PSOE y Unidas Podemos, los dos integrantes del Gobierno de coalición, han dejado traslucir en la última semana sus diferencias respecto a importantes cuestiones: la semana laboral de cuatro días, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la paralización de los desahucios y la reforma de las pensiones. Respecto a este último asunto, el de las pensiones, las discrepancias entre los dos socios de Gobierno se han ensanchado en los últimos días.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, insistió de nuevo ayer en la posibilidad elevar de 25 a 35 años el tiempo de cotización que se utiliza para calcular la cuantía final de la pensión. Esa propuesta ya la llevó Escrivá, para quien la reforma de las pensiones es prioritaria, a la comisión delegada de Asuntos Económicos del Gobierno el pasado viernes aunque aún tiene por delante una larga negociación con los agentes sociales e incluso dentro del propio Gobierno de coalición. Los sindicatos ya se han mostrado en contra de esa medida; también Podemos, partido para el que la propuesta de elevar el tiempo de cálculo de las pensiones no está en el acuerdo de Gobierno.

Las recientes recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el pasado mes noviembre no se refieren expresamente a la posibilidad de elevar el periodo de cotización sobre el que se calcula la pensión –desde 2013 y en virtud de lo establecido en la reforma de 2011 está subiendo progresivamente de 15 a 25 años, a razón de un año por cada año–, pero sí que aconsejan "evaluar" la decisión adoptada en 2011 "en función del tipo de carrera profesional del trabajador".

En ese sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también insistió ayer en​ que la intención del Gobierno –al menos de la parte socialista– es cumplir las recomendaciones del Pacto de Toledo. Desde Podemos, su portavoz, Isa Serra, fue cristalina en su réplica sobre el aumento del tiempo para calcular la pensión: "Esperemos que no se pretenda llevar a cabo por parte del PSOE". 

Serra añadió, además, que esa medida "no va en la buena dirección" recordando que el acuerdo de Gobierno firmado en enero de 2020 con el PSOE no contempla medidas de estas características.

Serra dijo que para su partido "es fundamental garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas", como se ha hecho con las subidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado. Pero, respecto al tiempo de cómputo, recalcó que "todo lo que sea ir hacia atrás no está basado en el acuerdo de Gobierno al que llegamos el PSOE y Unidas Podemos y no es la buena dirección".

Los sindicatos también están en contra. "No lo aceptaremos", dijo el lunes, tajante, el líder de UGT, Pepe Álvarez. Desde Comisiones Obreras (CCOO) refrendan esa oposición: "Esperemos que no se lleve como propuesta a Bruselas". 

Este martes Pepe Álvarez ha vuelto a posicionarse en contra de ampliar a 35 años el periodo de vida laboral necesario para calcular la futura pensión y ha recordado que esa medida supondrá una rebaja en la cuantía en las pensiones, a las que España destina "muchísimo menos que otros países de la UE". 

Álvarez también ha reprochado al Gobierno que aún no se haya dirigido a los agentes sociales y ha lamentado tener que enterarse por la prensa de la propuesta del ministro: Es absurdo que las propuestas que tienen que llevar a mesa diálogo social que desarrolla los acuerdos del Pacto de Toledo las conozcamos por medios de comunicación", ha dicho en una entrevista en Antena 3. 

Álvarez ha señalado, además, que UGT está dispuesto a dialogar en el marco del Pacto de Toledo, pero añade que éste "no es un buen comienzo". Porque ahora toca negociar: deben hacerlo los dos socios de Gobierno entre sí y luego con los agentes sociales. El acuerdo se antoja muy difícil, pero lo que es seguro es que la reforma de las pensiones va a estar permanentemente encima de la mesa.