Miles de empleados de la Administración General del Estado (AGE), tanto funcionarios como interinos, se quedan sin acceder a un plan de pensiones impulsado hace ya casi dos décadas, y por lo tanto sin cobrar los cientos de euros, miles en algunos casos, que les corresponden de oficio ni beneficiarse de las desgravaciones en el IRPF que podrían generar sus aportaciones, por mero desconocimiento de su existencia. Se da así una situación paradójica, en la que BBVA está como depositario de un fondo que supera los 600 millones de euros, el grueso de ellos aportado por ministerios y agencias públicas, cuyo destino final sigue siendo un misterio, ya que la cifra de beneficiarios apenas supera los 2.000 (2.279) mientras la de partícipes, menguante también, no llega al medio millón (496.692).

"Es el partícipe el que tiene que iniciar las gestiones para el cobro de la prestación", indican fuentes de BBVA, que anotan que para eso los empleados públicos pueden contactar con el banco o la gestora (Gestión de Previsión y Pensiones, del mismo grupo bancario) tanto en las oficinas como por medios telemáticos.

En términos similares se pronuncian fuentes de Hacienda, que señalan que el plan "al ser del sistema de empleo es promovido por la Administración General del Estado y diferentes organismos y entidades dependientes de la misma y otros entes públicos, en favor de todos sus trabajadores", que añaden como canales de información para estos la web del propio programa y el Portal del Empleado Público.

En cualquier caso, los números indican que esos canales de información no están funcionando de manera fluida, ya que con una plantilla total de 516.400 miembros según los datos del propio Gobierno (incluye efectivos de Defensa y las Fuerzas de Seguridad, policías y guardias civiles) en la que entre 33.700 (2009) y 80.500 (2020) se encuentran año tras año por encima de la edad mínima de jubilación, según los registros de la EPA (Encuesta de Población Activa), la cifra de beneficiarios no pasó de los 14.000 en la primera década de funcionamiento y apenas supera ahora los 2.000 pese a la laxitud de los requisitos para ser partícipe: tener al menos dos años de antigüedad, ya sea como funcionario de carrera o como interino, personal laboral, contratado, eventual o alto cargo, y no haber manifestado la renuncia a serlo, según indican las especificaciones del plan.

"Lo han perdido por no haberlo reclamado"

"Ahí hay un dinero que es de los empleados públicos, pero se está despistando mucha gente y la Administración no se preocupa de difundirlo", explica Antonio González, representante de UGT en la AGE.

"Funcionarios que se han jubilado estos años lo han perdido por no haberlo reclamado", explican fuentes conocedoras de la gestión del programa, que recuerdan cómo la decisión de activarse como partícipe y de hacer aportaciones particulares fue elevada en los primeros años para ir decayendo después.

No obstante, quienes eran empleados públicos entre 2004 y 2012 y cumplen los requisitos tienen derecho a cobrar, como mínimo, las aportaciones de cien euros por cabeza que efectuó en Gobierno al comienzo del programa más las revalorizaciones derivadas de la gestión del fondo por esa cantidad sin necesidad de haber efectuado ingresos voluntarios.

El plan, un modelo con el que guarda similitudes el fondo estatal que impulsa el Ministerio de Inclusión para reforzar el sistema de pensiones, se puso en marcha dentro de los acuerdos laborales en la Administración del Estado firmados en 2003 por el Gobierno de José María Aznar y los sindicatos.

"La idea era muy buena, era una mejora retributiva en diferido. Se hizo para que cuando te jubilaras, si habías tenido una carrera de cotización larga, tuvieran en tu pensión un complemento de cien o doscientos euros", explica González.

Sin embargo, la cosa acabó por no cuajar por ningún lado. Por una parte, las administraciones dejaron de aportar fondos a partir de 2012, con el despliegue de las políticas austericidas de Mariano Rajoy, "con excepción de la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones, que realizó una aportación de 32.960,14 euros con cargo a los fondos adicionales de 2018, tras acuerdo en su ámbito de negociación colectiva, que se hizo efectiva en el ejercicio 2019", señala la memoria de 2020.

Y, por otra, los empleados públicos nunca destacaron por utilizar el fondo como instrumento de ahorro. Así, la memoria de 2012 califica de "cifra atípicamente elevada" los 1,77 millones de estos, que tuvieron su mayor registro en los 4,63 de 2019.

"El plan está muerto, porque la gente no hace aportaciones a nivel particular sino que prefieren en todo caso hacerlas en sus planes privados porque resultan más rentables", explica González.

Las ventajas fiscales de ingresar ahorros en este plan son las mismas que en los privados, una deducción en el IRPF de hasta 1.500 euros (2.000 el año pasado y 8.000 hasta 2020), aunque sin la posibilidad de comenzar a disponer del dinero a los diez años de haberlo ingresado sin necesidad de estar jubilado, ya que la certificación de la situación de retiro es un requisito paira pasar a ser beneficiario.

¿Quién tiene derecho a cobrar de ese fondo?

El derecho a cobrarlo se genera por el hecho de haber sido empleado de las administraciones que realizaron aportaciones entre 2004 y 2011, con independencia de haber sido funcionario, interino o laboral, siempre que se cumpla el requisito de haber trabajado para el Estado durante al menos dos años. A partir de ahí, es necesario haber realizado aportaciones particulares.

El derecho persiste aunque se haya dejado la AGE, ya sea por pasar al sector privado o por haber sido transferido el servicios a alguna comunidad autónoma. "Se tiene derecho a la parte correspondiente por los años trabajados, aunque se cambie de empleo", anota González.

Se pierde por fallecimiento, lo que deja fuera la posibilidad de legarlo como herencia o usufructo a otros miembros de la familia, un asunto sobre el que sigue habiendo lagunas en los planes de pensiones privados.

¿Cómo se gestiona el plan de pensiones?

El plan ha tenido una rentabilidad del 3,32% desde su puesta en marcha en 2004 hasta 2020, según recogen las memorias del mismo, que reseñan un carrusel de dientes de sierra en el último lustro, con un máximo del 7,83% en 2019 tras haber marcado un suelo del -3,67% el año anterior.

La gestora tiene invertido el 56,8% de la cartera de participaciones en renta fija, un 34,9 en variable y un 6.3 en "inversiones alternativas" al margen de bonos, acciones y divisas, con un 46% del total de sus intereses (111 millones) en la parte baja de las calificaciones crediticias (un 29,08% es A-) y un 41% (101) en la alta (AAA).

En 2020 los beneficiarios se distribuían entre 11.666 jubilados, 548 fallecimientos y 916 situaciones de dependencia, con tendencias a la baja en los tres casos.