La pandemia del coronavirus incluye entre sus efectos secundarios el de actuar como una prueba del nueve de la fragilidad y la endeblez de la recuperación de la anterior crisis en el plano laboral: en menos de seis meses se ha llevado por delante dos tercios del precario empleo creado en los seis años de ‘brotes verdes’, entre finales de 2013 y 2019, y ha devuelto el desempleo a los registros que alcanzaba el los primeros años de la anterior crisis.

Los datos de empleo, paro y afiliación a la Seguridad Social que este miércoles hicieron públicos los ministerios de Trabajo y de Inclusión dejan pocas dudas sobre los grandes datos de los efectos de la covid-19 en el mercado laboral español: los 3,82 millones de parados en busca de un trabajo con los que se cerró el mes de agosto se sitúan entre los 3,62 y los 3,96 de los mismos meses de 2009 y de 2010, mientras las 1,7 millones de salidas del mercado laboral equivalen a dos tercios de los 2,6 millones de ocupaciones creadas en esos seis años.

Cogidos de manera aislada, los datos de agosto permiten lecturas positivas: los casi 30.000 nuevos parados suponen el menor aumento desde 2016 en el octavo mes del año, y los cerca de 7.000 nuevos afiliados marcan el cuarto incremento mensual consecutivo y el primero en agosto desde 2001. Eso es tan cierto como que la contextualización de esas cifras reduce su fulgor.

"Ha sido un agosto atípico. No se ha despedido a tantos trabajadores como otros años porque no han sido contratados", explica Lola Santillana, responsable de Empleo de CCOO, para quien "no hay nueva creación de empleo y se está perdiendo el grueso de la recuperación", de la que destaca la precariedad y la fragilidad de las ocupaciones creadas.

Básicamente coincide en el análisis con Funcas, el servicio de análisis de la Fundación de las Cajas de Ahorro, que estima que el 61% del empleo asalariado que se perdió con la pandemia sigue sin recuperarse, cifra en un 26,4% el recorte de la contratación y anota que la habitual "caída de la afiliación de gran magnitud" de agosto por "la destrucción al final de mes de muchos empleos estacionales" se ha visto este año sustituida por un incremento [de la afiliación a la Seguridad Social] "debida a la apertura progresiva de empresas que habían permanecido cerradas a causa de las restricciones impuestas para controlar la pandemia".

Esas reaperturas conviven, en cualquier caso, con la desaparición de más de 50.000 pequeños negocios en los últimos meses, mientras que las previsiones para septiembre apuntan a un aumento de 14.000 afiliados "por la contratación de nuevo personal en los centros educativos, en parte contrarrestada por la pérdida de empleo en los sectores asociados al turismo, por el fin prematuro de la temporada de verano".

Casi un millón de asalariados y autónomos en ERTE y cese de actividad
Paralelamente, la combinación de los datos de afiliación con los de los ERTE y el cese de actividad también retrotrae a los inicios de la anterior crisis, ya que la cifra de 18,79 millones de trabajadores activos, tras perder 525.165 en un año, se quedan en poco más de 17,8 si se le restan los 812.438 asalariados (el 24% de los que había en abril) y los 143.203 autónomos que tienen su ocupación suspendida, ya sea total o parcialmente.

Ese registro, como ocurría con el del paro registrado, se sitúa de nuevo entre los que se daban en los meses de agosto de 2009 (18 millones) y 2010 (17,71), a principios de la anterior crisis, o entre 2016 (17,69) y 2017 (18,3), en plena recuperación de las variables macroeconómicas.

Técnicamente, ni los ERTE ni el cese de actividad suponen la pérdida de empleos. Al contrario, fueron articulados para tratar de evitarla al asumir el Estado los costes salariales de las empresas y pagar a los afectados una prestación que sustituye a su salario.

Sin embargo, muchos de esos 955.000 asalariados y autónomos llevan hasta cinco meses y medio en esa situación, lo que no parece un indicio esperanzador sobre el futuro de su actividad. "Si no han salido del ERTE todavía, no creo que vayan a salir ya, salvo los que tengan una suspensión parcial del contrato", que solo son uno de cada cinco (165.598), señala Santillana.

En el aire el 80% del empleo creado en seis años en hostelería

Los datos del Ministerio de Inclusión cifran en 752.952 la pérdida de afiliados a la Seguridad Social vinculada a la pandemia y registrada entre el 12 de marzo y el 31 de agosto. El grueso de ellos (665.130, el 88,3%) eran asalariados y un volumen algo inferior (599.151, el 79,5%) se empleaban en el sector servicios.

La suma de esa destrucción de empleo con las más de 950.000 ocupaciones que permanecen total o parcialmente hibernadas en los ERTE y el cese de actividad supera los 1,7 millones de puestos de trabajo. Y eso equivale a algo más de dos terceras partes de los 2,64 millones creados entre 2013 y 2019, periodo en el que la cifra de ocupados pasó, según el INE (Instituto Nacional de Estadística), de 17,13 a 19,77.

Tanto la destrucción del empleo como la hibernación en los ERTE tiene su principal foco en el sector servicios, en el que destaca la afección en la hostelería, con 248.000 contratos suspendidos y 59.000 empleos perdidos, y en el comercio, con 107.000 y 59.000.

En el segundo de esos ramos se ha perdido o están en el aire algo más de la mitad de los puestos de trabajo creados en los seis años de la recuperación (318.300) y en el primero, más del 80% (374.300).

"Tenemos la oportunidad de aprender una lección"

La hostelería y el comercio, dos de los sectores en los que se centró la recuperación de empleo de los años posteriores a la crisis, "están altamente precarizados y tienen elevados niveles de rotación", denuncia Santillana, que añade que a menudo "los contratos son de jornada parcial y con menos horas de las que se trabajan en realidad". No se trata de los únicos ramos en los que eso viene ocurriendo con frecuencia en los últimos años.

"Tenemos la oportunidad de salir de esto aprendiendo la lección de que la gente necesita empleos dignos", señala.

Sin embargo, la sindicalista teme que la debacle laboral que sufre el país, que ha hecho que en sectores como los servicios haya más mano de obra disponible y mayor necesidad de emplearse, tanto para subsistir como para completar las bases de cotización que dan derecho a la prestación por desempleo, acabe intensificando la precariedad y la fragilidad del empleo que estaba comenzando a generalizarse en los últimos años.

La situación creada por el coronavirus está provocando la salida del mercado laboral de cientos de miles de trabajadores precarios, en un fenómeno que está teniendo especial incidencia entre las mujeres y, dentro de estas, entre las de treinta a cincuenta años. La precariedad de sus empleos está en la base de ese abandono.