Las rentas familiares soportan una presión fiscal ochenta veces más intensa que las fortunas. Esa es la magnitud que alcanza la desproporción entre los tipos efectivos de los impuestos que soportan unas y otras, según indican los datos de la Agencia Tributaria.

El Informe Anual de Recaudación referente al ejercicio de 2021, publicado este viernes, sitúa en el 13,17% el tipo efectivo del IRPF y en el 15,3% el del IVA, que gravan, respectivamente, las rentas personales y familiares (según se haga declaración individual o conjunta) y el consumo.

Los tipos efectivos son un indicador de la presión fiscal o carga tributaria que efectivamente soportan los contribuyentes, al señalar el porcentaje de la renta o el consumo gravados que se paga como impuesto; es decir, que Hacienda se lleva 13,17 de cada cien euros que gana quien debe hacer la declaración de la renta, y 15,30 de cada cien que se gasta en sus diferentes consumos.

"Se estima que el tipo medio efectivo sobre la renta y el gasto en 2021 fue del 15,3%, con un incremento del 1,8% con respecto a 2020", indica el informe, que sitúa en el 9,15% el del Impuesto de Sociedades si se calcula sobre los beneficios de las empresas y en el 21,43 si se hace sobre la llamaba base imponible, que es la cantidad resultante de aplicar las reducciones y deducciones a la primera. La horquilla de los impuestos especiales sobre la energía, el alcohol y el tabaco va del 0,09% al 9,49%.

Eso, tal y como refleja un cuadro elaborado por la propia Agencia Tributaria deja claro que la presión fiscal sobre las rentas de los hogares resulta hasta un 43% superior a la que se aplica a la de las empresas, aunque en el consumo la presión es ligeramente inferior por la mayor demanda familiar que empresarial de bienes de primera necesidad gravados con los tipos superreducidos del IVA.

Sin embargo, la gran diferencia entre cargas tributarias no es la que se da entre hogares y empresas, con desigualdades dentro de estas al ser más intensa cuanto menor el tamaño, sino entre las familias y las fortunas: ahí la brecha alcanza una desproporción de 82 veces.

Esa estimación, que alcanza desequilibrios de 95 veces con el consumo (IVA) y de 57 con las ganancias empresariales (Sociedades), sale de comparar la presión fiscal de esos impuestos con la carga impositiva del Impuesto de Patrimonio, que se queda en el 0,16% según los datos de la propia Agencia Tributaria: en los últimos cinco ejercicios con datos disponibles, la recaudación derivada de bienes y derechos -que han pasado de sumar 582.612 millones a alcanzar los 730.474 (+147.862)- solo ha crecido en 216, al pasar de 1.003 a 1.219 anuales entre 2015 y 2019, periodo en el que esa presión incluso se redujo en una centésima.

El principal motivo de esas diferencias se encuentra en la baja tributación a la que están sometidos los grandes patrimonios, a unas exenciones que alcanzan a casi el 60% de esos bienes y derechos y a las bonificaciones que aplican algunas comunidades, que reducen casi a la mitad la recaudación.

En este sentido, la misma Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, acaba de reclamar al Gobierno central "más de mil millones" de los fondos europeos para paliar los efectos de la subida de la luz en el metro y para financiar la acogida de los refugiados ucranianos, acumula el 96,8% de esas bonificaciones al perdonar a los ricos 989 de los 1.021 millones de euros que eluden pagar en toda España en este impuesto.

Distintos organismos internacionales, entre ellos la OCDE y el Banco Mundial, así como numerosos expertos y think tanks, entre los que se incluye el comité de sabios que ha elaborado las bases para la reforma fiscal en España, coinciden en abogar por dos recetas, a las que en España se añade la armonización de las normas entre territorios, para intentar garantizar las necesidades de recursos de los Estados (y de sus ciudadanos) ante las exigencias de las crisis desatadas por la pandemia, la inflación y el gripado de la globalización: establecer un tipo global en Sociedades para frenar la elusión hacia los países con sistemas tributarios low cost y ampliar las bases impositivas aumentando la presión sobre las grandes fortunas.

"Ahora no se puede pensar en bajar impuestos, sino en aumentar las bases donde hay margen", señala Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal en Oxfam-Intermón, que aboga por hacerlo "por las rentas más altas" y sus patrimonios.

"Esta inflación le recorta la capacidad de gasto y de ahorro a medio país, pero no a la otra mitad", indica, algo de lo que da fe el crecimiento de los depósitos bancarios en 45.000 millones en el último año mientras las familias se ven obligadas a hacer malabares para llegar a fin de mes y las pymes se enfrentan a un descenso del consumo tras haber elevado su endeudamiento durante la pandemia.

"La acción pública durante la pandemia se focalizó en sostener las rentas familiares y en mantener las pymes a flote con los ERTE y los avales del ICO, pero eso, que también aguantó un consumo que después ha facilitado la recuperación, se hizo generando deuda y déficit, y ahora los mecanismos que se van habilitando para contener los precios cuestan mucho dinero. Y todo eso hay que compensarlo", explica Ruiz, que advierte de que, además, "si finalmente suben los tipos de interés va a haber un freno en el crecimiento".

Eso, sin olvidar otros dos factores como la inflamación que la inflación causa en la recaudación tributaria, y también en las estimaciones del PIB, y el efecto de arrastre de todo el paquete de medidas frente a la crisis pandémica y el alza de los precios.

"Posiblemente, lo que tenemos ahora es una especie de burbuja fiscal en la que mayores ingresos no van a redundar en más servicios públicos, porque una parte de ese dinero tendrá que ir a paliar la deuda y el déficit que se generaron para pagar esas medidas", concluye Ruiz.