Cuando la Comisión Europea llamó a filas a España hace poco más de un mes por sus altos niveles de contaminación atmosférica, la ministra Isabel García Tejerina se apresuró a señalar a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona como los únicos culpables de la situación. Pero en realidad el Gobierno tiene más responsabilidad sobre la calidad del aire que respiran sus habitantes de la que pudiera parecer. Los impuestos que aplica para favorecer fuentes contaminantes como el diésel, es un ejemplo.

La principal causa de la boina de contaminación instalada sobre el cielo de las ciudades españolas —y que cada año provoca 20.000 muertes prematuras sólo en nuestro país— proviene directamente de los tubos de escape de los coches. Muy especialmente, de los coches diésel. En una ciudad como Madrid, por ejemplo, el 80% de los gases de dióxido de nitrógeno (NO2) están provocados por el tráfico; y de ellas, el 80% son responsabilidad de vehículos diésel, según la Estrategia de calidad del aire de la comunidad. Sin embargo, este tipo de vehículos goza en España de una serie de importantes ventajas fiscales que, según ha calculado Ecologistas en Acción en un informe publicado este martes, superarían los 2.500 euros en toda su vida útil.

España es uno de los países más dieselizados de la Unión Europea. Aproximadamente un 60% de los más de 22 millones de turismos que circulan en el territorio estatal son diésel; y en el año 2007 llegaron a representar el 70,09% de toda la flota. La fiebre se explica con la entrada del nuevo siglo y una estrategia comunitaria contra el cambio climático que fomentó este tipo de vehículos cuando se descubrió que emitían menos CO2 a la atmósfera que sus homólogos de gasolina. Los fabricantes europeos, al contrario que los estadounidenses o los japoneses, apostaron por los motores diésel, que se vendieron como coches más ecológicos, eficientes y rentables.

Hasta que en 2015 el escándalo del Dieselgate destapó las tretas de la industria para hacer pasar por poco contaminantes coches que en realidad lo eran, y mucho. Según la compañía independiente Emissions Analitics, sólo un 14% de los coches diésel modernos cumple el límite de 0,80 mg/Km de óxido de nitrógeno que marca la normativa Euro 6. El resto han pasado los test, pero emiten más; un 7% de los vehículos emite incluso un 12% más. Además, el considerable aumento de la flota de diésel en toda Europa empezó a suponer un problema serio para la calidad del aire de las ciudades porque, aunque el gasóleo emite menos CO2, es el principal causante de otros gases tóxicos muy nocivos para la salud como el dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión.

Beneficios para el diésel

Mientras otros países como Grecia, Holanda, Finlandia, Reino Unido, Francia, Suecia o Noruega han comenzado a tomar medidas para desincentivar la compra de estos automóviles o prohibirlos en las grandes ciudades, España mantiene una política fiscal tan favorable a este combustible que le ha valido las críticas de la propia Comisión Europea.

Las ventajas al diésel en España vienen principalmente del impuesto de hidrocarburos, donde el gasóleo se beneficia de una rebaja del 23% con respecto a la gasolina. La diferencia en nuestro país entre la gasolina con plomo y el gasóleo es de 93,69 euros por litro. Además, a los transportistas y otros sectores profesionales que utilizan el diésel como combustible, el Gobierno les devuelve la práctica totalidad de lo que recauda por este impuesto. También a los agricultores y ganaderos se les aplica una devolución parcial.

Pero eso no es todo. El impuesto de matriculación también resulta enormemente beneficioso para los diésel. En el pago de esta tasa, el Gobierno aplica exenciones importantes para los vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 sean inferiores a los 120 gr/km, un límite muy bajo que hoy por hoy cumple el 76% de los vehículos y el 80% en el caso de los de gasóleo.

“España es el tercer país de la Unión Europea que menos impuestos medioambientales recauda”, ha recordado la autora del informe de Ecologistas en Acción, Nuria Blázquez. “Tiene que hacer un esfuerzo”, ha señalado.

La organización ecologista propone una equiparación en los tipos impositivos de la gasolina y el gasoil en un periodo de cuatro años, una actualización de los límites de CO2 en el impuesto de matriculación y una penalización de los vehículos diésel. Además, considera importante también hacer una reformulación del impuesto de circulación “con criterios ambientales”.