El ministro de Energía, Álvaro Nadal, prevé una "enorme litigiosidad" entre distintos operadores tras paralizar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pago a la banca de los derechos de cobro derivados de la indemnización por el cese de actividad del almacén de gas Castor.

La CNMC ha paralizado estos pagos, que ascienden a 6,7 millones de euros al mes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló varios artículos del decreto ley en el que se fijó esa compensación a la concesionaria Escal UGS, que construyó el almacén, situado en las costas de Castellón.

Estos pagos, que se costeaban con cargo al sistema gasista, permitían a la banca recuperar el dinero que adelantó para cubrir la indemnización fijada.

Durante su comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, Nadal ha recordado hoy que hay que acatar la sentencia del Constitucional.

"Tenemos una inversión que en su día se había fijado como retribuida y que ahora el Tribunal Constitucional dice que no y, por lo tanto, la CNMC actúa en consecuencia no retribuyendo", ha dicho.

"Lo previsible es que haya una enorme litigiosidad entre operadores privados y entre operadores privados y públicos", ha recalcado Nadal.

En la liquidación del sistema eléctrico correspondiente a noviembre de 2017, la CNMC señala que los titulares de esos derechos de cobro dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones.

Además, la CNMC también ha eliminado del procedimiento de liquidación de este año los costes reconocidos de operación y mantenimiento del almacén de gas.

El ministro ha recordado que, cuando el PP llegó al Gobierno, se encontró con el proyecto ya iniciado, con las declaraciones de impacto ambiental ya realizadas y con un coste que se había disparado hasta más de 1.200 millones de euros.

"El proyecto ya estaba y nos tocó ponerlo e marcha. Antes de hacerlo y dado el coste para el sector energético, que ascendía a 280 millones de euros anuales, decidimos pedir al Tribunal Supremo que declarara el proyecto lesivo", ha explicado.

Según Nadal, el Gobierno del PP consideraba que las cláusulas del contrato eran abusivas y dañaban el interés general y por eso pidió que la Administración pudiera autoenmendarse y que el coste no repercutiera en los consumidores sino en los gastos regulados del sistema.

Puesto que el Supremo no lo permitió, el ministerio decidió "controlar el daño" para que se pagara la deuda a más largo plazo y con un tipo de interés más bajo.

Nadal ha indicado que, si el pago no se hacía pronto, había riesgo de que el sistema gasista entrara en quiebra en plena crisis de la deuda española.

El ministro ha preguntado a los grupos si habrían preferido un default de 1.300 millones de euros.

"Habría sido una irresponsabilidad y hubiera generado un problema enorme de reputación de la deuda española", ha recalcado.

La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha lamentado la "celeridad" del pago de la indemnización, que al final está repercutiendo en los ciudadanos, mientras que el diputado del PDeCAT Ferran Bel ha recriminado al ministro que no aclare "quien va a pagar los 1.350 millones de euros" y si el Ejecutivo va o no a desmantelar el almacén.

En este punto, Nadal ha pedido responsabilidad para no abordar el desmantelamiento antes de que el terreno esté asentado, ya que la salida del gas podría volver a generar movimientos sísmicos, según señala el informe técnico internacional solicitado por el Gobierno.

"¿Quiere alguien que ocurra lo mismo? Yo creo que debe pasar un tiempo suficiente, por lo menos dos o tres años habrá que esperar", ha insistido.