El Gobierno ha vetado este martes la entrada del grupo húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) en Talgo, sobre el que había lanzado una opa para controlar el 100% de su capital por 620 millones de euros, porque considera que hay intereses estratégicos y razones de seguridad nacional "insalvables".

En su primera reunión tras la vuelta de vacaciones, el Consejo de Ministros ha ratificado la posición de la Junta de Inversiones Exteriores -un órgano multiministerial liderado por el Ministerio de Economía- en contra de la opa por esas razones "insalvables" de seguridad nacional, que el Gobierno no ha desvelado porque ha decidido también declarar clasificada la información de este caso.

Tras esta negativa, que deja el futuro de Talgo en el aire, el consorcio húngaro recurrirá "en todas las instancias posibles" esta decisión, tanto en España como en Bruselas, han avanzado fuentes del grupo.

En abril, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aceptó a trámite la solicitud del grupo húngaro Ganz-Mavag Europe, al que pertenece Magyar Vagon, para lanzar una OPA por el 100% de las acciones de Talgo, valorada en 620 millones de euros. Como respuesta a esta admisión, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló que el Gobierno haría "todo lo posible" para bloquear esta operación, debido a preocupaciones sobre los posibles vínculos de la empresa húngara con el régimen de Putin en Rusia y la extrema derecha.

El 45% del capital del consorcio húngaro que intentaba adquirir Talgo está en manos de Corvinus, un fondo estatal de Hungría. Este país, bajo el gobierno de Viktor Orbán, ha estado en conflicto con la Unión Europea debido a su política de acercamiento a Rusia y su rechazo a aceptar cuotas de refugiados. De hecho, el directivo de Magyar Vagon, András Tombor, fue asesor del Gobierno húngaro durante el mandato de Viktor Orbán como primer ministro entre 1998 y 2002.

En este contexto, la Junta de Inversiones Extranjeras ha invocado razones de seguridad nacional, alineándose con la preocupación expresada por Puente. El ministro había señalado que la OPA representaba un "problema geopolítico" debido a que Talgo posee tecnología significativa para la movilidad militar de otros países europeos, como los bálticos.

Además, el Gobierno ha cuestionado durante este tiempo si las fábricas de Magyar Vagon en Hungría tenían la capacidad necesaria para abordar todos los problemas de producción que enfrenta Talgo. Así, Puente dejó abierta la posibilidad de considerar una alternativa a Ganz-Mavag, preferiblemente de origen español. Aunque el único fabricante nacional, CAF, no ha mostrado interés, las otras dos opciones −la francesa Alstom y la suiza Stadler− cuentan con una amplia presencia industrial en España.

Las acciones se hunden en Bolsa

Tras el anuncio de la decisión del Gobierno, las acciones de Talgo se han desplomado en la sesión de Bolsa de este martes cerca de un 9%.

En concreto, sus títulos del fabricante de ferrocarriles (que estuvieron suspendidos de negociación por la CNMV durante más de dos horas) han perdido un 8,72%, hasta los 3,92 euros por acción, por lo que, a pesar de la decisión del Gobierno, continúan por encima de los 3,7 euros en los que cotizaba en noviembre del año pasado, antes de trascender la oferta de compra húngara.

La cotización de Talgo comenzó la jornada a 4,3 euros, con un comportamiento estable. Sin embargo, conforme se difundían las noticias sobre el veto del Gobierno, las acciones comenzaron a bajar abruptamente.

"El veto se ajusta a la normativa española vigente"

En el comunicado oficial, el Gobierno ha afirmado que el veto se aplica "de acuerdo con la normativa española vigente sobre control de inversiones extranjeras y con total respeto al Derecho comunitario y las competencias de la Unión Europea en materia de inversiones extranjeras directas, protección del mercado interior y libre circulación de capitales". 

Dado que la información es confidencial, el Gobierno no ha detallado las razones del veto a la operación. Sin embargo, ha señalado que el marco normativo español "es equilibrado y reconocido internacionalmente por equilibrar la atracción de inversiones con la protección de los intereses nacionales". 

El Ejecutivo ha reiterado la legitimidad de su decisión, a pesar de que ya se han anunciado varios pleitos judiciales contra el Estado por parte de algunos de los actores involucrados en el proceso. Entre los afectados se encuentra la asociación de accionistas minoritarios Aemec, que ha sostenido que el veto impide a los accionistas vender sus acciones libremente. 

Distintas voces en el Gobierno expresaron su oposición a esta compra desde el principio y defendieron que Talgo es una empresa estratégica, con una tecnología única en el mundo y desempeña un papel fundamental en el transporte ferroviario. Por ello, buscaron constituir una alternativa española, en la que trataron de implicar a Criteria, el brazo inversor de La Caixa; o al grupo Escribano, accionista de Indra; así como a otros constructores, como el fabricante checo de bienes de equipo Skoda (sin relación con la marca de coches), que planteó incluso una fusión, rechazada por Talgo.

El mayor accionista de Talgo es Pegaso Transportation International, con un 40,03% del capital, un conglomerado en el que están el fondo de origen británico Trilantic (fundado por dos ex ejecutivos de Lehman Brothers), la familia Oriol (descendientes de los fundadores) y Torreal, la sociedad de Juan Abelló. Todos ellos quieren salir del capital.

Tienen participaciones minoritarias la familia Torrente Blasco, a través de TorrBlas (5%); la aseguradora Santa Lucía (2,96%) y el banco noruego Norges (2,79%), entre otros. El resto cotiza en bolsa.