La desmesurada subida de los precios de la energía como consecuencia de las maniobras especulativas desatadas al socaire de la guerra de Ucrania está teniendo como efecto secundario una notable reducción del consumo doméstico de electricidad y de combustibles fósiles que, de rebote, se está traduciendo en un claro descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los hogares españoles.

Con el precio de los Mw.h (megawatios.hora) de luz y de gas estabilizados por encima de los 100 euros tras sendos respectivos picos de más de 500 y de 200, según los datos recopilados por Europa Press, la factura energética de los hogares acumuló en 2021 y 2022 un aumento de más de un tercio según el INE (Instituto Nacional de Estadística) que provocó un ajuste de los consumos que se mantiene hoy, con ese repunte casi trienal de los precios en el 5%.

Si se compara la demanda de gas de hogares y pymes con la del período 2017-2021, la contracción alcanzó un 5,1 % en el primer semestre de 2022, un 30,8 % en el siguiente y un 19% en los primeros cuatro meses de 2023, según las estimaciones del Banco de España, mientras que la de electricidad cayó solo el año pasado más del 25% según las de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

Esas reducciones, en las que el alto precio de los suministros energéticos se combina con la menor intensidad y duración de las temporadas frías del año y con el avance del autoconsumo, hizo que las emisiones del llamado sector RCI, que engloba al residencial, el comercial y el institucional descendieran “un 10,8% respecto al año anterior, en un año fuertemente marcado por las variaciones de precios internacionales de combustibles y la crisis Ucrania-Rusia”, según recoge el avance del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Ese documento, que estima en el “7,9 % de las emisiones totales nacionales” la aportación de ese sector, confirma la aceleración de un proceso de reducción del lanzamiento de ese tipo de gases que devuelve al RCI en su conjunto y al de la vivienda en particular a niveles de hace dos décadas, al que equivale a ir superando las cargas contaminantes generadas por los chapuceros desarrollos inmobiliarios de la época de la burbuja.

Solo el sector industrial, con una caída del 13,8%, arrojó el año pasado una mayor reducción de las emisiones, que en realidad aumentaron en un 1,7% en el conjunto de España por incrementos de las aportaciones como las de la generación eléctrica, que creció un 43% como consecuencia de la perversa aplicación de la excepción ibérica para mejorar su negocio de exportación, y de actividades como el refino y el transporte.

“A veces las subvenciones paralizan los proyectos”

“Los elevados precios de la energía han provocado una propensión al ahorro”, señala Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, que llama la atención sobre cómo “el año pasado se instalaron más de 2.000 Mw de potencia en autoconsumo, y eso reduce la demanda de la red”, aunque achaca el grueso de la reducción al primer factor y a la menor dureza de la meteorología.

Francisco del Pozo: “La incidencia de los fondos de la UE se está quedando en viviendas unifamiliares y en familias de rentas alta”

El ritmo de esa descarbonización por motivos económicos contrasta con el gripado de la que promueven las administraciones, que discurre al ralentí y que pasa de largo de las clases populares por una mezcla de inercias administrativas, disparates regulatorios y lagunas legales.

“A veces las subvenciones paralizan los proyectos, como está ocurriendo con algunas comunidades energéticas que se encuentran con que la ayuda debe ser previa a la ejecución, con lo que esta no puede empezar hasta que llega”, señala Ferrando.

“La incidencia de los fondos de la UE se está quedando en viviendas unifamiliares y en familias de rentas altas”, anota Francisco del Pozo, responsable de Energía de Greenpeace, que recuerda que “el 60% de la población española vive en bloques”, donde la necesidad de acuerdos entre los vecinos dificulta a menudo actuar sobre la eficiencia del edificio.

