Hace ya un año que Benjamín Fernández colgó su casco y su lámpara por última vez en la sala de taquillas de la mina Carbonar, a pocos kilómetros de Cangas del Narcea (Asturias). Varias filas de monos ajados y ennegrecidos, mascarillas y botas recuerdan que allí trabajaron hasta no hace tanto cientos de mineros. Benjamín esperaba haber aguantado un poco más, al menos hasta el pasado 31 de diciembre, fecha en la que Bruselas obligaba al cierre de las minas de carbón no competitivas de España si no querían devolver las ayudas públicas que las han mantenido al ralentí desde las protestas contra el fin de la minería de 2012. Pero un incendio en una de las plantas del pozo, en el que pasó picando hulla los últimos seis años, precipitó un cierre ya anunciado. “¿Para qué iba a invertir el empresario en repararla si iba a tener que cerrar en un año? Presentó concurso de acreedores y entrará en liquidación pronto, supongo”, repasa el minero sentado en el bar de la mina, una salita con mesa y bancos de madera que aún mantiene sus radiadores encendidos. No fue un incendio pequeño. El carbón estuvo ardiendo cerca de un mes y se reavivó incluso después de que la mina fuera inundada con nitrógeno gaseoso. Hubo que cerrar antes de tiempo.

Todavía hay quien va por allí a diario. Cuatro o cinco empleados en el mantenimiento de la mina y el vigilante de seguridad. Aún funcionan las máquinas de chocolatinas y café del chamizo, aunque no se sabe por cuánto tiempo. El resto de pozos de hulla del Suroccidente asturiano han ido echando el cierre poco a poco, y los últimos mineros de la cuenca del Narcea, como cualquiera de las minas de explotación privada del Principado, se han quedado sin trabajo. Bastantes son los que tienen la vida resuelta con magras prejubilaciones, quizás la mayor fuente de ingresos actual de las familias de las cuencas mineras asturianas. Otros, los que no trabajaron el tiempo suficiente, se han ido con una baja incentivada con la que tendrán que echar cuentas para subsistir en una zona económicamente deprimida o bien reconvertirse, laboralmente hablando.

Es la muerte dulce del carbón asturiano, como tituló Carlos Prieto en su reportaje en El Confidencial. Un deceso que no será —no está siendo— igual de edulcorado para todos, aunque lleven compartiendo candil en el pozo los últimos 20 años. “Yo llevo un año en el paro, cobrando 800 euros al mes. Después del incendio, la empresa hizo un ERE forzoso. Echó a todos los trabajadores de contratas y subcontratas, que eran unos 120. De los 50 que estaban contratados por el empresario sólo quedan diez o doce que se encargan del mantenimiento”, enumera Fernández. Lleva extrayendo carbón toda su vida, dice mientras se señala la fina línea verde pardo, como de tatuaje barato, que la mascarilla imprime para siempre un centímetro por debajo del entrecejo. “Yo no sé hacer otra cosa. Empecé de guaje, con 18 años y tengo 36. Mi primer sueldo fueron 136.000 pesetas y he pasado por muchas minas y varios cierres”, describe. “Antes era otra cosa. Un lunes pedías trabajo y un miércoles estabas en el pozo. Cuando todo iba bien había más de 300 personas en esta mina”, recuerda. Ahora que el único oficio que aprendió no le sirve para ganarse la vida, ve el futuro lejos de su comarca. “Aquí no había nada más que el carbón”, sentencia.

Benjamín no podrá prejubilarse. Le faltaban algunos meses de cotización en el régimen especial de la minería del carbón. La decisión del Consejo Europeo de 2010 para acabar con la minería no rentable y, después, el incendio de la mina hicieron imposible su retiro a los 40 años, que ha sido la tónica general de la vida laboral en las cuencas mineras desde que en los 90 empezaron a cerrarse pozos, al tiempo que las centrales térmicas de la zona quemaban mineral traído de Colombia o Sudáfrica, más barato que el extraído a pocos kilómetros de la central. “Yo cobraré una baja indemnizada después de casi 20 años ahí abajo. Ni siquiera sé todavía ni cuándo ni cuánto dinero me darán. Es lo que han firmado los sindicatos (CCOO y UGT) con la ministra de Transición Ecológica y la patronal de las empresas mineras. Pero aún no se sabe nada, sólo quedó claro que el 31 de diciembre nadie bajaba al pozo, lo demás está todo por ver. Aún no hay ni una comisión de seguimiento de ese acuerdo”, critica el minero.

