MADRID.- La igualdad entre hombres y mujeres ya no es sólo una necesidad social o política, sino también económica. Una mayor presencia, y más sostenida en el tiempo, de las mujeres en la actividad económica aceleraría la salida de la crisis. En los últimos años han proliferado informes y estudios de todo tipo que demuestran que las perspectivas económicas mejoran cuanto más se avanza en la igualdad entre hombres y mujeres.

Acabar con la segregación de las mujeres en el mercado laboral ha sido siempre una vieja reivindicación en el Día de la Mujer Trabajadora, pero este año ha cogido vuelo tras la presentación el pasado lunes 2 de marzo del informe que María Pazos, matemática con experiencia en el análisis económico y fiscal y conocida defensora de la causa feminista, y Bibiana Medialdea, economista y profesora en la Universidad Complutense de Madrid, han elaborado para Podemos. 

María Pazos: "Lamentablemente, las mujeres tienen el cartel de menos disponibles para el empleo. Es lo que llamamos discriminación estadística"

Pazos y Medialdea proponen medidas concretas para sacar a las mujeres del ámbito doméstico e incorporarlas al mundo laboral en plena igualdad de derechos con los hombres. Las dos creen esa es una condición necesaria para la recuperación económica.

También aseguran que dicha recuperación empieza por reorganizar lo que ellas llaman "sistema de cuidados" de dependientes, mayores y niños, actividades que en la mayoría de los casos está circunscrita al ámbito del hogar y en manos de mujeres. Cuidar de un familiar dependiente o de los niños y llevar la carga de las tareas del hogar actúa de tapón para que un gran número de mujeres opte siquiera a la posibilidad de buscar un trabajo. Hay una segunda derivada: en gran medida frena el desarrollo profesional de las que trabajan fuera, tanto de las que tienen hijos como de las que no.

"Lamentablemente, las mujeres tienen el cartel de menos disponibles para el empleo. Es lo que llamamos discriminación estadística", afirma Pazos. Esa discriminación tiene consecuencias visibles. No hay más que mirar algunos datos: sólo uno de cada cinco empleos que se recuperaron en 2014 fue ocupado por una mujer; la tasa de actividad femenina está 12 puntos por debajo de la masculina (un 53,90% frente al 65,95%, según la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2014) y roza el escándalo la poca presencia de mujeres en puestos técnicos y directivos a pesar de que todos los indicadores confirman que están mucho mejor formadas y muestran un mejor nivel educativo. Además, el empleo femenino es de peor calidad y está peor remunerado que el masculino: el número de mujeres con un empleo a tiempo parcial triplica al de los hombres (2,09 millones de mujeres trabajan por horas frente a 730.000 hombres). Por si esto fuera poco, la brecha salarial en España entre hombres y mujeres alcanza el 17%, según los últimos datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Ampliar el Estado de Bienestar crea empleos"

"La segregación del mercado de trabajo es una ineficiencia económica tremenda; no se aprovecha el capital humano de las mujeres", denuncia Pazos. Ese desaprovechamiento ya se ha cuantificado alguna vez: en 2010 la secretaría de Igualdad de UGT estimó que el PIB de España crecería un 19% si la tasa de actividad femenina se equiparase a la masculina.

El diagnóstico está claro; ahora toca buscar soluciones. Pazos y Medialdea plantean reforzar el Estado del Bienestar sobre tres ejes: dependencia, educación infantil y maternidad. Una intervención más decidida y eficaz de las instituciones públicas en estas tres áreas redundaría en una mayor igualdad y en una mejora de la situación económica. "Lo único que puede tirar de la demanda interna es un gran consumo público. Si España tuviera el mismo porcentaje de la población empleada en los servicios públicos que Suecia, tendríamos 3,5 millones de empleos más. Ampliar el Estado de Bienestar crea empleos", explica Pazos.

Ese incremento del gasto público en el sistema de protección social que avance hacia la igualdad no sólo crearía más empleos, sobre todo entre las mujeres, sino que las liberaría de buena parte de sus cargas familiares y del hogar. Además, garantizaría el reparto igualitario de derechos y tareas con los hombres, lo que quitaría a las mujeres ese cartel de menos disponibles para trabajar fuera del hogar y les otorgaría así la oportunidad de aprovechar mejor su capacitación profesional.

