baleares, Madrid y Navarra) y en otras siete de manera parcial, como ocurre con las provincias andaluzas de Almería y Huelva; las castellanoleonesas de Ávila, Palencia, Salamanca y Segovia; las castellanomanchegas de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara; las gallegas de Ourense y Pontevedra, más Barcelona, Teruel y Valencia, además de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Las únicas comunidades cuyas infraestructuras viarias se han librado de la tijera han sido las uniprovinciales de La Rioja (28 kilómetros de autovía en tres tramos) y Cantabria (38,5 en cinco).

La puesta en marcha de carreteras y autovías en esos cinco años arroja un balance de 668,3 kilómetros, menos de la mitad de los ejecutados en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, que rondó los 1.400 antes de la paralización generalizada de obras con los recortes de 2010.

Casi la mitad, en año electoral

Esa cifra, que arroja una media de 133,6 kilómetros tiene, además, varios matices. Uno consiste en que las obras de buena parte de los 194,7 kilómetros anotados en 2012 estaban prácticamente finalizados al terminar la legislatura anterior.

Por otro lado, la lista incluye ‘trampas’ como anotar en 2013 un tramo de 1,9 kilómetros de la M-23, el acceso sur al aeropuerto de Málaga, y apuntar al siguiente la misma longitud en sentido contrario, cuando una autovía no se considera terminada sin que la calzada esté completa en ambos sentidos. El listado, por otra parte, contiene errores de bulto como situar en Girona el tramo de la A-27 que conecta las localidades tarraconenses de El Morell y Valls y la variante de esta última.

El ritmo inversor, que fue registrando altibajos al caer a 109,4 kilómetros abiertos en 2013 y reducirse de nuevo a 89,5 al año siguiente antes de repuntar hasta 260,5 en 2015 (año electoral), sufrió un espectacular desplome el año pasado, en el que la puesta en servicios de carreteras estatales y autovías se redujo a 14,2 kilómetros en todo el país: 9,1 en la BU-30 entre Villalbilla de Burgos y Quintanadueñas y 5,1 en los accesos al puerto exterior de A Coruña, a los que se suma el paso inferior de Conxo, en Santiago de Compostela.

Las ciudades del cambio

Esos datos revelan la coexistencia de tendencias como la ausencia de inversiones en comunidades en cuyo gobierno autonómico el PSOE relevó al PP en 2015, caso de Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra o Canarias (aunque también se produjo en otra que retuvo, como Madrid, y en una a la que nunca ha optado, como Euskadi), con la concentración del escaso gasto del último año en otras gobernadas por los ayuntamientos del cambio, como A Coruña y Santiago, donde las mareas gallegas desplazaron a los conservadores.

Esta ausencia de inversiones en la mitad de las provincias ha sido paralela al desplome del gasto en obras de mejora y mantenimiento de firmes y en señalética. “Se niegan a responder a esta cuestión”, indica el diputado, al que el ejecutivo solo ha facilitado datos presupuestarios pero no de ejecución.

Y también ha sido simultánea al aumento de la siniestralidad, que se ha disparado hasta el punto de que el fiscal de sala de Seguridad Vial del Supremo, Bartolomé Vargas, calificara de “alarmante punto de inflexión” el repunte de los accidentes registrado en 2016.

“No hay inversión”

“No hay inversión en carreteras, y ese es uno de los factores que explica el aumento de la siniestralidad”, señala Heredia, que califica de “raquítica” la actuación en esta materia del Gobierno, al que va a dirigir una batería de iniciativas para que explique los motivos de ese desplome.

Heredia, que reclama al ejecutivo “que aclare plazos, fechas y cantidades para ese plan extraordinario de colaboración público-privada para construir 2.000 kilómetros de carreteras hasta 2021” que anunció hace en julio su presidente, Mariano Rajoy, critica también los efectos de ese recorte de la inversión en la economía española, en la que “una inyección en obra pública serviría para mejorar las cifras de empleo”.

La construcción de un kilómetro de autovía tiene en España un coste medio de 6,2 millones de euros, y cada uno de esos millones, según distintos estudios, genera más de una decena de empleos. Aunque también existen estimaciones, como la presentada en julio por Rajoy y su ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que sitúan ese ratio por encima de los 35: aseguraron que ese programa público-privado, presupuestado en 5.000 millones de euros, permitiría crear 189.200 puestos de trabajo.