El personal pasivo de Endesa tendrá derecho a recuperar un consumo bonificado por la empresa de hasta 9.000 kilovatios hora (Kwh) distribuido en dos tramos, 6.000 KWh compensados al 100% y 3.000 KWh adicionales reconocidos al 50% del precio establecido para la retribución en especie (APV), según el laudo arbitral dictado por el exministro de Trabajo Manuel Pimentel, que había sido elegido como árbitro para dar una solución a las negociaciones sobre el convenio colectivo de la energética tras 26 meses sin acuerdo.

A pesar de que la Audiencia Nacional había dado la razón a la compañía en el conflicto con los sindicatos y había considerado que, una vez extinguido el convenio colectivo sin acuerdo, los beneficios sociales del personal jubilado de Endesa (no así el personal en activo), vinculados al convenio colectivo, quedaban extinguidos, el laudo arbitral devuelve a los extrabajadores jubilados de la compañía este derecho.

Fuentes de la compañía indicaron que el mero hecho de que ya se tenga la resolución del laudo arbitral "es muy positivo para todas las partes, ya que permitirá firmar en breve el convenio colectivo".

Así, consideraron que termina "un periodo de incertidumbre para Endesa y ahora se podrán afrontar los retos que nos plantea la Transición Energética de manera clara y decidida".

El laudo establece, además, en 6.000 KWh el consumo bonificado al 100% para el conjunto de la plantilla de Endesa. En ambos casos, la potencia máxima bonificada será de 5,75 KW. A las segundas residencias se les aplicará el precio APV.

De esta manera, el laudo establece unas bonificaciones basadas en los principios de eficiencia energética y de consumo eficiente requeridos para el momento actual de transición energética en el que se encuentra inmerso el país, que ha adoptado como propios los objetivos de descarbonización planteados en la última cumbre del clima COP 25, celebrada en Madrid en noviembre.

Además, fija que el convenio colectivo tendrá una duración de seis años, desde 2018 a 2023. Durante este periodo se mantiene el acuerdo de garantías, lo que significa que, en pleno proceso de transformación de la compañía, no se producirá ningún despido por motivos organizativos.

Este último aspecto es especialmente importante en un momento en el que las empresas eléctricas están inmersas en un proceso de transición y reorganización industrial hacia una economía descarbonizada. La ampliación del acuerdo de garantías está en total consonancia con el modelo de transición justa auspiciado en la Cumbre del Clima.

En este sentido, la compañía adquiere un compromiso de creación de empleo que asciende a 1.000 incorporaciones durante la vigencia del convenio y establece la jubilación obligatoria una vez cumplidos los requisitos para el acceso a la jubilación ordinaria.

Plan de salidad voluntarias

Además, de manera paralela al laudo y a la próxima firma del convenio colectivo, se aprueba un plan de salidas voluntarias para el personal que, habiendo cumplido, por lo menos, 50 años, tenga al menos 25 años cotizados.

Este plan, que para su aplicación individual requiere la aceptación conjunta de la empresa y del trabajador, supone el pago de entre el 60% y el 80% del salario en función del tiempo que falte al trabajador para alcanzar su edad de jubilación. En cualquier caso, los cinco últimos años siempre serán al 80%.

En relación al personal en activo, el laudo reconoce un esquema de incremento salarial que supone, a partir del año 2020, una mejora de la retribución anual de más de 4.000 euros (en términos porcentuales más de un 9% de media).

En lo que se refiere al incremento fijo, será del 1% por cada año de vigencia del convenio. Además, se recoge una actualización de tablas salariales por encima del incremento fijo, con un incremento de las tablas salariales con el 1,5% por cada año de vigencia del convenio.

En cuanto a la paga variable consolidada, en función de los resultados de la empresa, tendrá un incremento de 270 euros por cada año de vigencia del convenio.

Mientras, la paga lineal por la implicación en los resultados de la compañía, con efectos desde este 1 de enero, será del 1.500 euros, y habrá revisión salarial siempre que el IPC subyacente esté por encima del 1,5%.

Entre otros aspectos, el laudo reconoce también para todo el personal becas de estudio para los hijos de empleados de hasta 400 euros, el mantenimiento de las clasificaciones profesionales existentes hasta el momento y la ampliación hasta 2035 del Plan de Fomento Conjunto de Fondos de Pensiones.