La Inspección de Trabajo logra un refuerzo de personal en vísperas de aplicar la reforma laboral y desconvoca su huelga

La primera huelga convocada en los 116 años de existencia de la Inspección de Trabajo u Seguridad Social (ITSS), y fechada para este miércoles coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma laboral, fue desconvocada este martes por la mañana tras una ajustada votación celebrada en el comité de huelga (salió por un apoyo tras un empate inicial), que acabo aceptando el acuerdo que planteó hace unos días el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, para ampliar de manera inmediata la plantilla del personal de apoyo y de tareas administrativas en 200 personas y para aplicar un plus de productividad excepcional de 1.100 a 2.100 euros por empleado (según categoría) este año en dos fases y que supone un montante de seis millones de euros.

Esos refuerzos palían una de las carencias de la Inspección, que desde los recortes de personal de la etapa de Fátima Báñez ha pasado de una proporción de uno por cada dos inspectores o subinspectores a uno por cada seis.

"Estamos pagando la hora dedicada a pasar un documento de Word a otro formato a precio de inspección activa", explicaron fuentes sindicales. Sin embargo, la amenaza de la primera huelga de la Inspección no puede darse por desactivada, ya que varias organizaciones sindicales recelan de la parte pendiente de desarrollar de los acuerdos laborales suscritos en julio del año pasado en el marco del organismo y asumidos después en reuniones con los representantes de la plantilla tanto por Pérez Rey como por la ministra, Yolanda Díaz.

"Nunca hubiésemos realizado la desconvocatoria", señala la sección sindical de CCOO, que en un comunicado a sus militantes califica de "parche" esas dos medidas y anota que con esa decisión "se pone en peligro que se materialice el acuerdo del 7 de julio del año pasado", que es donde se encuentra el meollo del conflicto.

La tarea que Bañéz no acometió y Montero frenó

Su origen, no obstante, es anterior. Remite, concretamente, a julio de 2015, cuando entra en vigor la Ley Ordenadora de la ITSS. Eran tiempos de Fátima Báñez, que del ministerio pasaría a trabajar para la CEOE y que ahora suena para ocupar un puesto de relevancia en el PP tras el congreso de este fin de semana.

El equipo de Báñez nunca desarrolló la estructura laboral del nuevo organismo en el que se había transformado la Inspección, que había dejado de ser una dirección general del ministerio de Trabajo. "Eso quedó colgado, y no se empezó a negociar hasta que llegaron primero Magdalena Valerio y después Yolanda Díaz", explica Pilar Seoane, Secretaria general del Sector de Administración del Estado de FSC-CCOO en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Esa carencia se sumaba a otras como la pérdida de personal por los recortes en la tasa de reposición de las bajas, la obsolescencia de los medios (en delegaciones provinciales como la de Oviedo tienen que salir fuera a imprimir documentos por carecer de impresora, según se expuso en las asambleas preparativas de la huelga ahora desconvocada) y un aumento de la carga de trabajo por las líneas de actuación de los equipos de Valerio y Díaz, que han ido incrementando las tareas de vigilancia y las sancionadoras hasta niveles desconocidos en la Inspección.

Ese cuadro hizo ir creciendo el malestar en la plantilla, lo que desembocó en una mesa de negociación que en julio del año pasado cerró un acuerdo que incluía la nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo) y el Plan Estratégico (ahora para el periodo 2021-2023) pendientes desde tiempos de Báñez, una pequeña subida retributiva, el reconocimiento de la carrera profesional, la apertura de canales para tratar la carga de trabajo y un refuerzo de 450 empleados de apoyo para asumir las tareas administrativas.

La Inspección de Trabajo aflora más de mil contratos temporales fraudulentos al día

La aplicación de esos acuerdos quedó pospuesta a la aprobación de los siguientes Presupuestos Generales del Estado, que incluyeron un aumento de la partida de personal de la Inspección del 20%, y supeditada al visto bueno del Ministerio de Hacienda y Función Pública para aplicar el plan y la RPT.

Pero este último no llegó, y de hecho singue sin hacerlo a finales de marzo de 2022, ante las reticencias del departamento que dirige María Jesús Montero a autorizar aumentos de costes en personal ni en salarios, una negativa que fuer la que puso en marcha las movilizaciones que, por ahora, se han paralizado con el acuerdo del Comité de Huelga de este miércoles.

La propuesta que Pérez Rey trasladó a los sindicatos la semana pasada incluía un anexo según el cual los dos ministerios han acordado, y firmado, acometer "de manera conjunta e inmediata" el desarrollo del plan, el refuerzo de la plantilla con "nuevos perfiles integrales"  y "la elaboración de una nueva" RPT que adecúe "las retribuciones de los cuerpos de Inspección al incremento de competencias materiales que se les han asignado".

La cúpula del Ministerio de Trabajo se reunirá antes de que acabe el primer semestre de este año con los representantes sindicales "a fin de realizar el seguimiento de la ejecución de las medidas", que incluyen el compromiso por el departamento de Díaz de proponer al de Montero "el contenido de los acuerdos" de julio del año pasado, aunque está por ver la posición de este último.

Trabajo "reafirma su compromiso de fortalecer a la Inspección y de dotarla de una estructura acorde a las necesidades actuales del mercado laboral, dando cumplimiento al Plan Estratégico", señalaron fuentes del ministerio.