"Se van a generar transferencias de rentas de las empresas y las familias al sector financiero, y eso va a afectar negativamente al empleo y al consumo, ya que en España la actividad y la creación de empleo están muy ligadas a los bajos tipos de interés", tendencias que se ven amplificadas por otras como que, en un país en el que casi el 60% de la economía depende del gasto de los hogares, se esté dando "una caída de las rentas por la vía de la subida de los precios, que es del 10,8% a nivel general pero mayor para los bienes de primera necesidad, y eso lo sufren las familias", con mayor intensidad cuanto menor es su renta, explica el economista Carlos Sánchez Mato.

La combinación de una inflación creciente, cuya tendencia alcista del 10,8% en un año supone una magnitud desconocida desde 1984, con una congelación de hecho de los sueldos, ya que se han revisado los de menos de la mitad de los asalariados y apenas el de uno de cada siete sube por encima del 2,5%, mas los efectos previsiblemente restrictivos para la actividad del tejido productivo y el comercial que va a tener la subida de los tipos de interés decretada para a partir 1 de agosto por el BCE (Banco Central Europeo) suponen una confluencia de factores de claros perfiles recesivos cuya cronificación entraña un horizonte de escasez y de desplome de las rentas para las clases trabajadoras. 

Los registros del IPC (Índice de Precios de Consumo) del mes de julio que este viernes ha hecho público el INE (Instituto Nacional de Estadística) muestran un escenario en el que los bienes y servicios básicos lideran el alza de los precios: el encarecimiento en los últimos doce meses de los alimentos (13,5%) y del transporte (16,2%, aunque cae tres puntos en un mes) superan con claridad del 10,8% del conjunto del consumo de las familias, una tasa que duplica con creces la de la vivienda (23%) y los servicios relacionados con esta, entre los que tienen un peso especialmente destacado los suministros de electricidad y de gas.

Nada apunta a que esas tendencias vayan a cambiar a medio plazo, ya que la inflación subyacente mantiene una línea ascendente que acaba de romper la barrera de los seis puntos, algo que no ocurría desde enero de 1993, hace casi treinta años.

Ese indicador, que excluye las variaciones de la energía y de los alimentos sin transformar, tienda al alza cuando estos se encarecen y esas subidas se trasladan al conjunto del tráfico comercial al asumir sus impactos en el transporte y en las distintas cadenas de distribución.

Cuando los precios no bajan aunque sí lo haga lo que los subió

Sin embargo, en esta ocasión eso no está siendo del todo así, ya que el barril Brent de petróleo lleva todo el mes de agosto cotizando por debajo de los cien dólares que alcanzó al comenzar la guerra de Ucrania, aunque sigue 45 por encima del precio de hace un año, y tanto el diésel como la gasolina están menos caros que antes de la invasión, algo que ya comienza a trasladarse a las gasolineras, mientras, por el contrario, el precio del gas natural se ha duplicado con creces en los últimos doce meses.

Paralelamente, mientras materiales como el acero cotizan a la mitad que hace un año y, según los datos del Ministerio de Agricultura, la mayoría de los cereales y las frutas y algunas hortalizas y carnes llevan semanas abaratándose, algunas materias primas clave de los mercados alimentarios globales como el maíz y el trigo han visto caer su precio a la mitad del que alcanzaron al comienzo de la guerra y de las maniobras especulativas que se desataron a su socaire, en este caso con el arroz, que se ha encarecido un 14%, como contrapunto.

La combinación de esos datos, junto con otros como los que ofrece el PIB, vienen a ratificar que el principal motivo del alza de precios en España se encuentra en una cascada de decisiones empresariales para mantener los márgenes (y con ellos los beneficios) a base de subir los precios en la mayoría de los sectores, con el energético a la cabeza y los demás tras él, en una correlación que deja de darse cuando las cotizaciones comienzan a bajar en origen.

Esos niveles de aumento de precios, que suponen un caso palmario de 'inflación de segunda ronda' aunque no por el flanco de los salarios sino por el de la oferta, están provocando una pérdida de poder adquisitivo generalizado en las rentas que, según se utilice como referencia el IPC interanual o su media de los últimos doce meses, alcanza horquillas del -7,8% al -4,78% en las pensiones no contributivas, del -8,3% al -4,68% en las contributivas, del -8,24% al -4,92% en los salarios negociados y del -7,18% al -1,92% en el SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

Los lánguidos registros de la negociación colectiva

Resulta llamativo que la mayor pérdida de poder adquisitivo se esté concentrando en los salarios negociados, un ámbito plagado de matices en el que el principal lo constituyen las propias cifras de negociación colectiva: en lo que va de año se han negociado convenios que afectan a 6,87 millones de trabajadores en un país con 14,96 de asalariados, con lo que la pérdida de poder adquisitivo para los 8,1 a los que no les afectan las decisiones de esas mesas alcanza el 10,8%, es decir el total de la inflación.

