Hace ya más de cuatro años que Josefa Hernández y Ricardo Rodríguez llevaron su pelea por una vivienda digna ante las Naciones Unidas. Para entonces, ellos y sus hijas menores habían sufrido tres intentos de desahucio tras ocupar un piso vacío propiedad de un banco. Hoy, con nueve tentativas de desalojo a sus espaldas, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de la ONU les han dado la razón, ha reprendido a España —y en concreto a la Comunidad de Madrid— por vulnerar su derecho a una vivienda adecuada y exige que se les indemnice económicamente por ello.

Según destaca la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que forman parte los afectados, esta es la octava "condena a España por parte de Naciones Unidas por vulneración de derecho a la vivienda", y subraya que las siete anteriores también han sido en la Comunidad de Madrid, a la que el Comité DESC reprende por denegar a la familia una vivienda social por el simple hecho de residir ocupando un piso.

Fue en 2018 cuando la familia recurrió al Comité DESC de la ONU para intentar que su tercer desahucio fuera suspendido. Lo consiguieron con la ayuda la abogada Alejandra Jacinto, entonces portavoz de la PAH y ahora diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Hoy, el caso ha sido continuado por el abogado Javier Rubio, excompañero de Jacinto en el CAES, que ha sostenido que este caso es " jurídicamente muy representativo de situación estructural de vulneración de derecho a vivienda en la Comunidad de Madrid".

Este comité de la ONU vela por el cumplimiento de un pacto internacional vinculante del que España es parte desde 2013. En concreto, este pacto rechaza los desalojos forzosos y obliga a las autoridades a facilitar una vivienda alternativa en caso de que se lleven a cabo cuando hay menores para evitar daños irreparables. En su caso, hubo tres peticiones de medidas cautelares por parte del comité para frenar su desalojo y garantizarles una vivienda adecuada.

Aquel fue un último recurso de una familia desesperada, con los padres en paro tras la gran recesión de 2018 y a la espera de una vivienda social que llevan solicitando sin éxito desde 2008. Su única alternativa, como la de otras muchas familias en su situación, fue ocupar una de las miles de viviendas que la gran oleada de desahucios hipotecarios había dejado en Madrid.

"En el momento extremo en que nos quedamos sin empleo, con 426 euros al mes, nos vimos contra la espada y la pared. La alimentación de nuestras hijas ya estaba en juego. Yo pensé como madre, jamás puse en balanza pagar alquiler o dar de comer a hijas. Y tampoco queríamos generar una deuda a nuestro casero", ha explicado Josefa durante la rueda de prensa de este lunes en el Consejo General de la Abogacía en Madrid, acompañada de portavoces de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, de Amnistía Internacional y del actor y director Juan Diego Botto, en cuya película En los márgenes actúa precisamente Richard.

Ocuparon la casa en 2015, y desde entonces siguen en ese pequeño apartamento del distrito de Villaverde. Hoy, el piso ya no es del banco BBVA; ha pasado a manos del fondo de inversión Cerberus, pero para Josefa, Richard y sus hijas nada ha cambiado: siguen esperando la próxima fecha de desahucio. "Esto que vivimos es un secuestro de vida, no tenemos vida, no podemos seguir estudiando ni trabajando, toda nuestra vida está en enfocada en conseguir una vivienda de alquiler asequible. Solo queremos salir de esta terrible situación", resumía Richard

"Con esta condena esperamos remover la conciencia, ver llegar a Ley de Vivienda y contar lo que ocurre en España. No se puede invisibilizar este hecho. Somo un ejemplo de familias venidas a menos socioeconómicamente, y tenemos que contarlo. No tenemos presente y el futuro es incierto.
¿Qué es lo que falla? ¿Qué se ha hecho para que un derecho se convierta en un delito? ¿No estamos volviendo locos como sociedad? ¿La política vive en otro mundo?", se pregunta Richard, al borde de llanto en la rueda de prensa.

Pese a sus reiterados intentos, nunca consiguieron negociar un alquiler social acorde a sus reducidos ingresos, ni con el banco ni con el fondo buitre. Si siguen en esa casa es gracias a varios dictámenes en su favor por parte del Comité DESC que la Audiencia Provincial de Madrid tuvo muy en cuenta para absolverlos parcialmente de un delito leve de usurpación.

Sin vivienda social por ser 'ocupas'

El tribunal consideró que su "estado de necesidad, debido a su precariedad económica" era "más grave que la lesión del bien jurídico protegido", es decir, la vivienda vacía de un banco. Suspendió temporalmente aquel desalojo y dejó a la familia exenta de abonar una multa. Pero seguían sin una vivienda que pudieran considerar segura y a expensas de nuevas órdenes de desalojo. En total han sorteado ya nueve intentos, y temen que cuando decaiga el Real Decreto del Gobierno para aplazar determinados desalojos por causa de la pandemia, la familia se quede en la calle.

La resolución definitiva del Comité DESC, a la que ha tenido acceso Público, llegó el pasado 9 de noviembre, después de que España recurriera una primera condena. Alegó que los derechos de esta familia no se han vulnerado, ya que reciben una renta mínima garantizada de más de 800 euros al mes, que disfrutan de sanidad y educación gratuitas y que los tribunales han aplazado sus desalojos hasta el momento. Además, contrapuso España, la familia contaba con asesoramiento de los servicios sociales.

Todas son razones tenidas en cuenta por el comité, pero aún así mantiene la condena porque no han recibido una vivienda pública ni por parte de la Comunidad de Madrid ni por la del Ayuntamiento a pesar de que la han solicitado numerosas veces y reúnen todos los requisitos. De hecho, el Comité critica con dureza que la Comunidad de Madrid haya denegado varias de sus solicitudes de vivienda de emergencia social alegando que la familia ocupa un inmueble ajeno.

La Comunidad de Madrid no admitió la solicitud de vivienda pública de la familia en noviembre de 2017 por esta razón, tal y como establece el Decreto 52/2016, de 31 de mayo, que especifica los requisitos para acceder a vivienda de emergencias social. Uno de estos requisitos es "no encontrarse ocupando una vivienda o inmueble sin título suficiente para ello y sin el consentimiento del titular".

El Comité DESC considera de que este requisito "puede perpetuar una situación ya precaria de personas en situación de necesidad", por lo que "es incompatible con la naturaleza del derecho a la vivienda adecuada". Recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid ya lo tuvo en cuenta cuando absolvió al matrimonio por el delito de usurpación y que sin embargo, esto les impide cualquier posibilidad de solicitar vivienda social. "Eso es un círculo vicioso. Cuando intentas superar esa situación de ocupación, el mercado libre de alquiler es inaccesible y la vivienda publica también, porque se niega incluso que pueda solicitarse", apostilla Rubio.

Entre sus recomendaciones, el comité de Naciones Unidas recuerda que ya ha señalado la incompatibilidad de este requisito en anteriores ocasiones y pide a España que modifique esa regulación autonómica a fin de ajustarla al Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales.