La Inspección de Trabajo ha obligado a la CGT a regularizar a ocho falsos autónomos que prestaban servicios jurídicos en la confederación de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, según ha avanzado elDiario.es. El sindicato ha despedido a la mitad de los trabajadores y tendrá que hacer frente a la liquidación de 372.000 euros que debería haber abonado a la Seguridad Social en concepto de cotizaciones. 

El organismo, dependiente del Ministerio que lidera Yolanda Díaz, puso en marcha el procedimiento al recibir una denuncia anónima en el buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esta herramienta nace para hacer frente a las situaciones de abuso laboral a las que puedan ser sometidos los trabajadores, que pueden denunciar cualquier irregularidad de forma anónima. 

El pasado mes de junio, el sindicato informó a la plantilla de una serie de medidas urgentes, entre ellas, el despido de cinco de los 14 trabajadores de la delegación de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Los empleados regularizados de oficio por la Inspección se encontraban dentro de este grupo.

La CGT ha explicado a elDiario.es que el criterio para justificar los despidos fue elegir a las cinco personas de menor antigüedad. Los trabajadores afectados han sido cuatro abogados y una trabajadora que realizaba labores de limpieza. Los ocho falsos autónomos llevaban prestando servicios al sindicato entre uno y siete años.

La organización acordó hace más de una década hacer contrataciones mercantiles o de arrendamiento de servicios para aquellas funciones que requieren de apoyo técnico. Es aquí donde entran los abogados, trabajadores sociales o economistas, según recoge el documento de acuerdos al que ha tenido acceso el citado medio. En 2022, el buzón de la Inspección de Trabajo registró unas 3.520 infracciones en todo el país.