La Inspección de Trabajo detecta más de 5.000 empleos fraudulentos cubiertos por becarios en seis años

"Hay un fraude masivo en las prácticas no laborales. El 60% de quienes se encuentran en prácticas desarrollan el mismo tiempo de trabajo y las mismas tareas que los miembros de la plantilla, según un estudio de Eurostat. Es un fraude generalizado", explica Adrià Junyent, responsable de Juventud de CCOO, una de las organizaciones que, como agentes sociales se sientan en la mesa que desde finales de abril negocia el contenido del Estatuto del Becario que el Gobierno prevé aprobar antes de que acabe el mes.

Se conoce como becarios a quienes se incorporan a una empresa no como trabajadores sino para completar su formación con prácticas no laborales, una figura diferente de la que cubren los contratos de aprendizaje y formación al incluir una componente académica pero que, como ha ocurrido con otros formatos de relación laboral, se ha convertido en una vía de fraude que ha permitido a miles de empresas disponer de mano de obra barata mediante la precarización que supone pagar poco, o no pagar e incluso cobrar, a estudiantes que en realidad, y al margen de lo que puedan aprender en ellos, desempeñan puestos orgánicos de la plantilla.

"La figura destinada a completar la formación del estudiante, esto es, la realización de prácticas no laborales, se utiliza en numerosas ocasiones de forma indebida y fraudulenta, bajo la falsa apariencia de una actividad formativa", explican fuentes del Ministerio de Trabajo, que destacan cómo, en esos casos, "realmente se está prestando servicios por cuenta ajena en el marco de una relación laboral" aunque "sin el reconocimiento formal de su condición de trabajador, y por ello, de los derechos laborales y de seguridad social inherentes a esa condición".

Un informe de CCOO apunta en la misma dirección cuando denuncia cómo "la desvirtuación" de la naturaleza de las prácticas "al no respetarse su formulación como mecanismo de aprendizaje complementario, "ha conllevado que se produzca no sólo un fraude generalizado de las mismas, sino la ausencia de un marco de calidad que asegure su correcto desarrollo", algo que entre otras consecuencias incluye la de configurar "una suerte de periferia del trabajo, permitiendo que se produzca la huida del derecho laboral y se sustituyan trabajadores/as por becarios/as en los centros de trabajo" con "la evidente intención de rebajar los costes laborales a pesar de la incuestionable precarización que suponen".

Los resultados de las campañas de control de este fraude que la Inspección de Trabajo ha desarrollado en los últimos años dan idea de su magnitud: en seis años, entre 2016 y 2021, la Inspección afloró un total de 5.519 empleos ocupados por falsos becarios, a los que se suman otros 705 en los primeros tres meses de este año.

Esa bolsa de fraude fue localizada en 7.704 inspecciones en las que los inspectores detectaron situaciones de fraude en 2.211 empresas, lo que dio lugar a sanciones por valor de 4,55 millones de euros en esos seis años.

Las campañas tuvieron un nivel de 'acierto' del 28,7%, lo que indica que ese fraude se estaba cometiendo en entre una de cada tres y una de cada cuatro centros de trabajo supervisados, una prevalencia superior a la que arrojan otros seguimientos como los de los ERTE, en los que aparecen irregularidades en la sexta parte de los revisados. La media de 2,5 becarios fraudulentos por cada acta también apunta a una frecuencia elevada.

"Hay que evitar que eso se siga produciendo", señala Junyent, que recuerda cómo el grueso de esta bolsa de fraude tiene como víctimas a jóvenes que "en la mayoría de los casos trabajan sin remuneración", algo, por otra parte, no tan extraño en el mercado laboral español, donde, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), el volumen de horas extra no pagadas no baja de dos millones semanales, con pandemia o sin ella, y ha alcanzado picos de más de tres y de casi cuatro en la última década.

