@vicente_clavero

MADRID.- Nunca es buen momento para estar en paro, pero éste es aún peor. El Gobierno gasta en protección al desempleo la cifra más baja desde el inicio de la crisis. Otro tanto ocurre con el número de beneficiarios. Y ello a pesar de que hay casi un millón más de personas sin trabajo que hace ocho años.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las prestaciones que reciben los parados costaron 1.471 millones de euros en octubre. Eso supone un descenso del 9,7% respecto al mismo mes de 2015 y nada menos que del 26,6% en comparación con 2008, con el estallido de la crisis financiera.

El año que registró un mayor gasto del Gobierno en desempleo fue 2012, cuando se alcanzaron los 2.643 millones de euros. A partir de entonces, la cifra empezó a caer hasta tocar suelo en octubre de 2016. El descenso durante este tiempo fue del 44,4%, muy superior al experimentado por el paro.

Entre octubre de 2012 y octubre de 2016, el número de personas registradas en las oficinas del SEPES (antiguo INEM) bajó de 4.833.521 a 3.764.982. En términos relativos, eso equivale a una caída del 22,1%; es decir, menos de la mitad de la que registró entre ambos meses el gasto en desempleo.
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Igual de dramáticas son las cifras per cápita. Al comenzar la crisis, en octubre de 2008, el Gobierno dedicaba a protección 710,88 euros por parado. A lo largo del mismo mes de este año, destinó a tal fin 390,78 euros, lo que supone un recorte del 45,1%.

También ha caído significativamente el número de beneficiarios, que apenas representan ya un 54,1% del total de desempleados inscritos en el SEPES, muy por debajo del 72,86% del inicio de la crisis. En octubre cobraban alguna prestación 62.156 personas menos que en 2008, pese a haber 946.956 más sin trabajo.

El gasto medio por beneficiario no se ha librado del descenso del presupuesto consagrado a protección por desempleo. Si en octubre de 2008 fue de 1.063,4 euros, en octubre pasado se quedó en 786,3, con una rebaja del 26,1% en ocho años.

El endurecimiento de las prestaciones durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, el paro de larga duración y las peores condiciones laborales de los nuevos contratos de trabajo figuran entre las principales causas de esta situación, según los expertos.