Hay trabajadores a los que el ICO (Instituto de Crédito Oficial), que es la Agencia Financiera del Estado, debe hasta 24.000 euros. Si se suma entre todos, la cifra ya amenaza el infinito. Supera el millón de euros, porque desde 2014 el ICO no paga a 181 de sus 308 trabajadores, entre técnicos y administrativos, lo que corresponde a cada uno de ellos por ascenso de categoría profesional. Un sistema recogido en su Convenio Colectivo según el cual se produce “una evolución de la retribución de los trabajadores que superan una evaluación variable por objetivos” lo que significa que no es tan fácil.

Sin embargo, en el ICO ese ascenso no se paga en nómina en los tres últimos años, lo que ha puesto la paciencia del personal patas arriba. El resultado es que el martes ya se ha llegado hasta donde no se deseaba. Los trabajadores han convocado las primeras movilizaciones, entre las 11 y las 13 horas del próximo martes 7 de noviembre, en las que no sólo reclamarán su dinero. También algo más importante: “La vulneración de los derechos fundamentales y los derechos fundamentales no se negocian”.

Así lo explica Miguel Ángel Rozas, el delegado del Sector EPE (Entidades Públicas Estatales) del Sindicato CSIF en el ICO. Un hombre que reivindica un sindicalismo valiente con la mirada, acompañado por ese lenguaje de batalla, en el que no admite que existan "las causas perdidas". Ni siquiera en un caso como éste que a él, personalmente, no le afecta, "porque yo no he conseguido ese ascenso". Pero su vocación de sindicalista es sagrada "y no se puede vivir pacífico cuando ves que por ese motivo la empresa debe más de un millón de euros a los trabajadores y que no se no paga no porque no haya dinero, sino porque el Ministerio de Hacienda no lo autoriza. ¿No es un caso claro de vulneración de derechos humanos?", vuelve a preguntar en voz alta.

La respuesta del Banco del Estado es que, desde 2014, la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) dejó de dotar el 1% que hacía viable el sistema para conceder un 0,2% del presupuesto lo que no cubre de ninguna manera las necesidades del programa”. Una situación endemoniada que ha provocado denuncias de los trabajadores en los tribunales y ha habido casos como el de una técnica financiera que, después de gastarse más de 1.000 euros en abogados, ha ganado, “y eso que el ICO llegó a interponer recurso de suplicación al Tribunal Superior de Justicia”. Pero aun así la empresa tuvo que devolverle los 20.000 € que le adeudaban y su esperanza era que eso fuese “una invitación al ICO para resolver el problema con el resto de compañeros” y que no tuviesen que gastarse el dinero que se gastó ella en abogados.

Sin embargo, el tiempo ha pasado y la situación no ha cambiado. La paciencia respira a duras penas en la sede del ICO donde hasta se habla de “un caso de violencia económica” en el que él no tiene dudas. Incluso, en el mes de julio la Plataforma de Entidades Públicas, que da voz a un colectivo de 300.000 empleados públicos, se soliudarizó con los empleados del ICO. Solicitó una reunión con Álvaro Nadal, el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. No ha habido respuesta.

Así que el martes llegarán las primeras movilizaciones, que se trasladarán a las calles. Los trabajadores realizarán una manifestación desde la sede del ICO, en el Paseo del Prado 4 hasta la sede del Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá número 5 de Madrid. Y, al término de la manifestación, se hará entrega de un escrito en el Ministerio que refleje esas reivindicaciones, pues Miguel Ángel Rozas, el delegado de CSIF, lo tiene claro. “El problema no es la empresa. El problema no es el ICO, sino Hacienda la que no autoriza a pagar ese dinero. Ni siquiera ahora una vez que ha pasado la crisis”.