"El acceso al mercado de trabajo de los jóvenes es un problema acuciante en nuestra sociedad", anotan fuentes de Trabajo, que insisten en que "el fin de las prácticas no laborales no debe ser otra que la de ofrecer una formación práctica a quienes ya cuentan con una formación teórica o académica, para alcanzar unos conocimientos integrales que permitan desarrollar esas habilidades en una actividad, sector o ámbito profesional".

Dos aplazamientos y una aceleración del Estatuto del Becario

La elaboración del Estatuto del Becario, anunciado en 2014 y en 2018 y aplazado en ambas ocasiones, es uno de los compromisos incluidos por los agentes sociales y el Gobierno en el decreto por el que a finales del año pasado se establecía la última reforma laboral.

El texto obligaba al Gobierno a convocar a UGT, CCOO, Cepyme y CEOE antes de que acabara el mes de junio "para, en el ámbito del diálogo social", negociar el contenido de ese estatuto que regulará "la formación práctica tutorizada en empresas u organismos equiparados, así como la actividad formativa desarrollada en el marco de las practicas curriculares o extracurriculares previstas en los estudios oficiales".

"Se trata de llevar a cabo una regulación sistemática y ordenada de todas las prácticas no laborales que se realicen en las empresas", lo que incluirá "un catálogo de derechos para las personas beneficiarias" y garantías para garantizar "adecuadamente su finalidad formativa, su debida tutorización y su desarrollo", anunció Trabajo cuando a finales de abril, esa mesa de diálogo social inició sus trabajos, los cuales, salvo sorpresa, concluirán antes de que termine el mes.

Los planes del Gobierno apuntan a la aprobación del Estatuto del Becario mediante decreto para que este pueda entrar en vigor antes de que, con el verano, se disparen el volumen de unas bolsas de becarios que a menudo son utilizadas para suplir las ausencias que el periodo vacacional provoca en las plantillas orgánicas de las empresas.

Los becarios y los contratos de formación

El Estatuto del Becario convivirá con los tres tipos de contratación formativa de carácter laboral que tras la reforma de diciembre, contempla la normativa laboral: el de alternancia para menores de treinta años que carecen de una cualificación profesional reconocida por títulos o certificados, el de formación y el de obtención de la práctica profesional.

La jornada del primero no puede superar el 65% de la anual o el 85% de una bianual e incluye la obligación de dedicar a formación teórica el resto del tiempo de permanencia en la empresa. El de formación, con el que la retribución mínima alcanza el 60% de la anual o el 75% de la bianual sin que se puedan efectuar trabajos nocturnos ni de turnos, excluye a trabajadores que hayan realizado esa misma actividad durante más de seis meses. Y el último , con un periodo de prueba de un máximo de un mes y una duración de seis a doce meses, está previsto para titulados universitarios y de grados medios y superiores y debe incluir un plan formativo individual y actividades de tutoría.

Más de la mitad de esos tres tipos de contratos, que fueron 6.877 el mes pasado según los datos del SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal), se concentran en las franjas de los 20 a los 24 años (1.689) y en la de los 25 a los 29 (1.866), con una frecuencia menor tanto entre los menores de veinte (794) como entre los mayores de treinta (1.528).

En el caso de los becarios no resulta tan sencillo disponer de datos ya que suelen carecer de contrato y no cotizan, aspecto que está siendo negociado en otra mesa que coordina el Ministerio de Inclusión. No obstante, la EPA (Encuesta de Población Activa), estima que entre un tercio y la mitad de los contratos de aprendizaje, formación y prácticas tienen como titulares a menores de 25 años, un peso claramente superior al que los dos primeros de esos tres formatos tienen sobre el total de contratos.

Las propuestas de CCOO para la negociación del estatuto incluyen la dotación de más recursos a la Inspección para combatir el fraude, establecer limitaciones a la presencia de becarios en función del tamaño de la plantilla, incluir en las sanciones a las empresas el veto para ofrecer prácticas no laborales o eliminar las prácticas extracurriculares, que carecen de regulación y que no generan créditos para quien las desarrolla.