El mar que rodea el Obispado de Cádiz, que también es de Ceuta, anda muy agitado. Y no es porque sacuda con fuerza el viento de Levante. Desde 2013, tras hacerse cargo de la diócesis el obispo Rafael Zornoza, ya ha sido despedida una veintena de empleados, según extrabajadores y organizaciones laicas y de cristianos de base, que se lamentan de que la Iglesia funcione como una "mala empresa neoliberal", ajustando plantillas para ahorrar costes y cambiar dinámicas en la provincia con las tasas de paro más altas de España con unos índices cercanos al 30%.

La última, hasta el momento, ha sido Mari Carmen Amigueti. Licenciada en Económicas, llevaba 18 años trabajando en el Obispado, hasta que en octubre fue despedida. El pasado 3 de junio tuvo lugar la vista oral en el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz, aunque el Obispado intentó que no llegara a celebrarse ofreciendo un acuerdo en el que reconocía un despido improcedente y ofrecía a la demandante más de 50.000 euros como indemnización, unos 6.000 más de lo que le correspondían por ley, según ha asegurado la trabajadora a Público.

Y la sentencia del juicio ha sido dictada en sólo una semana. El titular del juzgado, Francisco de Borja Derqui-Togores, ha declarado nulo el despido de Mari Carmen Amigueti, al considerar que es producto de un "acto de represalia empresarial" del Obispado contra esta trabajadora que había demandado previamente a la entidad por modificar sus condiciones laborales. En el fallo, contra el que cabe recurso, se subraya que "no existe el más mínimo motivo que pudiera explicar alguna motivación de un despido sin causa alguna que lo justifique, después de casi 20 años de prestación de servicios", por lo que ordena la readmisión de esta empleada y el abono de los salarios dejados de cobrar desde su despido.

Pancarta

Y éstos son los antecedentes del caso que puede convertirse en la caja de Pandora: Mari Carmen Amigueti dice que nunca había tenido problemas en el trabajo hasta que llegó a la diócesis gaditana en 2011 Rafael Zornoza, que venía de desempeñar el cargo de obispo de Getafe. Ella trabajaba en el departamento de administración del Obispado, llevando la gestión de la contabilidad de las parroquias, los impuestos y otros temas relacionados con su licenciatura universitaria, la misma labor que había desempeñado con el anterior obispo, Antonio Ceballos. Pero todo empezó a torcerse, precisa, cuando la cambiaron a la delegación de Enseñanza de la diócesis, primero en un mostrador para controlar el acceso a las oficinas y luego en el área de coordinación de los profesores de religión.

A eso se añadió luego una nueva jefa en su departamento con planteamientos más estrictos y la implantación de un severo sistema de control diario de horarios, tareas y resultados establecido por la dirección del Obispado, siguiendo los cánones de la empresa privada moderna. Y después vino una sorpresiva modificación del horario (de continuo a partido toda la semana), que esta empleada acabó denunciando en el juzgado por cambio de las condiciones de trabajo, caso que perdió entonces y que ahora esgrime el titular del Juzgado de lo Social 3 para considerar nulo su despido por "represalia empresarial".

"Después de haber perdido la demanda por el cambio de horario, empezaron a decirme que me fuera, que cogiera la indemnización a la que me pedía acoger, según decía el juez en la sentencia (14.684 euros), y ya comenzaron a tratarme mal por haberlos denunciado y eso", recuerda Carmen Amigueti.

El conductor del obispo

Su caso ha afectado, además, a su marido, que trabaja como conductor del obispo de Cádiz desde hace 20 años, que fue delegado de personal del Obispado, con CCOO y UGT, hasta 2015 y que se encuentra de baja desde octubre a causa de una crisis de ansiedad que le sobrevino por la situación laboral que estaba atravesando su mujer. Pero antes él ya había recibido un golpe en primera persona. En noviembre de 2017, unos 20 días antes del juicio de su esposa por el cambio de horario, fue sancionado por el ecónomo con una falta grave (4 días de empleo y sueldo) por haber llevado en el coche oficial de la diócesis, además de al obispo, a su mujer, que iba a un acto con profesores de religión en Algeciras, algo para lo que, según ella, tenía autorización, ya había hecho otras veces y a lo que no se opuso el propio obispo ese día.