Abandonados por los sindicatos

No es de los que peor está. En la misma mina casi fantasmal, José Antonio Naveiras despotrica contra el SOMA —histórico sindicato minero de UGT— y CCOO por el acuerdo para el cierre de la minería privada. Él empezó a sacar carbón hace seis años, después de la gran marcha negra de mineros asturianos, leoneses y aragoneses hasta Madrid, en 2012, contra el desmantelamiento de la única industria de la zona, aunque fuera deficitaria. Él comenzó cuando todo acababa y ahora, con 30 años, tiene claro que su futuro no pasa por las comarcas mineras. “Tampoco hay mucho más trabajo por aquí”, se justifica.

José Antonio Naveiras observa la cinta que transportaba el carbón desde el pozo hasta el lavadero, en la mina Carbonar, donde trabajó los últimos años.- JAIRO VARGAS

Su problema es que nunca ha trabajado directamente para una empresa minera. “Estaba en una empresa auxiliar, una contrata de Carbonar, pero aquí, en el mismo pozo. Para nosotros no hay nada. El paro y a buscarse la vida. Y mira que ha habido fondos mineros para arreglar la situación de miles de trabajadores en los últimos 20 años”, sentencia mientras recorre el túnel de la cinta que transportaba la hulla desde el pozo hasta el lavadero. “Nos han dejado abandonados. Yo llevo poco tiempo pero hay gente como yo que lleva casi toda la vida trabajando para las empresas subcontratadas y ahora se irán a su casa sin nada”, ilustra.

Ellos, los de las subcontratas, son los excluidos de la muerte dulce. Son los primeros a los que despiden cuando vienen mal dadas y los que no tienen ningún plan social. Cobran algo menos, trabajan alguna horas de más y se rigen por peores convenios. Como mucho —y tampoco es seguro— entrarán en la “bolsa de trabajo para formación y recolocación preferente” que pactaron sindicatos y el Ministerio de Transición Ecológica en Madrid el pasado octubre. “Habrá que ver cómo se gestiona eso”, dice aventurando una chapuza.

Los 800 excluidos

Son alrededor de 800 trabajadores los que se quedan fuera del plan social del fin de la minería. Y lo vieron venir hace tiempo. Algunos en Asturias, otros en Aragón y otros en León tuvieron claro que la vaca se iba a quedar sin leche cuando llegara su turno, así que se organizaron en la Plataforma Santa Bárbara —patrona de los mineros—, y marcharon a pie hasta Oviedo, se encerraron en ayuntamientos de las comarcas y se presentaron en la puerta del Ministerio, en Madrid, el día de la firma del acuerdo “para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras”, un plan con horizonte hasta 2027 y que prevé un plan de reactivación económica de las comarcas mineras con alrededor de 1.250 millones de euros.

“No queríamos que se firmase así, pensamos que se podía haber presionado más, sacar mejores condiciones e intentar mantener más empleos, pero los sindicatos no dieron ninguna salida para nosotros. Ni siquiera dieron la cara, entraron y salieron del Ministerio por la puerta de atrás”, recuerda Benjamín, otrora delegado sindical del SOMA durante cinco años, 15 como afiliado. Fueron muchos los que, como él, rompieron sus carnés del sindicato tras esa firma.

Lo que la plataforma ponía sobre la mesa era, en primer lugar, evitar el cierre de alguna mina. “Queremos seguir trabajando y pensamos que de algún pozo se puede seguir extrayendo mineral, el problema es el dinero que suponer devolver las ayudas para seguir operando. Queremos que las centrales térmicas sigan quemando carbón autóctono hasta que cierren. Sí, hay que hacer una transición ecológica y las térmicas también van a ir cerrando, pero vamos a cambiar el carbón por el gas para producir energía eléctrica, más caro y más contaminante”, explica Marcelino Menéndez, portavoz de la Plataforma Santa Bárbara, también minero con más de 15 años de experiencia.

La bocamina de Carbonar, cerca de Cangas del Narcea.- JAIRO VARGAS

“Pensamos que el carbón de nuestras minas puede emplearse en industrias menos contaminantes y fuera del plan de descarbonización de la UE y del Gobierno para reducir emisiones. Es posible que la siderurgia use nuestro carbón. Si se intenta, puede llegarse a acuerdos con Arcelormittal, por ejemplo. Hay que explorar esa vía porque el final del carbón no es sólo que los mineros se queden sin trabajo. Significa que no haya economía en las comarcas”, ilustra. “El 40% del PIB del concejo de Cangas del Narcea venía de la empresa Carbonar. En una comarca con 12.000 habitantes, perder eso es un gran golpe, es una auténtica barbaridad. Queremos una transición justa, pero ésta desde luego no lo es. Y medidas rápidas. No vale una solución en seis meses. La gente se queda sin paro ya. Seis meses aquí son como seis años”, lamenta.

