MADRID.- La Oficina Precaria, colectivo vinculado al movimiento 15M, ha conseguido regularizar la situación laboral de una treintena de becarios que han sido reconocidos como trabajadores asalariados tras las indagaciones de Inspección de Trabajo, que ha actuado a instancia de la Oficina, y que ha sancionado a varias empresas por tener en sus plantillas a becarios en fraude de ley, es decir, encubriendo puestos de trabajo. Así, la Inspección de Trabajo ha obligado a las empresas a pagar los salarios no percibidos por los becarios hasta la fecha. 

"Empresas de comunicación, venta al detalle y de servicios a terceros, entre otros casos, usan esta fórmula para tener empleados encubiertos, que cobran poco o no cobran y que no tienen derechos laborales", denuncia la Oficina Precaria, que explica que "una beca en fraude de ley" es aquella en la que el becario desempeña las funciones de otro trabajador y donde "no obtiene la formación que motiva la beca".

En este caso, la Inspección de Trabajo ha sancionado a las empresas porque entiende que el trabajo desarrollado por los becarios no cumplen los requisitos legales de las prácticas formativas: superan las horas permitidas por la Universidad, se suscriben con entidades no homologadas para la enseñanza universitaria o no están vinculadas a un proyecto de formación real.

"Desde la Oficina Precaria venimos denunciando las abusivas prácticas con las becas -prácticas curriculares y extracurriculares- desde hace más de año y medio y desde el principio hemos apostado por la Inspección de Trabajo y por las denuncias judiciales para reclamar laboralidad", asegura el órgano.

Código de buenas practicas

La Oficina Precaria se ofrece, a través de un formulario en su página web, para tramitar las denuncias a Inspección de Trabajo, de modo que se garantiza el anonimato del becario que denuncia su situación. La empresa no puede negarse a ser inspeccionada ni puede pedirle a sus becarios que no hablen con los inspectores de trabajo.

Desde la Oficina Precaria están trabajando con colectivos universitarios y en 2015 van a reclamar a las universidades que cumplan con un código de buenas prácticas, para asegurar de que las becas cumplen su función.

"Las becas de formación en fraude de ley son una forma de educar en la precariedad a quienes entran en el mercado de trabajo y no perjudican sólo a quienes las sufren, también presionan a la baja el poder de negociación del resto de los trabajadores -y por tanto sus salarios y sus condiciones laborales- por eso es prioritario frenar esta forma de subempleo y apostar por una inserción laboral de calidad, también para los jóvenes", sentencia la Oficina.