Rajoy niega a Tsipras el respiro que a él sí le dio la Unión Europea

MADRID.- El Gobierno español se está destacando como uno de los más intransigentes de la Unión Europea frente al respiro que ha pedido Alexis Tsipras, líder de Syriza y claro vencedor de las últimas elecciones griegas.

Mariano Rajoy pretende que éste acepte una prórroga del último rescate en las mismas condiciones pactadas por su antecesor, el conservador Antonio Samaras, y en todo caso negociar luego. Es la misma postura que mantienen la canciller alemana, Angela Merkel, y el máximo responsable del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. Francia a Italia, donde gobiernan los socialdemócratas, son partidarios, en cambio, de dar margen a Grecia para evitar una eventual ruptura que desestabilizaría al euro.

Esta dureza de Rajoy contrasta con el trato benévolo que él mismo solicitó al resto de los países de la Unión Europea cuando llegó al poder en diciembre de 2011 y se sintió incapaz de conseguir para el año siguiente el objetivo de déficit público fijado por Bruselas.

Durante el mandato de Zapatero, España se había comprometido a que el desfase entre ingresos y gastos no superara el 4,4% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2012, dentro del programa de consolidación fiscal impuesto a toda la zona euro como instrumento para luchar contra la crisis. El nuevo Gobierno del PP, sin embargo, dijo que no podía cumplir ese objetivo por culpa de la desviación que había heredado y lo subió al 5,8%.

Reticencias comunitarias

El Eurogrupo rechazó la idea y exigió a Rajoy que, como mínimo, recortara medio punto adicional, haciendo los sacrificios que fueran necesarios para ello; pero finalmente el déficit público se fue durante ese ejercicio al 6,92%, unos 26.000 millones más de lo previsto en principio.

En el primer año del Gobierno de Rajoy, el déficit público se desvió en 26.000 millones pese a los recortes y la subida del IRPF y del IVA

Y eso a pesar de la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que el Gobierno del PP decidió en los primeros compases de la legislatura contraviniendo claramente sus compromisos electorales, junto con una oleada de drásticos recortes en servicios esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia, que había prometido no tocar.

El déficit público del 6,92% de 2012, además, no incluía la parte correspondiente al rescate de la banca, que se materializó en una línea de crédito de hasta 100.000 millones, de los cuales fueron utilizados algo más de 40.000 para tapar el inmenso agujero de las cajas de ahorros y en particular el de Bankia.

La Unión Europea, por insistencia Rajoy, hizo la vista gorda ante esta circunstancia, aunque las estadísticas oficiales de Bruselas relativas a 2012 atribuyen a España un déficit público del 10,6%, superior incluso al 9,6% que dejó Zapatero al abandonar la Moncloa, si se tienen en cuenta también las ayudas oficiales que a lo largo de su última etapa se concedieron al sector financiero. Bruselas, en medio de la negociación del rescate de la banca, aceptó dar un año más para alcanzar el déficit del 3%.

Nuevos incumplimientos

Al año siguiente, el Gobierno volvió a incumplir porque se quedó en el 6,62%, frente a un objetivo del 6,5%, y la diferencia no fue mayor gracias al comportamiento de las administraciones locales, que tuvieron un superávit del 0,41%, mientras que el Estado y las autonomías sobrepasaban el límite que se les había fijado en 29 y 21 décimas de PIB, respectivamente.

Para 2014, cuyo dato definitivo todavía no se conoce, el objetivo era del 5,8%, que es muy probable que se cumpliera, a la vista del déficit público acumulado hasta noviembre (4,8%), última información disponible por ahora. De todas formas, el programa de consolidación fiscal exigía inicialmente que el año pasado no se superarse el 3%, aunque hace tiempo que Bruselas renunció a ello.

La flexibilidad que los países de la Unión Europea tuvieron con las dificultades de España para cumplir sus objetivos de déficit público permitió que Rajoy dispusiera de unos 30.000 millones de euros más de los que hubiera tenido en el caso de que no se tocaran los objetivos. La cifra se eleva por encima de los 55.000 millones si no se excluyen las cargas derivadas del rescate de la banca.

Lo que Tsipras necesita para poner en marcha las reformas que puedan sacar de la UVI a la economía griega y restaurar unas mínimas condiciones de subsistencia para sus ciudadanos es un crédito-puente de entre 10.000 y 20.000 millones.