Llega el primer juicio del fondo Blackstone que anticipa una oleada de desahucios contra 40 inquilinos de Madrid

María Palop entraba a los juzgados de Alcorcón (Madrid) levantando el puño y entre los aplausos de más de 30 personas que han acudido a apoyarla este martes. Es la primera de las 40 familias de inquilinos de la Comunidad de Madrid que va a juicio después de que, hace más de un año, decidieran rebelarse contra las subidas del alquiler que les impone el fondo del inversión estadounidense Blackstone, considerado el mayor casero de España.

Palop vive desde hace más de 15 años en un piso que inicialmente era de protección oficial. Pero la promotora quebró y todas las viviendas acabaron con el tiempo en manos de Testa Home, una filial española de Blackstone.

Hace tiempo que expiró el periodo de protección de la casa, "pero hasta hace un año las subidas del precio eran asumibles y vinculadas al IPC", explicaba la afectada a Público antes de su vista. "Cuando acababan los contratos dijeron que no querían renovarnos a muchos vecinos simplemente porque no somos rentables. Ahora nos suben el alquiler cerca del 30%. Pasamos de pagar 650 euros a 850 o 900 euros al mes", ilustraba.

"No somos familias ni personas vulnerables. Esa no es la cuestión. Pero podemos serlo si aceptamos estos aumentos de precio", sentenciaba. "Por eso decidimos que nos quedábamos y que nos organizábamos para exigirle a Blackstone una negociación colectiva para que se renueven los contratos sin subidas abusivas", resumía.

Desde hace un año, Palop y las demás familias que se declararon "en lucha" con apoyo del Sindicato de Inquilinas de Madrid, y han seguido depositando su alquiler por distintos medios. Nunca han dejado de pagar, aunque hayan vencido sus contratos. Pero en lugar de negociar, las filiales españolas de Blackstone (Testa y Fidere) iniciaron procesos judiciales que acabarán seguramente con una orden de desahucio.

"Victoria parcial"

Tras la vista, Palop y su pareja han alcanzado un acuerdo con la empresa para evitar el desahucio. Se irán a otra vivienda dentro de seis meses. Mientras tanto seguirán pagando la misma cantidad que hasta ahora. Su procedimiento judicial se ha cerrado junto con la más que probable condena a pagar las costas. Es una "victorial parcial", reconoce el Sindicato de Inquilinos, que advierte de que mantendrán la lucha ante la oleada de desahucios que se avecina para los casos pendientes de juicio.  

Entre los afectados por estos aumentos de la renta hay inquilinos de Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Aranjuez y algunos barrios de la capital, como Vallecas o Carabanchel. La situación es idéntica en todos los casos y lleva extendiéndose como una mancha de aceite por varias ciudades desde que los fondos de inversión llegaron a España atraídos por la enorme cantidad de vivienda en manos de los bancos y de la Sareb tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la crisis hipotecaria de 2008.

Tras finalizar los contratos, la empresa se niega a renovarlos y exige aumentos de precio de entre el 30% y el 70% que se materializan cada año. No solo suben el alquiler, sino que van introduciendo conceptos como la cuota de la comunidad de vecinos o el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Este tipo de subidas son las que pretende evitar la ley de vivienda aprobada por el Gobierno de coalición, pero la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya ha dejado claro que no va a declarar zonas de precio tensionado ni a aplicar las limitaciones de los alquileres que permite la norma.

El Sindicato de Inquilinas lleva años peleando contra esta "deriva especulativa" que aumenta los precios y acaba expulsando a cientos de familias de sus viviendas. En 2018 lograron a un acuerdo con Blackstone para renovar los contratos de decenas de familias de varios bloques de Torrejón de Ardoz que también decidiendo organizarse contra las subidas. Pero desde entonces, apuntan los activistas, las empresas del fondo de inversión solo se avienen a negociar casos de forma individual.

Desahucio con cuatro menores

En otras ocasiones, ni siquiera ofrecen nuevos contratos con subidas. "Mi desahucio es este jueves", comenta John. Este migrante nigeriano lleva cuatro años en la vivienda, junto a su mujer y sus tres hijas, todas menores de entre uno y seis años. Pagaba 665 euros al mes.

"Testa solo dijo que no iba a renovar el contrato, que venció en 2021. No me han dado ninguna razón", explica. "No tenemos donde ir. Yo ahora estoy en paro y solo mi mujer está trabajando", comenta el afectado, que se enfrenta a un mercado del alquiler inaccesible incluso en ciudades de la periferia madrileña. El Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) siguen intentando aplazar el desahucio y conseguir una solución para que la familia no se quede en la calle, aunque por el momento solo hay incertidumbre.

Ramón Bultó fue uno de los últimos en sumarse a la campaña del Sindicato de Inquilinos. Lo hizo junto a una veintena de vecinos del barrio de Buenavista, en el extrarradio de Getafe. "De los 20 ya somos 12 los que tenemos abierto un procedimiento judicial", explica. En su caso, la propietaria es Fidere, que se hizo con unas 240 viviendas protegidas del Plan de Vivienda Joven. Fueron edificadas por una promotora en suelo público del Ayuntamiento de Getafe y de la Comunidad de Madrid, pero Fidere se hizo con ellas tras la quiebra de la promotora, cuyos activos fueron absorbidos por la Sareb.

Bultó empezó en 2016 pagando 751 euros al mes por un piso de 59 metros cuadrados. Tras el final del periodo de protección pública y el vencimiento de su contrato, Fidere solo está dispuesta a firmar de nuevo si acepta subidas que en cuestión de tres años elevarían el precio a 1.040 euros. 

"Hace unos meses, varios vecinos empezamos a recibir demandas de desahucio firmadas por Juan Pablo Vera, presidente de 18 sociedades de Blackstone. Una sociedad que no necesita esas subidas porque obtuvo en en el primer semestre de 2022 un beneficio neto de 28 millones de euros y pagaron cero por impuesto de sociedades", exponía Bultó a las puertas del juzgado de Alcorcón. "Este es un claro ejemplo de una entidad privada lucrándose y especulando con suelo y fondos públicos.  No nos escandaliza a pesar de que nos perjudica enormemente como sociedad", zanjaba el afectado.

El Sindicato de Inquilinas recuerda que hay cerca de 300 familias de inquilinos batallando contra los alquileres de Blackstone y sus filiales españolas de las que solo estas 40 han recibido las demandas de desahucio. La magnitud de afectados por este fondo de inversión internacional es todavía mayor, ya que son aún una minoría los inquilinos que deciden dar la batalla, movilizarse y resistir ante un empuje de precios que el Gobierno autonómico no está dispuesto a frenar.