Este artículo se publicó hace 4 años.
Precios abusivos del alquilerEl Sindicato de Inquilinos presenta una demanda "única e inédita" contra las cláusulas abusivas de Blackstone
La organización explica que el objetivo de los grandes fondos buitre es "subir los alquileres todo lo posible para aumentar sus beneficios, inflar al alza los precios del mercado artificialmente y conseguir que se revaloricen sus activos".
Pilar Araque Conde
Madrid-Actualizado a
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha presentado este miércoles una demanda colectiva "única e inédita en España" contra el grupo societario Fidere, propiedad del fondo buitre estadounidense Blackstone. La organización espera que el fondo de capital rinda cuentas ante la Justicia "sobre sus prácticas abusivas en los contratos de alquiler que obligaba a firmar a sus inquilinas".
Son 75 las familias que se unen a esta demanda colectiva, que cuestiona la práctica llevada a cabo por el fondo buitre de realizar contratos de adhesión donde el inquilino solo tiene dos opciones: adherirse a la propuesta en su integridad o rechazarla. "Esta forma de contratación da pie a numerosos abusos por parte de los especuladores inmobiliarios profesionalizados en el alquiler, que imponen sus condiciones cada vez más abusivas", recuerda el sindicato.
Asimismo, la organización explica que el objetivo de los grandes fondos buitre desde que llegaron a España en 2013 es "subir los alquileres todo lo posible para aumentar sus beneficios, inflar al alza los precios del mercado artificialmente y conseguir que se revaloricen sus activos".
El sindicato, junto a 75 familias víctimas de estas prácticas, llevan ante la Justicia al fondo Blackstone "ante la inactividad del Gobierno, que sigue premiando a los fondos con privilegios fiscales y protegiendo sus modelos de negocio rentistas mediante microcréditos que asfixian al inquilinato como hemos visto durante la pandemia".
La organización denuncia que los inquilinos se vieron obligados a firmar entre 2016 y 2018 contratos con "cláusulas abusivas". Entre ellas: la totalidad de los gastos de la comunidad de propietarios e IBI deben ser sufragados por el inquilino, que también tiene obligación de contratar un seguro del hogar u obligar a los arrendatarios a renunciar al derecho de tanteo y retracto, un derecho histórico reconocido tanto en la LAU como en el Código Civil.
El sindicato y las familias han acudido este miércoles a la sede de Fidere para entregarles la demanda de forma presencial. "La han recibido con cierta sorna", ha explicado Elena Martín, miembro de la organización y una de las afectadas por el alquiler de uno de los pisos de Blackstone en Carabanchel (Madrid). "Vamos a estar enfrente. Vamos a luchar y no vamos a parar. Nos les tenemos miedo", ha señalado José Domingo Moreno, otro afectado de Torrejón de Ardoz.
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