La Agencia Tributaria deberá ingresar un máximo de 19,5 millones del total de 700 que se repartirán en el Sorteo del Niño. De esta forma, los premios ganadores del sorteo, que se celebrará este jueves 6 de enero, serán investigados, por primera vez, gracias a la Ley de Prevención del Fraude Fiscal. Lo que facilita a los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) recibir información de los premios anormales, del perceptor y su representante legal, así como la fecha y forma de pago.
Según un comunicado emitido este martes por los técnicos de Hacienda, han apuntado que estas previsiones se basan siempre que se vendan todos los números de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Y han recordado que solo grava a los dos primeros premios, donde el décimo galardonado será dotado de una cantidad de 200.000 y 75.000 euros. Los afortunados con el tercer premio recibirán los 25.000 euros íntegros.
Por ello, los responsables de Gestha han informado que el primer premio tendrá que abonar a Hacienda 32.000 euros (por lo que en neto se quedará en 168.000 euros) y que del segundo deberá recibir 7.000 euros (el premiado percibirá una cantidad de 68.000 euros finalmente). Además, para aquellos que compartan estos décimos premiados, ha recordado que la normativa exige que cada uno de ellos pague la parte correspondiente a su participación, independientemente de cuál sea el porcentaje jugado.
No obstante, recuerda que los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los agraciados, quienes solo añaden en su declaración los rendimientos que les genere el dinero conseguido como los intereses bancarios. Y que incluso no les afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio (aunque sí hay que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si alcanza el mínimo autonómico para presentarlo).
Asimismo, los técnicos de Gestha han alertado de que las fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro acumulan el 98% de los 714 millones en premios obtenidos por las personas jurídicas desde 2017. Por ello, la organización ha pedido a las autoridades "abrir las investigaciones tributarias y de blanqueo de capitales" a "las entidades jurídicas y a las personas que ganaron grandes premios en distintos sorteos" antes de que se prescriba la posibilidad de investigar los fraudes que podrían haberse cometido.
La entrada en vigor de esta ley como medida disuasoria ha supuesto "un primer paso decisivo" para investigar este tipo de fraudes, pues hasta octubre de este año las entidades jurídicas habrían ganado 3,8 millones en premios de Loterías de más de 40.000 euros cada uno, una cifra muy alejada de los 340 millones logrados con grandes premios en el mismo período de 2020.
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