La cronificación del desempleo entre los parados de mayor edad y la precariedad y la rotación de puestos de trabajo, especialmente entre los jóvenes, han dado un vuelco al sistema de protección social español y han hecho que ni siquiera dos de cada cinco inscritos en el Inem como demandantes de empleo cobren una prestación derivada de su cotización salarial. El resto se ven obligados a acogerse a subsidios asistenciales.

Según la EPA (Encuesta de Población Activa) del INE (Instituto Nacional de Estadística), el paro se ha reducido un 41,2% desde que las variables macroeconómicas comenzaron a recuperarse en 2014. Entre diciembre de 2013 y junio de 2018, la cifra de desempleados pasó de 5,93 millones a 3,49. No obstante, el número de inscritos como demandantes de empleo en el Inem siempre fue menor: más de 1,2 millones de diferencia en 2013 y 328.000 en la actualidad.

Paralelamente, los datos del Ministerio de Empleo sobre prestaciones por desempleo indican cómo en ese mismo periodo de tiempo el número de beneficiarios de prestaciones y subsidios caía de 2,8 millones de personas a 1,8, un 37%.

Sin embargo, la misma fuente oficial indica cómo la llamada “tasa de cobertura”, que señala el porcentaje de inscritos como demandantes de empleo en las oficinas del Inem que reciben alguno de estos dos tipos de ingresos mantiene en ese mismo periodo una caída de cinco puntos (del 62,3% al 57,3%) pese a haber recuperado más de dos en el último año y medio. La tasa baja mucho más, hasta cinco puntos en la actualidad, si se calcula sobre el total de desempleados que registra la EPA.

Las series de datos del Ministerio de Empleo también revelan cómo a partir de 2009 el volumen de subsidios comenzó a superar al de prestaciones por cotización, una brecha ha crecido seis puntos en los últimos cinco años y medio, en los que estas últimas cayeron del 45,7% al 39,7%.

Eso, teniendo en cuenta la tasa de cobertura, significa que apenas uno de cada cinco desempleados recibe una prestación económica ligada a su cotización, algo más de uno de cada tres ingresa un subsidio de carácter asistencial y que más de dos están fuera del sistema de protección.

“Para muchos es muy difícil cotizar el tiempo necesario”

“Se está produciendo una cronificación del paro entre los de mayor edad, lo que hace que, pese a los recortes de 2012, aumente el número de los mayores de 55 años que acceden al subsidio”, explica el coordinador de la Secretaría de Empleo de UGT, Antonio González, que destaca al mismo tiempo el incremento de desempleados que se ven obligados a acceder a las ayudas por no tener suficiente tiempo cotizado.

“Eso está relacionado con la rotación de trabajadores precarios en las empresas y la duración cada vez más corta de los contratos, el 25% de los cuales dura menos de una semana –señala-. Eso hace que para mucha gente sea muy difícil sumar el año cotizado que da derecho a la prestación”.

Coincide con Carlos Bravo, de CCOO, que destaca que “la gente está entrando y saliendo del mercado de trabajo sin llegar a emplearse el tiempo suficiente como para cotizar por una prestación”.

Los datos confirman esas tesis. Por una parte, la EPA revela como la mitad del empleo creado en los últimos años es precario, con 720.000 nuevos puestos de trabajo eventuales o de jornada parcial.

Y, por otra, indican cómo, mientras el paro de larga duración (más de dos años) se ha reducido un 45% desde finales de 2013, al pasar de 2,31 a 1,27 millones de personas, el descenso ha sido de menos de la mitad (un 20%, de 608.600 a 487.100) entre el colectivo de desempleados de más de 50 años, que cada vez encuentran más dificultades para volver a colocarse.

Este colectivo ha pasado de suponer el 26% de los que llevan más de dos años buscando empleo al 38,3%, de uno de cada cuatro a casi dos de cada cinco.

Un millón de trabajadores no logra cotizar lo suficiente

Así, y aunque se está reduciendo la cifra de los que agotan la prestación, que tiene una cobertura máxima de dos años si se tienen seis cotizados, con una caída de 1,21 millones a 749.254 (38,2%) en dos años y medio, esas dos tendencias están provocando un incremento constante de las solicitudes de subsidios entre los parados mayores de 55 años, que siguen creciendo pese a los recortes de 2012, y entre los que no han logrado cotizar el tiempo suficiente para acceder a una prestación contributiva, tal y como indican los datos del Ministerio de Empleo.

Las 142.458 altas en el primer grupo entre enero y julio y las 522.161 en el segundo indican que a fin de año pueden superar, respectivamente, los 250.000 y el millón.

El subsidio para mayores de 55 años es una ayuda mensual de 427 euros a los parados de esa edad que han agotado la prestación para la que el Inem exige tener cumplidos los requisitos para acceder a la jubilación, el principal de los cuales es tener quince años cotizados y que dos de ellos se encuentren entre los últimos quince de vida.

El volumen de beneficiarios cayó notablemente a partir de 2012, tras unos recortes que el Tribunal Constitucional corrigió parcialmente en julio. El Gobierno del PP elevó por decreto de 52 a 55 años la edad de acceso y limitó al 75% del salario mínimo interprofesional (7.726 euros en la actualidad) la renta familiar cuando antes ese tope era personal, además de obligar a jubilarse en la primera edad posible, lo que abocaba a miles de parados de larga duración a retirarse a los 61 con la pensión mínima. “Cada una de las dos primeras medidas expulsó a un 20% de los beneficiarios”, estima Bravo.

Contactos en la Mesa de Diálogo Social

Sin embargo, la cifra ha vuelto a aumentar como consecuencia de la cronificación del desempleo en ese tramo de edad, en un aumento que se ha acelerado desde que el Constitucional eliminó el requisito de la renta familiar y el acceso volvió a quedar supeditado a la personal. Y las 6.365 nuevas altas registradas en julio, cuando el tribunal emitió su fallo, superan notablemente a las del mismo mes de los tres años anteriores, en los que oscilaron entre 4.192 y 4.947.

“La gente va haciendo nuevas solicitudes conforme va conociendo la sentencia”, indica González, para quien “la prueba de la renta familiar resultaba especialmente sangrante para este colectivo, que apenas tiene posibilidades de recolocarse y que se enfrentaba a perder toda su carrera de cotización”.

La vuelta a la edad mínima de 52 años y la eliminación de la jubilación anticipada son dos de los primeros temas que ha tratado la Mesa de Diálogo Social entre el Gobierno y los sindicatos, aunque el primero, que se ha mostrado receptivo, no ha tomado todavía ninguna medida concreta. “Eso se debe corregir. Las tres medidas permitirían dar cobertura a unas 120.000 personas”, anota Bravo.