El futuro de Hunosa, la empresa pública

Una situación parecida encaran los trabajadores de la única mina en la que se sigue extrayendo carbón en Asturias a día de hoy, el pozo San Nicolás, en Mieres, más conocido como ‘la Nicolasa’. Este pozo y el cercano lavadero de carbón de Batán, junto a la central térmica de La Pereda, son los últimos vestigios aún vivos de la minería en Asturias, aunque su horizonte es incierto. La explotación de todo recae en Hulleras del Norte S. A, Hunosa, la gran empresa pública del sector energético-minero creada a mediados de los años 60.

Pozo San Nicolás, en Mieres, última mina en activo de Asturias.- JAIRO VARGAS

Hasta cuándo seguirá funcionando esta mina, el lavadero y la térmica es una incógnita, máxime cuando el plan de descarbonización del actual Gobierno quiere adelantarse incluso al cronograma europeo. Por el momento, parece que la empresa seguirá funcionando hasta el 2027 y extrayendo carbón para abastecer a la central térmica hasta 2021, aunque sindicatos y dirección negocian un plan de empresa para esta transición, al margen de la minería privada. No se prevén despidos, pero sí jubilaciones y bajas incentivadas que aún no se han definido. El preacuerdo garantiza el empleo de los actuales trabajadores, unos 1.200, aunque sólo 140 mineros podrán prejubilarse por edad y tiempo cotizando en el régimen de la minería. Más de 850 puestos están en el aire.

"Este Gobierno está comprometido con el medio ambiente y con la transición energética y va a situar a Hunosa a la vanguardia de la transición energética", dijo el presidente Pedro Sánchez el pasado septiembre en Oviedo, durante la celebración de la tradicional Fiesta de la Rosa. “La frase está muy bien para un mitin, pero una empresa de este tipo parece abocada al cierre progresivo”, afirma Álvaro Álvarez, trabajador del pozo La Nicolasa. Una vez más, trabajador de una contrata de Hunosa, que emplea hasta cuatro empresas auxiliares.

Al igual que los mineros de las empresas privadas, los que no están empleados directamente por Hunosa saben que ellos no cuentan. “Nosotros al menos tenemos trabajo de momento, pero el futuro es de incertidumbre total. Nos dicen que cuentan con nosotros para los próximos dos años y que luego ya veremos, pero eso no está por escrito”, señala Álvarez, de 46 años. Lleva una década trabajando en la minería, pero ahora teme que la reconversión le deje en la estacada en la última fase de su vida laboral.

“Sabemos que los que están en Hunosa no van a ser despedidos. No hay despidos ahí nunca. Pero los de las contratas somos unos 250 y los sindicatos ya nos han dicho que nos vamos a quedar fuera del plan social que se está negociando, que es imposible que nos absorban”, aventura. El sentimiento de estos trabajadores queda muy bien resumido en un pintada sobre el asfalto, a la entrada de La Nicolasa. "Sindicatos basura".

La misma experiencia en el sector tiene Juan Antuña, aunque sólo tiene 33 años. “Soy joven y sé que no me voy a prejubilar, pero tampoco podemos ser mineros de segunda. Hacemos el mismo trabajo en la misma empresa. Cobramos 500 o 600 euros menos que los compañeros con la misma categoría que no son de contratas. Lo que pedimos es igualdad y si no se pueden mantener los empleos, que se invierta bien en la reconversión y se generen puestos de trabajo nuevos”, reclama.

Sin embargo, saben que 250 mineros no tienen mucha fuerza para presionar. “Hemos intentado organizarnos, movilizarnos, pero no tenemos el respaldo de ningún sindicato y las consecuencias de una protesta pueden ser graves”, asegura el joven minero. “Además, hacer una huelga en el pozo no sirve de nada. A una empresa en declive y deficitaria ya no les importa que no haya producción, no tenemos herramientas de presión”, sentencia este delegado sindical de UGT en su subcontrata. "Soy crítico y la gente del SOMA ni me habla pero hay que decirlo claro, nos han dejado tirados", dice.

