El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó este martes que Irlanda concedió ayudas fiscales ilegales a Apple durante más de una década y obligó a la multinacional estadounidense a devolver unos 13.000 millones de euros por los impuestos no pagados gracias a esta ventaja.

El tribunal con sede en Luxemburgo resuelve definitivamente el caso y da así la razón a la Comisión Europea, que en 2016 concluyó que la multinacional se había beneficiado de un trato fiscal selectivo entre 1991 y 2014 que permitió a la firma estadounidense pagar sustancialmente menos impuestos de los que debería.

Tanto Apple como Irlanda recurrieron esta decisión ante la Justicia europea, que en una primera sentencia en 2020 dictaminó que Bruselas no había demostrado la existencia de una ventaja fiscal selectiva concedida a Apple Sales International (ASI) ni a Apple Operations Europe (AOP).

Sin embargo, el fallo publicado hoy por el TJUE (que resuelve definitivamente el caso) da la razón a los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario que dirige la danesa Margrethe Vestager y concluye que Irlanda concedió a la multinacional una ayuda ilegal en virtud de las reglas comunitarias de ayudas públicas que dicho Estado debe ahora recuperar.

La Comisión Europea defendía, en particular, que la exclusión de la base imponible de los beneficios derivados del uso de licencias de propiedad intelectual de dos sociedades del grupo estadounidense constituía una ayuda de Estado incompatible con las normas europeas.

Los jueces europeos, en primer lugar, han anulado la sentencia de primera instancia porque consideran que el Tribunal "erró al declarar que la Comisión no había demostrado suficientemente que las licencias de propiedad intelectual y los beneficios correspondientes, generados por las ventas de los productos Apple fuera de los Estados Unidos, hubieran debido atribuirse, a efectos fiscales, a las sucursales irlandesas".

Tras anular el fallo anterior, el TJUE pasa a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, que resuelve de forma definitiva confirmando el enfoque defendido durante todo el proceso por la Comisión Europea.

Así, concluye que según el Derecho tributario irlandés, las actividades de las filiales de Apple en Irlanda (ASI y AOE) no debían compararse con otras sociedades del grupo (por ejemplo, una sociedad matriz en Estados Unidos), sino con las de otras filiales de estas sociedades, en particular sus sedes centrales fuera de Irlanda.

La Justicia europea resuelve así un asunto que ha enfrentado a la Comisión Europea con Apple e Irlanda durante casi una década por los acuerdos fiscales o tax rulings de los que se beneficiaba la multinacional en dicho país para pagar menos impuestos.