Catedral de Cádiz

El juicio por esa falta grave, celebrado un mes después del despido de Carmen Amigueti, fue favorable al conductor del obispo y tuvieron que devolverle el importe de la sanción impuesta, según su mujer, que asegura que durante la etapa que ella vivió del anterior obispo (una década) no se produjeron despidos ni se abrieron expedientes como los que se están registrando ahora.

Pero el caso de este matrimonio no es el único. Diversas fuentes consultadas estiman que en torno a veinte empleados del Obispado y de Cáritas han sido despedidos desde 2013, la mayoría tras más de diez años trabajando en la diócesis. En algunos casos, los afectados han obtenido sentencias favorables en los juzgados por despido improcedente y en otros llegaron a acuerdos previos con la empresa como el que se intentó con Carmen Amigueti reconociendo un despido improcedente y abonando una indemnización por ello.

El Obispado, sin embargo, preguntado al respecto por este periódico, no ha querido hacer ningún tipo de declaración sobre la razón de los despidos, el número de trabajadores afectados, las sentencias de los juicios celebrados, las cantidades que ha debido abonar en concepto de indemnización o las que ha ofrecido para intentar resolver el litigio antes de entrar en la sala de vistas. Nada. Silencio absoluto.

Quien sí habla es Francisco González, profesor jubilado, expresidente de Cáritas en Cádiz e integrante del Grupo Cristiano de Reflexión y Acción, un movimiento laico que ha asistido a varios de esos juicios por despido para apoyar a los trabajadores: "Estamos ante un concepto ideológico de interpretar la Iglesia desde una perspectiva neoliberal y capitalista".

A juicio de Francisco González, el obispo Rafael Zornoza se muestra muy indiferente a la realidad de una diócesis que sufre como ninguna otra en España el azote del paro y la pobreza, muy al contrario de lo que hacía su antecesor, Antonio Ceballos, que siempre se mostraba muy preocupado por la situación de Astilleros y Delphi, pulmones económicos de la bahía gaditana, y las dificultades en toda la provincia. Carmen Amigueti también recuerda la cercanía del obispo Ceballos, que asistió a su boda, la de dos simples empleados de la diócesis.

"Estamos totalmente desconcertados con todo lo que está pasando. Esto es un desastre. Y hay mucho silencio", se lamenta el representante del Grupo Cristiano de Reflexión y Acción, que asegura que hay también "mucho temor" entre trabajadores que no quieren ir a declarar a los juicios o a denunciar su situación por lo que pudiera pasarles.

Pero no sólo los grupos laicos de cristianos de base han levantado la voz contra la situación del Obispado. Sacerdotes de la diócesis que prefieren guardar el anonimato han hecho público su descontento a través de escritos y y medios digitales religiosos, aunque sin poner sus nombres. No se ha quedado en la sombra, en cambio, el canónigo de la Catedral de Cádiz y párroco en Conil de la Frontera, Rafael Vez, quien ha criticado abiertamente el mandato de Rafael Zornoza, fundamentalmente por la labor de su ecónomo. En su cuenta de Facebook, Vez exigió la semana pasada la dimisión de Antonio Diufaín a causa de su mala gestión económica y los despidos de trabajadores. "Más vale que renuncies al cargo de ecónomo diocesano y te marches por donde has venido", sugiere el canónigo, que se pregunta a continuación: "¿A quién obedeces en este camino demencial por el que estás llevando las riendas de la diócesis? ¿Cuánto lleva pagado la diócesis en indemnizaciones? ¿Cuánto en abogados y pleitos? Porque desde que todo esto empezó, no has ganado ni uno de ellos. Y aún quedan algunos, que, a buen seguro, perderás también".

En una anterior entrada en su cuenta de la misma red social, el canónigo escribía dirigiéndose a Carmen Amigueti: "Tu lucha es la de todos aquéllos que creen que las relaciones de trabajo en la Iglesia deben de estar iluminadas, además de por la justicia, por la caridad. No somos una empresa. Éramos una familia y en estos años el talante y el estilo que se ha impuesto, ha aparcado a un lado el Evangelio de la caridad".