Para ello, las dos autoras del informe de Podemos proponen universalizar el derecho de todos los ciudadanos a que los servicios públicos de atención a la dependencia les proporcionen autonomía funcional plena; ampliar la educación infantil de 0 a 3 años y establecer ayudas periódicas para los hijos menores; y finalmente, equiparar el permiso de paternidad, que actualmente es de dos semanas, a las 16 del permiso de maternidad. Ambos pagados al 100% del salario, claro.

Esta última medida es una reivindicación emblemática de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA) y solucionaría buena parte de esa discriminación laboral que sufren las mujeres: los empresarios ya no lo tendrían tan claro a la hora de contratar o promocionar a un hombre antes que a una mujer si éste también puede disfrutar de un permiso de paternidad de cuatro meses. Hay quien arguye que sería una medida cara, pero Pazos y Medialdea han cifrado su coste en 1.500 millones anuales, un gasto asumible sobre todo teniendo en cuenta que España gasta mucho menos en políticas sociales que los países de la UE en relación al PIB.

"Las mujeres trabajadoras no tendrán hijos suficientes si no les ofrecemos la posibilidad de ser madres manteniendo el empleo de calidad"

"Las mujeres trabajadoras no tendrán hijos suficientes si no les ofrecemos la posibilidad de ser madres manteniendo el empleo de calidad. Lo que ahora se ofrece a las trabajadoras que son madres es empleo a tiempo parcial, reducciones de jornada o excedencias cuando no retirada total del mercado de trabajo. Nada más, ni la posibilidad de llevar al niño o la niña a una guardería pública o de compartir su cuidado con el padre en igualdad de condiciones. Así no avanzamos hacia la igualdad plena, así lo único que lograremos es ahondar la actual crisis de fecundidad en la que estamos inmersos", resume Pazos. Esta realidad influye negativamente en la diferencia de salarios porque, como apunta Pazos, "las mujeres pierden comba y ya luego no se recolocan en sus puestos anteriores después de la maternidad".

Pero sean madres o no, las trabajadoras tienen un déficit en sus carreras y en sus salarios y, en un futuro, lo tendrán también en sus pensiones, lo que las hace más vulnerables económicamente. Por ello, proporcionar las condiciones de igualdad hoy permitirá que mañana sean económicamente independientes y que, al contrario de lo que ocurre ahora en muchos casos, las mujeres mayores no tengan que depender del marido o de una pensión de viudedad cuyo gasto alcanzó en 2014 los 3.500 millones de euros. Un dinero que a medio largo plazo el Estado podría dedicar a otros servicios.

La igualdad proporciona otra gran ventaja: la reducción de la economía sumergida. Lo explica Pazos: "El actual sistema de protección social es ineficiente e injusto porque potencia la economía sumergida al favorecer el trabajo doméstico no regulado. Si equiparamos a las empleadas del hogar y a quienes cuidan a los dependientes con el resto de trabajadores, sacaremos a la luz todo ese trabajo que está sumergido en los hogares. Las mujeres se colocarán porque habrá que comprar en la economía formal todo lo que ahora se compra en la economía informal, sin pasar por el mercado. Los países nórdicos dieron en parte el gran salto económico cuando reconvirtieron el sector domestico de las amas de casa en economía formal".

Todas estas medidas son viables desde el punto de vista económico, aseguran Pazos y Medialdea. Según Pazos no hace falta una gran reforma fiscal, bastaría con igualar el gasto social en relación al PIB con el de los países europeos. "El gasto social tiene que crecer porque no es una cuestión de que seamos más pobres o más ricos que otros. Tenemos un déficit social en comparación con otros países, y eso no es lógico. Estamos en un momento de emergencia social y gastamos de forma ineficiente en incentivos que no deberían existir. El gasto de estas medidas sería ínfimo. La cuestión es apostar decididamente por este modelo y preguntarnos qué tipo de sociedad queremos", concluye Pazos.