La eficiencia y la pobreza energéticas

Ese gripado de la mejora de la eficiencia afecta directamente a la reducción de la pobreza energética, señala Del Pozo, por aspectos como el de tener que adelantar la inversión antes de pedir las ayudas: “con eso se quitan de en medio a las familias vulnerables”, dice, y también a la mayoría de las que viven de alquiler, porque “¿cómo van a convencer al casero de que haga esas mejoras si a él no le beneficia? Lo único que pueden conseguir es una subida del alquiler”.

“Existe la creencia de que las familias con menos recursos gastan menos en energía. Sin embargo, lo que ocurre es que residen en viviendas donde resulta muy difícil acceder a mejoras energéticas”, comenta el ecologista, que recuerda cómo la factura de la luz y el gas ha pasado del 4,7% al 7,5% con la tormenta energética para el quintil (20%) de los hogares con menos recursos. Un informe del Oko Institut alemán difundido por la Fundación Renovables pone sobre la mesa algunos márgenes de mejora aplicables a las políticas de eficiencia energética y reducción de la pobreza en ese área en España.

Según sus cálculos, “un programa de inversión en eficiencia energética y energías renovables dirigido a los hogares más vulnerables puede tener un coste anual de 150 millones de euros” para cubrir “el 80% del coste de inversión”, un plan que, “con un coste de inversión total estimado de 7.150 millones a largo plazo”, puede conllevar ahorros de 30.000 a sus beneficiarios con unos costes netamente inferiores a los de las actuales ayudas.

El coche eléctrico arranca, aunque tampoco tanto

La situación no es muy distinta con el coche eléctrico, que comienza a tener una penetración en el mercado al acercarse ya al 8% de las ventas, con 55.649 vehículos matriculados de enero a septiembre (incluye híbridos) según los datos de la Agencia Tributaria, aunque con unos precios medios que, al superar en un 30% a los del coche de gasóleo y en un 37% a los de gasolina, añaden un factor prohibitivo al desincentivador que suponen su baja autonomía y las dificultades de repostaje.

La descarbonización espontánea de los hogares resulta, en este sentido, más clara en cuanto al desplome de las compras de vehículos diésel, los de mayores efectos contaminantes, que el año pasado se quedaron en 245.186, menos de la cuarta parte de los 1,03 millones de quince años atrás, y que en este, de mantenerse la progresión, apenas superarán los 200.000.

No obstante, las ventas de vehículos de gasolina siguen prácticamente decuplicando las de la suma de los eléctricos y los híbridos, aunque con una proporción menguante de nueve a uno de enero a septiembre de 2023 tras otra de doce a uno en el total de 2023.

“No se están poniendo los medios para que resulte fácil un cambio de esa magnitud: falta información, puntos de recarga, información sobre dónde están esos puntos y algún tipo de línea de crédito que permita capitalizar el ahorro que va a suponer ese cambio para el usuario”, apunta Ferrando.

“El precio del combustible fósil ha subido, pero no tanto como para resultar disuasorio” de la compra de coches con motor de combustión, añade, mientras insiste en que “no se dan las ayudas que pueden permitir capitalizar el ahorro”.

Del Pozo, por su parte, anota que “con las subvenciones del Plan Moves ocurre un poco como con las ayudas para la eficiencia energética de los hogares”, que exigen adelantar el dinero y eso desactiva su eventual efecto incentivador para economías más precarias, a lo que se añade otro aspecto: “el coche eléctrico supone un cambio de paradigma, pero solo está accediendo a él gente que tiene garaje y casa en propiedad”.

“El 1x1 no tiene sentido. El coche eléctrico solo puede ser residual”, añade el responsable de Energía de Greenpeace, en una afirmación que se ve respaldada por el volumen de coches que duermen en la calle tanto en ciudades como en pueblos.

¿Y hay alguna alternativa? “Mejorar la frecuencia de trenes y autobuses y fomentar el uso del coche eléctrico compartido, tanto en la ciudad como en las áreas rurales. El objetivo debe ser tener un sistema de transporte colectivo accesible y adecuado”, anota.