La Seguridad Social afronta en el próximo cuarto de siglo el reto de la jubilación de las generaciones del baby boom, un proceso que va a elevar sus requerimientos económicos para financiar un retiro al que hasta 2050 llegarán algo más 13 millones de trabajadores (quienes tiene ahora 40 ó más) cuya esperanza de vida, por otro lado, va a prolongarse un lustro en relación con la actual.

Esas previsiones demográficas apuntan a que la partida para pagar las pensiones de jubilación, que este año se sitúa en 121.000 millones de euros, habrá crecido por encima de los 155.000 anuales (11.100 por paga frente a los 8.649 actuales) en 2050, para cuando se prevé que su peso pase del actual 11,7% del PIB al 14,2%, dos puntos y medio más.

Esas previsiones, tras la dilapidación de la hucha de las pensiones en la crisis de la pasada década a manos de los gobiernos de Mariano Rajoy, que extrajeron de ella más de 60.000 millones de euros, obligan a buscar recursos para cubrir la demanda. Eso ha llevado al Ministerio de Inclusión a plantearse cambiar unas reglas que ahora permiten al millón de trabajadores mejor pagados del país eludir la obligación de cotizar por más de 30.000 millones de euros en salarios, lo que merma en alrededor de 12.000 los ingresos anuales de la Seguridad Social (esto es, el 36,25% del salario bruto que no se está abonando a la Seguridad Social por culpa de los actuales topes).

En ese objetivo se centra la última fase la última fase de la reforma del sistema de las pensiones tras haber incorporado en la primera el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un recargo del 0,4% en las cotizaciones (0,4% en las empresariales, 0,2% en las del trabajador y 0,6% para los autónomos) con el que el Gobierno prevé recaudar 40.000 millones de euros.

¿Cuáles son los planes del Ministerio de Inclusión?

Básicamente se centran en buscar más recursos, aunque sus responsables no dan muchas pistas acerca de cuáles son los mecanismos que barajan. "Estamos estudiando diversas fórmulas para reforzar los ingresos del sistema, que están siendo analizadas en el marco del diálogo social y del diálogo parlamentario", señalaba un portavoz del departamento que dirige José Luis Escrivá.

¿Cómo se financian las jubilaciones en España?

Al margen de los flujos de caja que provoca la financiación del Gobierno y el pago por la Seguridad Social de gastos que no le corresponden, algo que durante décadas ha generado un boquete de más de 100.000 millones de euros que el Ministerio de Hacienda se resiste a auditar pese a las reclamaciones de Inclusión para hacerlo, la principal fuente de financiación del sistema son las cotizaciones de los trabajadores, que consisten en una aportación del 36,25% del salario bruto (29,9% a cargo de la empresa y 6,35% del trabajador) por parte de los asalariados mientras la de los autónomos se realiza mediante un sistema de tramos en función del rendimiento cuyo gravamen teórico se sitúa en el 30,6% de los ingresos netos.

¿Cotizan todos los trabajadores en la misma medida?

No. Hay varias excepciones, como por una parte el sistema de los autónomos, que comienza a implantarse este año tras décadas de cotización libre a partir de una base mínima, y, por otra, la derivada del sesgo regresivo que supone la limitación de las aportaciones.

Lo mismo que hay una base mínima de cotización hay una máxima, con su correlación posterior en cuanto a las prestaciones, que se sitúa en 4.495 euros brutos por doce pagas, es decir, una nómina bruta anual o unos ingresos netos de 53.940 euros anuales.

A partir de esa cifra, ni la empresa paga más de 1.344 euros mensuales ni al trabajador se le descuentan más de 285 de su paga mensual (las extras tributan pero no cotizan) ni el profesional autónomo le ingresa al Seguro más de 1.402 por mucho que puedan llegar a aumentar esas ganancias.

¿Qué volumen queda al margen de la Seguridad Social?

Resulta difícil dar una cifra concreta, aunque sí queda claro que esta se sitúa en el entorno del millón de asalariados y de profesionales, que son los que reciben las remuneraciones más elevadas del país.

Según los datos del IRPF de 2020, que son los últimos disponibles, 850.623 contribuyentes declararon ingresos salariales superiores a los 60.000 euros brutos, a los que hay que sumar una pequeña parte de los 3,97 millones del tramo de 30.000 a 60.000 euros.