Más de diez millones de asalariados ya sufrieron esas congelaciones de sueldo el año pasado.

Los 8,1 asalariados sin nuevo convenio de este año no son, por otra parte, los únicos que se ven en esa situación, ya que no se han pactado subidas para otros 216.606, lo que, cuando menos en los primeros siete meses del año, reduce a 6,6 millones los que han visto mejorado su salario en mayor o menor medida.

La media de las revisiones es del 2,56%, aunque con una escala que deja los aumentos de otros 4,45 millones de trabajadores por debajo del 2,5%, lo que conlleva una pérdida mínima de poder adquisitivo de más de siete puntos en términos interanuales y de más de cuatro y medio en los de media.

Solo otro medio millón de empleados se acerca al 3% mientras los 1,7 millones restantes superan el 5%, un crecimiento que, en el mejor de los casos, ni siquiera alcanza para enjugar la mitad de la inflación.

Con los sindicatos convencidos de que "la conflictividad está asegurada mientras las patronales sigan recomendando congelaciones y subidas leves", y con las organizaciones empresariales reacias a subir los salarios por las exigencias de remuneración del accionista derivadas de la creciente financiarización de la actividad, a este previsible foco de tensiones sociales pude añadírsele otro en función de cómo manejen la revisión de las pensiones el Gobierno, sus aliados y Bruselas.

Con una pérdida de poder adquisitivo de entre casi cinco y más de ocho puntos, las normas de actualización de las prestaciones conllevarían a fecha de hoy una subida de algo más del 7% que elevaría en casi 11.000 millones de euros la nómina de más de 150.000 que este año supone ese capítulo, algo que puede a complicar, o no, la cuadratura de los PGE en un Estado que acumula 1,4 billones de deuda cuyos intereses están comenzando a subir y en el que los principales partidos han acordado elevar hasta los 28.000 millones en ocho años (a 2.500 por año) el gasto militar.

Cualquier decisión en ese ámbito afecta a un colectivo de más de nueve millones de personas en el que, según los datos de la Seguridad Social, un 55,4% (4,96 millones) recibe menos de mil euros mensuales y dos de cada cinco subsisten por debajo del umbral de la pobreza.

¿Repetir el error de la crisis iniciada en 2008?

El factor que cierra las bases de la ‘tormenta perfecta’ de la merma de las rentas y el freno a la actividad económica es la subida de los tipos de interés, que va a dificultar la financiación de las empresas y con mayor intensidad si se cumplen los anuncios de nuevos encarecimientos del acceso al dinero en los próximos meses tras el del 0,5% que entró en vigor el 1 de agosto.

La deuda consolidada del tejido productivo y comercial español alcanzaba, según los datos del Banco de España, los 962.000 millones de euros al cierre de 2021, un volumen superior en algo más de un tercio a los 704.000 de las familias, en cuyo caso la mayor carga se encuentra en el flanco hipotecario, en el que el euríbor lleva ya unos meses subiendo.

"Las políticas monetarias crearán problemas a los oligopolios que se encuentran en el origen de la espiral de precios, pero se los van a crear en mayor medida a la familia que está pagando una hipoteca y a la pyme que había planificado su crecimiento en un escenario de tipos bajos", señala Sánchez Mato, que llama a atención sobre otra previsible víctima propiciatoria de esas decisiones del BCE y de otros bancos centrales, en este caso más agresivos incluso como la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra.

"Han hecho coincidir la subida de tipos con la decisión de no comprar más deuda pública, cuando esta había estado creciendo para mantener la actividad privada, con lo que van a aumentar el coste de las dos", reflexiona el economista, que recuerda que "si la economía hubiera estado fuerte no habría sido necesario mantener una década los tipos bajos. El crecimiento de estos años no era sano, sino que tenía que ver con esos estímulos".

En este sentido, resume, "la UE no ha querido actuar sobre los mercados monopolísticos, que son los que han creado esta situación" de carestía, mientras que, por el contrario, "han decidido de nuevo que los efectos de los ajustes recaigan sobre los más débiles. Se están anticipando algunos tambores de recesión, y deciden subir los tipos de interés y reducir la renta de las familias: ese fue el error de Jean Claude Trichet de 2010 a 2012, y lo pagamos caro".