Casi la mitad de las familias en España que residen en alquiler destinan más del 40% de su renta bruta disponible a cubrir los gastos de vivienda. Este fenómeno, impulsado por el aumento de precios en los últimos años, afecta especialmente a los hogares con menores ingresos.

Esta es una de las conclusiones del informe divulgado este miércoles por el Banco de España, que subraya que, entre los hogares de menores ingresos, se encuentran aquellos compuestos por jóvenes y los que residen en zonas con alta actividad económica y turística. De esta manera, España se posiciona como la economía europea con el mayor porcentaje de esfuerzo financiero en el pago del alquiler, en comparación con Francia y Alemania, donde este porcentaje es del 17,5%, e Italia, que presenta un 28%.

El informe señala que el mercado de alquiler ha experimentado un crecimiento significativo en las economías avanzadas desde el inicio de la crisis financiera global en la primera década del siglo XXI. Este aumento ha sido más notable en las grandes áreas urbanas, donde se concentra la actividad económica y el sector servicios tiene un mayor peso relativo.

Menos posibilidades de emancipación para los jóvenes

En España, el número de personas que viven en una vivienda de alquiler alcanzó aproximadamente los nueve millones a finales de 2023, lo que representa un aumento estimado de unos 3,3 millones desde 2007. Este crecimiento ha sido posible gracias a la adición de más de 1,3 millones de viviendas al parque de alquiler, que alcanzó un total de 3,6 millones de viviendas en 2023.

Sin embargo, esta evolución ha ido acompañada, desde 2015, por un aumento significativo en los precios medios de alquiler, especialmente en las grandes áreas urbanas. Este fenómeno es consecuencia de una demanda que crece a un ritmo superior al de la oferta, que, por su parte, se incrementa de manera insuficiente, según indica el informe.

Según los autores del estudio, "un alto esfuerzo financiero relacionado con el alquiler de vivienda puede generar efectos económicos y sociales negativos que justifican la intervención pública", dificultando, especialmente, la emancipación de los jóvenes. Asimismo, "reducen la movilidad geográfica de los trabajadores y provocan situaciones de sobreesfuerzo y consumo restringido, así como de pobreza y exclusión social entre los hogares de menores ingresos".

En cualquier caso, el informe añade que "la magnitud del problema dificulta prever qué medidas aisladas a corto plazo podrían tener el impacto necesario para reducir significativamente las actuales dificultades de acceso a la vivienda". Por lo tanto, el Banco de España propone que las medidas adoptadas consideren un horizonte temporal amplio, involucren a las diversas comunidades autónomas con competencias en materia de vivienda y se centren especialmente en estimular la oferta.

Más vivienda pública a precios asequibles

La actual rigidez de la oferta de alquiler "sugiere la necesidad de seguir avanzando en el aumento del parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles y en el diseño de un marco regulatorio que incentive la oferta de alquiler residencial tanto por parte de particulares como de agentes profesionalizados".

Además, el estudio advierte que la asignación de recursos debería priorizar intervenciones dirigidas a los colectivos más vulnerables y considerar otros aspectos que impactan en el mercado de la vivienda, como el funcionamiento del mercado laboral, el dinamismo de la productividad económica y las políticas tributarias y de transporte.

Al mismo tiempo, los autores del informe consideran que, en un contexto de oferta rígida, el diseño de las políticas públicas "debería evitar que ciertas iniciativas, cuya efectividad para proteger la demanda en el corto plazo podría ser limitada, generen efectos indeseados significativos que obstaculicen el funcionamiento del mercado de alquiler a medio y largo plazo".

Madrid y Barcelona suman un tercio del déficit de vivienda 

Las provincias de Madrid y Barcelona concentran aproximadamente un tercio del déficit acumulado de vivienda estimado para el período 2022-2025. Esta cifra supera el 50% si se suman las provincias de València, Alacant y Málaga. Estas cinco provincias representan alrededor del 50% de la creación neta total de hogares prevista; sin embargo, la producción de vivienda nueva en estos territorios no llega al 45% del total.

Al mismo tiempo, se detectan áreas en la costa mediterránea, así como en las Islas Canarias y Balears, que presentan déficits de vivienda significativos para los hogares residentes. En estas zonas también se observa una demanda de vivienda de uso vacacional por parte de extranjeros.

Un proyecto para regular los alquileres de temporada

El informe se publica un día después de que el Gobierno presentara en audiencia pública el Proyecto de Real Decreto que establece la Ventanilla Única Digital para regular los alquileres de temporada, turísticos y de habitación. Se espera que este proyecto esté finalizado antes de que termine el año y que incluya un registro previo, que será obligatorio para poder comercializar estos tipos de alquileres.

Asimismo, se aprobó la distribución territorial de 200 millones de euros para la tercera edición del Bono Alquiler Joven. Esta decisión se tomó en el primer Consejo de Ministros celebrado tras las manifestaciones del pasado domingo, donde se exigía una reducción de los precios del alquiler.

Según adelantó este martes la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo aprobará más medidas y no se detendrá hasta encontrar una solución al problema que enfrentan miles de personas en el país.