Los salarios del primero de esos dos grupos sumaron 74.561 millones de euros brutos, aunque solo 45.882 de ellos quedarían sujetos a cotización con la base máxima de 2023, mientras que con la de ese año (4.070,10 euros) la obligación de cotizar afectaría a 41.545, lo que ya deja un horquilla de 29.000 a 33.000 millones.

Sólo ese limbo salarial de los empleados por cuenta ajena merma entre 10.500 (cuota actual) y 12.000 (cuota de 2020) millones de euros cada año los ingresos de la Seguridad Social.

¿Ocurre también con los trabajadores por cuenta propia?

Entre los autónomos, para los que el cálculo es más complejo por tratarse de un año previo a la aplicación del sistema de cotización por tramos, que permitía cotizar por la base mínima con independencia de las ganancias, los datos de la Agencia Tributaria contabilizaron un total de 194.616 profesionales independientes con ingresos superiores a los 60.000 euros cuyos rendimientos netos sumaron 12.258 millones de euros.

Esas cifras sitúan la parte de sus ingresos que quedaría eximida de cotizar entre los 2.700 y los 1.700 millones de euros, como mínimo, en función de si se calcula con la base máxima de 2020 y la actual, lo cual, a su vez, sitúa la merma de ingresos para la Seguridad Social entre los 520 y los 830 millones de euros en un año.

¿Tiene algún plan el Gobierno?

El Ministerio de Inclusión maneja varios, aunque todavía no están del todo definidos. Este lunes se conocía que una de las opciones consistiría en aplicar un recargo a esa parte de los salarios que ahora queda exenta, aunque no trascendieron las cuantías o el peso porcentual del que se trata.

No obstante, la opción por la que más parece inclinarse el Gobierno es por la del destope progresivo de las bases máximas y de las prestaciones asociadas a estas, aunque estas últimas avanzarían en menor medida (sin el punto adicional cuando menos).

¿En qué consiste el 'destope' progresivo?

Básicamente, según explican fuentes conocedoras de esas negociaciones que se están desarrollando en el marco del diálogo social, consiste en ir ampliando cada año las bases con la media del IPC interanual de los doce meses anteriores más un punto, en un proceso que, en principio, se mantendría durante 30 años.

De esta manera, la base máxima de cotización crecería a lo largo de ese periodo 30 puntos más de lo que pueda hacerlo el IPC, algo que mejoraría de manera notable los ingresos de la Seguridad Social aunque cantidades milmillonarias en salarios seguirían quedando al margen de la obligación de cotizar.

¿De cuánto dinero se trata?

"Año a año parecen cifras pequeñas, pero el efecto del conjunto es de una magnitud considerable", señalan las fuentes consultadas, que cifran la masa salarial exenta de cotizar en torno a un 17% del total.

Este planteamiento contempla su puesta en marcha a la menor brevedad para disponer, junto con los recursos que pueda generar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, de un fondo adicional para poder hacer frente a la jubilación del baby boom, cuya fase de máxima tensión financiera se dará entre 2030 y 2050.

"Es una operación que permite superar de sobra los 2,5 puntos de PIB que va a crecer el gasto en pensiones hasta 2050, ya que la Seguridad Social podrá disponer de las dos fuentes", pronostican las mismas fuentes.

¿Sobre quién recaería el grueso del esfuerzo fiscal?

Principalmente sobre las empresas, que asumen más del 80% de las cotizaciones sociales (29,9% de 36,25%) mientras el resto (6,35%) se descuenta de la nómina de los trabajadores. "Todo el mundo cotiza por sus salarios reales menos quienes cobran los mejores sueldos", añaden las mismas fuentes.

¿Hay 'plan b'?

Una de las posibilidades que se barajan apunta a que, posiblemente de manera temporal, a los tramos de salario que vayan siendo incorporados a la base máxima se le apliquen únicamente las cotizaciones para cubrir las contingencias comunes (enfermedades y accidentes de trabajo), por las que la empresa aporta un 6,3% menos (se queda en el 23,6%) y el trabajador un 1,65% (4,7%) al no incluir la parte de la cuota destinada a financiar las prestaciones de desempleo, las acciones de formación y el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial).