Más de 38.000 empleadas del hogar han logrado acceder hasta ahora al subsidio de desempleo extraordinario habilitado por el Gobierno para paliar los efectos en la ocupación del colectivo de la pandemia y el confinamiento, que provocaron la pérdida de la sexta parte de los empleos, la mayor parte de ellos en la economía sumergida, además de recortes y restricciones en buena parte de los que se mantuvieron.

"Se han resuelto favorablemente 38.249 solicitudes de prestación", indica el Gobierno en su respuesta a una pregunta parlamentaria del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia. El Ejecutivo "estima que alrededor del 80% de las solicitudes presentadas serán reconocidas", según afirmó en su contestación a una iniciativa anterior.

El proceso de concesión no ha finalizado pese a que el plazo de admisión de solicitudes se cerró el 21 de julio y estas deberían haber sido resueltas en un máximo de seis meses (los tres de cualquier procedimiento administrativo y los tres de suspensión por el estado de alarma). De hecho, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) resolvió en noviembre y diciembre cerca de 2.000 expedientes, ya que el día 4 del primero de esos meses la cifra de ayudas aprobadas ascendía a 36.587.

El subsidio de desempleo excepcional por falta de actividad, aprobado el 31 de marzo en uno de los decretos del primer estado de alarma, iba dirigido a las trabajadoras del servicio doméstico que se quedaron sin trabajo como consecuencia del confinamiento, aunque no abarcaba a la totalidad del colectivo, en el que en torno a un tercio del empleo es irregular (el Gobierno de Rajoy prohibió cotizar por menos de veinte horas), sino que quedaba restringido a las trabajadoras con alta en la Seguridad Social anterior al 14 de marzo.

"No ha sido nada fácil poner en marcha esta prestación porque ha sido necesario crear y desarrollar un sistema asistido de gestión nuevo e independiente de las aplicaciones con las que tradicionalmente trabaja el SEPE, ya que la configuración legal de este subsidio extraordinario es diferente, en cuanto a la naturaleza, requisitos de acceso o cuantía de las prestaciones gestionadas habitualmente, pero se ha hecho", destaca Heredia, que llama la atención sobre cómo el escudo social llego a "proteger a un 30% de la población activa en los peores momentos de la crisis mientras la media europea es del 25%".

La medida, cuya gestión tardó en desatascarse en los primeros meses, ha alcanzado hasta ahora a la décima parte de las empleadas del hogar que estaban dadas de alta en marzo del año pasado, mes que se cerró con 388.480 afiliados en su régimen especial de la Seguridad Social, que entró en funcionamiento en 2012 tras el acuerdo cerrado el año anterior entre los sindicatos de clase y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El subsidio estaba dirigido a quienes como consecuencia del confinamiento y las restricciones hubieran visto rescindido su contrato, demostrable con la carta de despido o la baja en la Seguridad Social, o recortada su ocupación, para lo que se requería una declaración responsable del empleador.

"Muchas no han podido acceder a la ayuda por no tener esas declaraciones de sus empleadores", explica Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical en la Federación de Construcción y Servicios de CCOO. "No era un trámite sencillo, y menos para un colectivo que nunca había recibido prestaciones y que ahora tenía que obtener esos documentos en plenas restricciones", anota Ana María Corral, responsable del Departamento Confederal de Migraciones de UGT. 

Ambos coinciden también en denunciar el elevado volumen de empleo irregular, sin contrato, que se da en este ramo. "Hay una parte del empleo que no es regular, ya sea porque el empleador no quiere hacer un contrato o porque la empleada está en situación irregular, o por las dos cosas", señala Corral. "Existe mucho trabajo en negro, a veces en toda la tarea de la trabajadora y en otras con altas para unos empleadores pero no para otros", añade Barragán, para quien las condiciones laborales y salariales del sector serían "la precariedad elevada a la enésima potencia".

La imposibilidad de acceder al subsidio tiene un perverso efecto secundario para las mujeres de origen extranjero que tienen que renovar sus permisos de trabajo y residencia, un trámite que se complica de manera extraordinaria cuando el solicitante carece de empleo y no está recibiendo ninguna prestación tras haberlo tenido.

Los frecuentes abusos salariales

Esa precariedad da lugar a abusos salariales, lo que ha movido a la Inspección a poner en marcha una campaña de regularización que ha comenzado con el envío de cartas a empleadores que, aparentemente, pagan a sus trabajadoras contratadas por debajo del Salario Mínimo Interprofesional: 950 euros brutos mensuales con dos pagas extraordinarias, 1.108,33 euros con esas extra prorrateadas o 7,43 euros por hora.

"Este sector es prioritario para el Gobierno, que acaba de iniciar una campaña contra quienes no pagan el salario mínimo a las empleadas del hogar y ha enviado ya 45.000 cartas a presuntos incumplidores, hogares que no pagan el mínimo exigido a las trabajadoras domésticas, para que regularicen la situación de las empleadas", sostiene Heredia.

El estudio Trabajo Doméstico y de Cuidados, elaborado por UGT, reseña cómo en esta rama laboral, altamente feminizada (95%) y con elevada presencia de trabajadoras de origen extranjero (42%), el salario medio viene siendo entre un 50% y un 60% inferior a los promedios generales del mercado laboral. Menos de la mitad de las empleadas está contratada a jornada completa.

La precariedad arrecia tras el confinamiento y el verano

El cruce de los datos de la afiliación a la Seguridad Social, que registra el número de trabajadoras con contrato en vigor, con los de la Encuesta de Población Activa, que estima el de las personas que se han empleado con o sin él en cada rama de actividad, apuntan a la existencia de una bolsa de entre 200.000 y 240.000 empleadas del hogar en situación de irregularidad entre 2012, cuando entró en vigor el actual sistema y fueron regularizadas más de 120.000 empleadas, y 2019.

Los datos de 2020 reflejan un recorte del empleo tanto legal como informal estimables, respectivamente y en términos de medias, en 15.000 y 42.000 puestos de trabajo, básicamente por el miedo al contagio de muchas familias, que les lleva a restringir la estancia en el domicilio a los miembros del grupo de convivencia, pero también por la caída de rentas provocada por la crisis y por la mayor permanencia en el hogar por el teletrabajo. 

Los datos dicen más cosas. Entre otras, que el grueso de las consecuencias laborales del confinamiento las sufrió el colectivo de las empleadas en situación irregular, con casi 78.000 bajas en el segundo trimestre del año pasado que dejaban en la calle a dos de cada cinco trabajadoras sin papeles ni protección social mientras la caída apenas superaba el 4% entre las contratadas (-15.800).

Y también indican que, tras el confinamiento y el verano, durante el que todos los años baja la ocupación del sector por los viajes vacacionales de los empleadores, normalmente de poder adquisitivo medio y alto, los niveles de precariedad han ido recuperando la intensidad que presentaban antes de la pandemia con la vuelta al trabajo en seis meses de más de 70.000 trabajadoras domésticas sin papeles y menos de 9.000 que sí los tienen.

El número de trabajadoras domésticas afiliadas a la Seguridad Social lleva bajando desde 2015, con un descenso acumulado de casi 48.000 en un lustro en una tendencia que no guarda relación con la pandemia.

La inclusión en el Régimen General se retrasa a 2023

"En los tres meses del confinamiento el 90% de las trabajadoras domésticas no cobró nada, y en los casos en los que trabajaban llegaban a darse situaciones de arresto domiciliario", señala Barragán, que coincide con Corral en indicar que "el proceso para acceder al subsidio no ha sido accesible ni sencillo" vistas las cifras de empleo y de concesiones.

"2021 no es 2020, pero tampoco 2019. Habrá que tomar medidas sobre grupos de población como este para evitar que caigan en la irregularidad o se queden sin ningún colchón", explica Corral, partidaria de no mantener la prestación extraordinaria y de facilitar el acceso al desempleo de las trabajadoras del hogar, cuya integración en el Régimen General de la Seguridad Social, prevista para este año, se retrasa a 2023.

Barragán, por su parte, se muestra partidario de mantener el subsidio "con condiciones de acceso reales y más sencillas", al menos para las trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social.