Álvaro Álvarez (izquierda) y Juan Antuña, trabajadores de la mina La Nicolasa, en Mieres, conversan en la puerta de la mina. -JAIRO VARGAS

Aun así, el pasado diciembre, varios mineros de subcontratas se encerraron en uno de los pozos de Hunosa que ya están cerrados. Exigían lo mismo que estos dos mineros, algo de seguridad ante un futuro demasiado incierto. “Hemos visto cómo a muchos compañeros se les ha arreglado la vida. Han sido más de 25.000 en los últimos 20 años. Nosotros, los de las contratas, somos 800 y nos van a dejar en la estacada”, pronostica Álvarez.

"Lo que no puede ser es que el dinero para la reconversión se invierta en museos, aceras, autopistas que casi no se usan y obras que quedan luego vacías y que no sirven para crear empleo, que es lo que se ha hecho hasta ahora”, critica Antuña. Para él, después del carbón, “Asturias va quedarse como un solar y las prejubilaciones de los mineros no van a durar siempre. Habrá que irse”, advierte.

Pocas salidas sin la minería

Los datos no dejan lugar a la duda. Los cierres de minas de décadas pasadas han causado estragos en la población. Las comarcas asturianas del Nalón y del Caudal han perdido un 11% de sus habitantes, según el INE. La ocupación laboral ha caído más de un 20% en los últimos 20 años, el paro se ha incrementado más del 35% y “concejos como Mieres han retrocedido un siglo en su cifra de población, quedando por debajo de los 40.000 habitantes”, reseña Segundo González, diputado de Unidos Podemos en el Congreso por Asturias y oriundo de Pola de Allande, un pequeño municipio de 600 habitantes, a 20 minutos en coche de Cangas del Narcea.

González es bien conocido entre los mineros de subcontratas de la minas privadas. “Es el único que está haciendo algo en Madrid para que no haya mineros de primera y de segunda en esta transición”, reconoce Menéndez en el pozo Carbonar. También lo conocen Álvarez y Antuña, de las subcontratas de Hunosa. “Es el único que nos ha hecho caso”, aseguran ambos. Según denuncia este diputado, el fin del carbón y la falta de una reconversión industrial adecuada, pese a los miles de millones de fondos mineros invertidos sin orden ni concierto en la zona durante décadas, han generado una “languidez industrial” que ha llevado a la emigración forzosa, sobre todo de los jóvenes. “Más de 15.000 jóvenes se han ido de Asturias desde que empezó la crisis y las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística apuntan a una pérdida de 90.000 habitantes en los próximos 15 años”, sostiene.

Además, la población envejece y, cuando falte la pensión de oro del padre o del abuelo, que mantiene a miles de familias, puede que los índices de pobreza y exclusión social de Asturias empiecen a crecer, algo que no ha ocurrido en las últimas décadas a pesar del estancamiento de su economía.

Por lo pronto el declive económico ya hace años que se deja notar en la pequeña y mediana empresa de las cuencas. "Yo tenía ocho empleados y ahora somos siete. Perdí un empleado la semana pasada porque tengo muchos menos ingresos", lamenta Jesús Rolo Rodríguez, del bar restaurante La Ruta, un referente de Cangas del Narcea. "No son sólo los mineros, son los camioneros, son las mujeres de los mineros que ya no viene por las mañana a tomar el café. Son muchas cosas, todo es una rueda", intenta explicar el empresario hostelero. "Se nota mucho que la gente tiene menos para gastar y que pasa menos gente por los bares y comercios. Están cerrando bastantes. Yo he empezado a notarlo desde hace dos años aproximadamente", recuerda. "Es normal, no tenemos más industria y no hay mucho más trabajo. Pensamos que la mina era para toda la vida y ahora lo notamos mucho. No se han hecho bien las cosas", asegura, esperando que se impulse el turismo y no tenga que despedir a más trabajadores. "De una misma pensión de minería ahora mismo viven aquí abuelos, padres, hijos y hasta nietos. Si no hay más cosas poco podrán gastar", sentencia.

"Las prejubilaciones no pueden ser el elemento central en los planes de transición, y las nuevas inversiones no pueden volver a acabar en polígonos vacíos ni en los bolsillos de corruptos como Fernández Villa (histórico dirigente del SOMA, ahora condenado por malversación de fondos públicos). La transición justa solo se puede hacer si se hace con la gente y las comarcas dentro”, apunta González, que lamenta que el Gobierno deposite casi totalmente en el turismo y su precariedad laboral la salida de esta encrucijada. Opina lo mismo Benjamín, sentado en el bar del pozo de Carbonar: "No sé si sólo el turismo va a sacar a Asturias de ésta. Las carreteras de las comarcas están fatal y no sé si va a llegar tanta gente buscando ver un oso pardo que igual ni aparece".